Corte Suprema dice que Trump puede despojar a los venezolanos de protecciones del TPS
El viernes, la Corte Suprema de Estados Unidos allanó el camino para que la administración Trump retire las protecciones contra la deportación y los permisos de trabajo a cientos de miles de inmigrantes venezolanos que ya se encuentran en el país.
Los jueces accedieron a una solicitud de emergencia de la administración Trump para bloquear el fallo del juez de distrito del norte de California, Edward Chen.
El mes pasado, Chen ordenó a los funcionarios federales restaurar una extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela, otorgada durante la era Biden y vigente hasta octubre de 2026. Los jueces también escribieron que el futuro de las protecciones dependerá de cómo responda un tribunal de apelaciones en California a una apelación separada de la administración Trump sobre el mismo caso, presentada en San Francisco.
“Si bien la postura del caso ha cambiado, los argumentos legales de las partes y los perjuicios relativos no lo han hecho”, declaró el tribunal en una respuesta de 300 palabras. “El mismo resultado al que llegamos en mayo es apropiado en este caso”.
La orden de la Corte Suprema de este viernes ha generado temor extremo y devastación entre los 605,000 venezolanos que viven en Estados Unidos bajo el TPS. Muchos beneficiarios tienen casos de asilo en curso debido a que huyeron de la persecución política y la represión en Venezuela. Sin embargo, si bien esto les permite vivir legalmente en el país mientras se desarrolla su caso, no les otorga ningún tipo de estatus legal o permanente.
El fallo, en particular, expone a quienes no tienen otras vías legales a la deportación a un país en una situación tan grave que el gobierno federal optó por otorgar el TPS en primer lugar.
El Departamento de Seguridad Nacional calificó la decisión del viernes como una “importante victoria legal de la Corte Suprema.
“El pueblo estadounidense no debería haber tenido que recurrir dos veces a la Corte Suprema para que se hiciera justicia. El Estatus de Protección Temporal siempre se supuso que sería precisamente eso: temporal. Sin embargo, las administraciones anteriores abusaron, explotaron y deformaron el TPS hasta convertirlo en un programa de amnistía de facto”, declaró la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin.
Aquellos que dependen del estatus para vivir y trabajar en Estados Unidos lamentaron el acontecimiento. “Es desgarrador que la Corte Suprema haya aprobado sin más la cancelación ilegal del TPS por parte de esta administración”, declaró Cecilia González Herrera, de 26 años, una de los siete demandantes venezolanos que demandaron a la administración Trump por la eliminación del TPS. “Esta decisión cambiará drásticamente la vida de cientos de miles de beneficiarios del TPS, trabajadores y respetuosos de la ley, como yo”.
González, residente de Kissimmee, añadió: “Seguiremos luchando por nuestros derechos, nuestra dignidad y la libertad de vivir sin miedo en el país que ahora llamamos hogar”.
Una familia de Florida, cuyo esposo fue deportado recientemente a Venezuela a pesar de tener TPS en ese momento, tiene miedo. Expresaron su conmoción y temor de ser detenidos y deportados en cualquier momento. Si bien muchos venezolanos han sido liberados de la custodia de ICE la semana pasada, su futuro sigue siendo incierto tras el fallo de la Corte Suprema.
El Departamento de Seguridad Nacional ha detenido a cientos de venezolanos beneficiarios de TPS en todo el país, lo que ha generado confusión sobre cómo se aplican las protecciones. Si bien algunos han sido liberados, otros han permanecido detenidos durante semanas o incluso meses.
“Esta es quizás la señal más extrema de que la Corte Suprema ha abandonado el derecho por la política”, declaró Ahilan Arulanantham, abogado principal del caso y codirector del Centro de Derecho y Política de Inmigración de la Facultad de Derecho de UCLA. “Es imposible, bajo la ley, comprender el amplio y nuevo poder que la Corte se ha atribuido. Este fallo tampoco puede conciliarse con las decisiones de la Corte en muchos otros casos, incluyendo fallos recientes que permitieron que tribunales inferiores bloquearan políticas proinmigrantes durante la administración Biden.
Arulanantham agregó que las decisiones del máximo tribunal “solo cobran sentido si reconocemos la verdad que salta a la vista: la Corte Suprema ha abandonado por completo el ejercicio del derecho”.
Adelys Ferro, directora ejecutiva del Caucus Venezolano-Americano, se declaró “devastada” por el fallo judicial y calificó la decisión de estar “motivada políticamente”.
“Esperábamos que la Corte Suprema fallara sin sesgo político, a favor de los argumentos del pueblo venezolano y la protección que ya se había otorgado”, declaró Ferro.
Ketanji Brown Jackson y compañía discrepan
El mes pasado, en una solicitud de emergencia, la administración Trump solicitó a la Corte Suprema que bloqueara el fallo de Chen. El gobierno federal argumentó que los tribunales inferiores estaban eludiendo el poder de los jueces y limitando indebidamente la autoridad del Departamento de Seguridad Nacional.
“Como sugiere el nombre del programa, las designaciones serán temporales”, escribió la administración Trump en un escrito al tribunal superior.
Los abogados de la Alianza Nacional del TPS, que demandaron a la administración Trump por poner fin a las protecciones, afirmaron que las acusaciones de que los tribunales inferiores estaban eludiendo a la Corte Suprema eran “infundadas” y peligrosas. También argumentaron que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se había excedido en sus facultades ejecutivas al cancelar el TPS para Venezuela. “Los demandados no intentan defender la justificación de la secretaria”, escribieron los abogados.
