2025: Más de 20,000 inmigrantes arrestados en la Florida. Miles, sin antecedentes penales
Los agentes suelen estar enmascarados, armados y no se identifican. En un restaurante Chili’s del aeropuerto de Key West, arrestaron a 11 personas en una reunión familiar. En un canal de Broward, detuvieron a dos hombres que habían ido a pescar. En julio, detuvieron a un joven con permiso de trabajo y lo encarcelaron durante tres meses. Detuvieron a un trabajador de construcción en una pequeña ciudad cerca de Orlando por cruzar la calle donde no debía.
Y, en un escalofriante video de una parada de tráfico a principios de este mes, cinco agentes rodearon un Toyota Corolla y sacaron a rastras de su coche a una mujer de 33 años vestida con uniforme médico.
“¡Soy ciudadana americana!”, la mujer le gritó a un periodista que filmaba la escena. “¡Por favor, ayúdame!”.
Con el pretexto de sacar a los delincuentes violentos de las calles, la administración del presidente Donald Trump está llevando a cabo una represión generalizada e implacable contra los inmigrantes, independientemente de si se encuentran en el país legalmente o no. Florida, donde casi un cuarto de la población es inmigrante, se ha convertido en uno de los estados que más aplica las leyes antiinmigración del país, arrestando a más personas que cualquier otro estado, excepto Texas.
Un análisis del Miami Herald de los datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos reveló que más de 20,000 inmigrantes han sido arrestados desde que Trump asumió la presidencia. El presidente encontró un aliado dispuesto en el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien se jactó en noviembre de anunciar que solo la Patrulla de Carreteras de Florida había realizado “cerca de 10,000 arrestos de inmigrantes indocumentados este año”.
Si bien los funcionarios estatales alardean del arresto de depredadores y otros delincuentes, la investigación del Herald descubrió que los agentes a menudo detienen a todo el que pueden, incluidos inmigrantes con permisos de trabajo y casos de asilo pendientes, cónyuges y padres de ciudadanos estadounidenses, trabajadores sin antecedentes penales y, como en el caso de la mujer con uniforme médico, ciudadanos estadounidenses.
“Quiero dejar algo absolutamente claro: esta no es la América en la que crecí, y esta no es la América que representamos”, escribió Dayana O., la terapeuta conductual del video, en un comunicado al Herald. Pidió que no se usara su nombre completo por temor a represalias.
El recuento de 20,000 del Herald es una cifra inferior a la real. Los datos solo abarcan hasta mediados de octubre y no incluyen las detenciones realizadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU en Florida, ya que el gobierno federal no publica esas cifras por estado. Tampoco se pudieron contabilizar miles de detenciones realizadas por agencias estatales, dado que el panel de control público solo se implementó en agosto y está incompleto.
Sin embargo, la cifra sigue siendo casi tres veces mayor que la del 2024, lo que equivale a la desaparición de una pequeña ciudad, casi del tamaño de Key West.
Ni la administración de DeSantis ni el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respondieron a las reiteradas solicitudes de información sobre el número de personas detenidas en Florida en 2025 ni sobre los cargos presentados en su contra.
La administración ha descrito a los inmigrantes indocumentados como una “amenaza existencial”. “Los agentes no se detendrán ante nada para dar con ustedes”, se lee en una publicación del DHS. Para Navidad, el gobierno implementó un subsidio navideño de $3,000 para la salida voluntaria y publicó una serie de videos en las redes sociales, incluyendo uno de Santa Claus con un chaleco del ICE.
“Esta Navidad, nuestros corazones se llenan de alegría a medida que nuestra población indocumentada disminuye”, es el pie de foto de una publicación del DHS en la plataforma social X, publicada con un montaje de video de imágenes navideñas con una versión electrónica de “All I Want for Christmas” y las palabras: “Navidad después de las deportaciones masivas”.
Una publicación de la Casa Blanca decía: “¡Evita la pesadilla antes de la Navidad!”.
En Florida, los centros de detención “Alligator Alcatraz” y Krome están plagados de denuncias de condiciones inhumanas. Los detenidos son trasladados de un centro a otro, a menudo a través de todo el país, y se les anima a firmar órdenes de deportación.
Seis personas murieron bajo custodia de inmigración federal en Florida en 2025, según descubrió el Herald. Al menos 30 murieron en todo el país. Un número récord de 65,000 inmigrantes a nivel nacional, se encontraban en centros de detención, prisiones federales o cárceles locales a finales de noviembre, según los últimos datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Muchas personas, incluidos ciudadanos estadounidenses, han sido detenidas e interrogadas. El gobierno federal afirma que no se está arrestando a ciudadanos, pero en realidad, más de 170 ciudadanos estadounidenses han sido detenidos en todo el país, según una investigación de ProPublica.
Bajo la administración de DeSantis, Florida ha asignado más de $298 millones a la aplicación de la ley de inmigración: ha abierto dos centros de detención y ha firmado más acuerdos para que las agencias locales y estatales actúen como agentes federales de inmigración que en cualquier otro lugar del país. Más de 5,900 agentes de 119 agencias policiales de Florida están ayudando a las autoridades federales, según un informe de la Junta Estatal de Aplicación de la Ley de Inmigración.
Al ser contactada vía correo electrónico para comentar sobre una lista de nueve preguntas, la subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, respondió: “La primera ‘pregunta’ revela lo ridícula que va a ser esta historia. Vergonzoso”.
La respuesta de McLaughlin fue objetando la siguiente declaración del Herald: “Hemos descubierto que, bajo el pretexto de sacar a los delincuentes violentos de las calles, la administración Trump está llevando a cabo una represión generalizada e implacable contra los inmigrantes, independientemente de si se encuentran en el país legalmente o no”.
En una oportunidad anterior, en lugar de responder a las preguntas de una periodista sobre cuántos inmigrantes habían sido detenidos en la Florida, McLaughlin respondió con un listado de 10 personas con antecedentes penales. Dijo que, gracias a las asociaciones locales en Florida, “cientos de violadores, asesinos, miembros de pandillas, pedófilos y narcotraficantes han sido sacados de las comunidades de Florida y ahora están fuera de nuestro país”. “Los floridanos deberían tomarse un momento durante estas fiestas para agradecer a los hombres y mujeres de ICE, así como a sus líderes estatales y locales, por desempeñar un papel clave en el arresto de los peores criminales de sus comunidades”, escribió McLaughlin.
Según los datos federales, obtenidos por el Proyecto de Datos de Deportación de la Universidad de California y analizados por el Herald, casi una cuarta parte de las 20,000 personas detenidas en la Florida—más de 4,800— solo tenían infracciones migratorias. Un tercio de ellos, según el recuento del Herald, tenían antecedentes penales, y el resto tenía cargos penales pendientes, que incluyen delitos no violentos como conducir sin licencia.
Desde enero, el gobierno ha afirmado, sin pruebas, que los arrestados en todo el país, algunos de los cuales han sido trasladados a Guantánamo y a una notoria prisión en El Salvador, son los “peores de los peores”. Sin embargo, muchos de los inmigrantes detenidos en esta operación y que han permanecido meses en prisión, son personas trabajadoras que han construido sus vidas en Estados Unidos o que intentaban hacerlo.
“La verdad, no sé qué estamos haciendo mal los latinos”, dijo Gabriel Hernández Álvarez, un hondureño de 19 años con un permiso de trabajo válido y un caso de asilo pendiente, que fue arrestado por la Patrulla de Carreteras de Florida en julio.
“No digo que todos somos buenos, la verdad que no”, dijo, “pero hay gente que viene a trabajar, a salir adelante con su familia, y no merecemos lo que está pasando”.
Con ‘precisión’, no ‘brutalidad’
Es probable que se intensifiquen las campañas de deportación masiva tanto del DHS como de DeSantis.