Las juezas Ketanji Brown Jackson, Sonia Sotomayor y Elena Kagan se opusieron a bloquear la orden de Chen. En su opinión discrepante, Brown citó las propias palabras del presidente Trump, quien afirmó que Venezuela enfrentaba la “peor crisis humanitaria del hemisferio occidental en la historia reciente”.
Brown defendió los diversos fallos de tribunales inferiores que protegían el TPS y criticó a la Corte Suprema por eludir la moderación sin explicar por qué.
“Una vez más, usamos nuestro poder equitativo (pero no nuestra capacidad para redactar nuestra opinión) para permitir que esta Administración perturbe tantas vidas como sea posible, lo más rápido posible”, escribió.
“Considero la decisión de hoy como otro grave abuso de nuestra agenda de emergencia”.
Marialejandra Lozada, residente de Dallas, se encuentra entre aquellas personas cuyas vidas ya se han visto trastocadas por la incertidumbre en torno a las protecciones. Su esposo, de 43 años, ha estado detenido desde el 3 de septiembre, tras sufrir un accidente automovilístico, a pesar de ser víctima del mismo. Aunque ingresó a Estados Unidos por un aeropuerto con una visa y tiene un caso de asilo pendiente, ICE lo detuvo. Para la pareja, la posibilidad de ser devueltos a Venezuela es una trampa mortal.
“Para quienes amamos a alguien que está bajo custodia de ICE, esta noticia es un golpe devastador que nos llena de incertidumbre”, dijo Lozada, chef de repostería e ingeniera de sistemas. “No se trata solo de documentos, se trata de familias que sufren, hijos que esperan a sus padres y cónyuges que luchan cada día por no rendirse. Cuando los tribunales emiten fallos, no siempre ven los rostros de quienes sufrimos detrás de esas palabras legales”.
La mujer de 44 años agregó: “Mi esposo, y miles de familias como la mía, ahora viven angustiados por esta decisión sobre el TPS. No somos estadísticas, somos seres humanos que merecemos la oportunidad de vivir sin miedo”.
Litigios en curso
En los últimos meses, más de 400 venezolanos con TPS han sido arrestados durante cita migratorias en oficinas de ICE y controles de tráfico, a pesar de que la protección permaneció vigente hasta este viernes. El Miami Herald entrevistó a más de 30 familias venezolanas cuyos esposos, hermanos e hijos fueron detenidos. Algunos de los detenidos fueron finalmente deportados a Venezuela a pesar de su estatus de TPS.
La mayoría de los arrestos fueron de hombres que cruzaron la frontera con México entre 2021 y 2023, pero también hubo mujeres arrestadas simplemente por tener el registro de su vehículo vencido mientras conducían, quienes habían ingresado a Estados Unidos a través de aeropuertos con visas válidas.
Emi MacLean, abogada principal de la Fundación ACLU del Norte de California, quien se encuentra entre los abogados que representan a los venezolanos en el caso, le dijo al Herald que los beneficiarios del TPS ahora se encuentran en una situación de vulnerabilidad inmediata.
“Incluso antes de este fallo, el gobierno no cumplía sistemáticamente con las protecciones vigentes; detenía y deportaba ilegalmente a personas. Ahora, ese riesgo es aún mayor. Si bien no tenemos evidencia de que USCIS esté buscando activamente a los beneficiarios del TPS, cualquier interacción con ICE conlleva un alto riesgo de consecuencias migratorias”, dijo la abogada.
MacLean agregó que si un venezolano con TPS que se encuentra actualmente bajo custodia migratoria y no cuenta con otra forma de protección, corre un grave riesgo de ser deportado.
El gobierno de Biden otorgó el TPS a Venezuela en 2021. Argumentó una “grave emergencia humanitaria” marcada por la contracción económica, el aumento de la pobreza, la represión política, la escasez de alimentos, la atención médica inadecuada y el colapso de los servicios básicos. Dos años después, el presidente Joe Biden amplió las protecciones para que más venezolanos que habían llegado en los últimos años pudieran beneficiarse.
Poco antes de que Biden dejara el cargo en enero, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, otorgó una extensión de las protecciones hasta octubre de 2026 porque las condiciones en Venezuela lo ameritaban.
Pero la sucesora designada por Trump, Kristi Noem, anuló la extensión y procedió a eliminar el TPS para Venezuela, argumentando que las condiciones habían mejorado y que la designación no favorecía los intereses estadounidenses. Esa eliminación desencadenó un largo litigio que continúa y ha dado vueltas en el sistema judicial estadounidense.
Después de que la Alianza Nacional del TPS demandara a Noem por la eliminacinación, Chen emitió un fallo preliminar protegiendo el TPS para los venezolanos en marzo. En mayo, después de que la administración Trump solicitara la intervención de la Corte Suprema, los jueces bloquearon esa orden. Casi todos los beneficiarios del TPS cuyas protecciones habían expirado en abril, unos 350.000, se quedaron sin ellas.
En dos ocasiones, jueces de apelación, tan recientemente como agosto, confirmaron la orden de marzo de Chen. En septiembre, Chen emitió una orden final que ordenaba a la administración Trump mantener las protecciones hasta octubre de 2026.
Pero el viernes, la Corte Suprema suspendió ese fallo, dejando a cientos de miles aún más temerosos de lo que podría suceder a medida que los agentes de inmigración arrestan a venezolanos con TPS por todo el país.
“El TPS fue un refugio temporal para quienes huimos de una dictadura y una crisis sin precedentes en Venezuela”, dijo Lozada. “Suspenderlo mientras las apelaciones aún están pendientes no sólo es injusto, sino cruel”.
Esta historia fue publicada originalmente el 3 de octubre de 2025, 7:14 p. m..