El Congreso aprobó en julio un proyecto de ley que asigna más de $170 mil millones a la aplicación de las leyes de inmigración, incluyendo $45 mil millones solo para la detención.
La administración Trump también ha restringido drásticamente la migración legal, implementando prohibiciones de viaje de gran alcance, suspendiendo las decisiones de asilo y cancelando las ceremonias de naturalización para algunos. Impuso prohibiciones de viaje totales o parciales a casi 40 países y anunció revisiones de los titulares de la tarjeta verde de 19 países.
En mayo, DeSantis envió una propuesta a la Casa Blanca, en la que describía su plan para llevar a cabo la propia represión de Florida y establecer centros de detención para albergar a 10,000 personas. Él también ha instado a que se restrinja la ciudadanía por derecho de nacimiento. El gobernador se negó a ser entrevistado para este reporte.
“Dado que Florida lidera la nación en la aplicación de la ley de inmigración ilegal, tomamos medidas proactivas para aumentar la transparencia y destacar nuestro éxito”, escribió Molly Best, secretaria de prensa de DeSantis, en un comunicado enviado por correo electrónico. “En agosto de 2025, creamos y lanzamos un panel de control integral de aplicación de la ley que muestra los sólidos resultados de nuestros arrestos relacionados con la inmigración ilegal”.
Pero un informe del 15 de diciembre presentado al Senado de Florida destaca los “retos” en el panel de control del estado, que solo muestra datos desde agosto. Los informes son inconsistentes y están desactualizados. Algunas agencias ni siquiera han reportado sus datos. Varios departamentos le dijeron al Herald que no habían realizado arrestos de inmigrantes, a pesar de que el sitio web mostraba lo contrario.
La oficina del sheriff Grady Judd en el condado de Polk reportó haber arrestado a casi 600 “extranjeros”, según el panel de control. Más de 200 de ellos fueron detenidos sólo por violaciones federales de inmigración, no por un delito local o estatal, según los datos analizados por el Herald. Mientras tanto, la Oficina del Sheriff de Miami-Dade solo había registrado nueve arrestos desde agosto.
La población del condado de Miami-Dade es más de tres veces mayor que la del condado Polk. También tiene más casos de deportación pendientes que cualquier otro lugar del país: más de 146,000 hasta septiembre, según TRAC Reports, una organización sin fines de lucro con sede en la Universidad de Syracuse.
Judd declaró al Herald en una entrevista que, si bien su oficina simplemente está cumpliendo la ley, “personas trabajadoras y honestas” están siendo “afectadas colateralmente”.
“Estoy abogando que necesitamos encontrar un sistema para legalizar a las personas buenas, trabajadoras, temerosas de Dios y honestas, que cruzaron la frontera de forma inapropiada, ilegal, pero que no están violando ninguna ley. Ellos simplemente están trabajando duro. No están recibiendo dinero del gobierno”, dijo Judd.
“Estoy totalmente a favor de eso, pero independientemente de ello, no soy legislador. Soy un agente de la ley, y las leyes dicen que están aquí ilegalmente, y ahí radica el conflicto”, añadió. “Necesitamos abordar este problema con precisión, no con brutalidad”.
El número de personas con protección legal contra la deportación que ahora están sujetas a arresto, está creciendo rápidamente. Alrededor de 14 millones de personas viven en Estados Unidos sin autorización o con protección temporal o precaria, según el Centro de Investigación Pew. Cientos de miles de personas dependían de programas humanitarios de inmigración que fueron cancelados en 2025, lo que las convirtió repentinamente en personas “indocumentadas” y sujetas a deportación.
Los arrestos están destrozando comunidades, según declararon de activistas, abogados e inmigrantes al Herald.
“Parece que ese ha sido el propósito y el objetivo: sacar a los inmigrantes y a las personas de color de las calles y de nuestras comunidades”, dijo Lupita Vázquez Reyes, voluntaria de Unidos Immokalee en el centro de Florida. “Casi como si los estuvieran eliminando”.
‘Son gente que trabaja’
Una soleada tarde de jueves de agosto, una casa de cuatro habitaciones en el condado de Palm Beach estaba rodeada por al rededor de 27 agentes del sheriff, 26 coches patrulla, una unidad canina y al menos un agente de la Patrulla de Carreteras de Florida.
Dentro de la casa, dos niñas de primaria hacían sus tareas en la cama. Afuera, los agentes gritaban por un altavoz para que un hombre se entregara. Con armas y arietes policiales, los agentes corrieron por los lados de la casa y bloquearon las salidas, según las imágenes de las cámaras corporales de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach (PBSO) revisadas por el Herald.
Alrededor de las 8:00 p.m., derribaron las puertas y rompieron las ventanas. Los cristales se esparcieron sobre las mochilas en la sábana azul de la habitación de las niñas.
Lanzaron proyectiles con gas pimienta al ático, donde dos hombres se escondían, según un informe policial.
Cinco hombres fueron arrestados. Posteriormente, activistas locales y vecinos pudieron entrar a la casa. En videos compartidos con el Herald, las niñas miran a través de la casa destrozada. Cuando comenzó la redada, se habían escondido en un armario con su madre, que sostenía a un bebé, según contaron a los activistas.
Los agentes no buscaban ni narcotraficantes ni pandilleros, sino a Jony Darinel Vasquez López, un guatemalteco de 27 años, quien anteriormente había sido acusado de conducir sin licencia válida, no mantenerse en el carril designado, conducir bajo los efectos del alcohol, tener el registro del vehículo expirado, conducir una van sin parachoques y evadir el arresto.
En julio, la Patrulla de Carreteras de Florida lo detuvo por conducir una van sin parachoques y luego lo arrestó por estar en el país ilegalmente. Huyó del carro policial, esposado, según informes de prensa.
Los otros cuatro hombres que estaban dentro de la casa fueron puestos bajo custodia del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).
Un portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach le dijo posteriormente a un comisionado de la ciudad en un correo electrónico que los agentes estaban ayudando a la Patrulla de Carreteras de Florida con una orden de arresto por resistencia a la autoridad.
A la mañana siguiente, la directora de una escuela local recogió a las niñas y las llevó a la escuela.
Para Mariana Blanco, directora de operaciones del Centro Guatemalteco-Maya cercano, el despliegue de fuerza no correspondía con el delito.
“Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que era una especie de descontrol, que podían entrar en las casas de esa manera, en forma de redada con tantos agentes”, dijo Blanco. “Parece que la mayoría de estos arrestos son daños colaterales”, dijo.
Al ser consultada sobre la redada, la portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach (PBSO), Therese Barbera, remitió a las periodistas a la Patrulla de Carreteras de Florida, que no respondió a las solicitudes de comentarios.
“Los agentes de la PBSO solo brindan asistencia a ICE o a la Patrulla de Carreteras de Florida cuando se les solicita”, escribió Barbera en un correo electrónico al Herald.
El número total de arrestos, operaciones y redadas, y el impacto de un año sin precedentes de Florida en materia de control de la inmigración, sigue sin estar claro.
En abril, una coalición de agentes federales y estatales realizó 1,120 arrestos en toda Florida, en lo que se presentó como la mayor operación de ICE en una sola semana en la historia de la agencia.
“Lo mejor está por venir”, dijo DeSantis en una conferencia de prensa después de la operación.
Un comunicado de prensa del gobierno afirmó que el 63 por ciento tenía antecedentes penales, pero los funcionarios no proporcionaron la lista completa de los arrestados ni de los cargos en su contra.
Posteriormente, los agentes arrestaron en mayo a más de 100 trabajadores en obras de construcción en Tallahassee; en agosto a unas 200 personas en el Panhandle de Florida y a más de 400 personas en el centro de Florida en septiembre.
Los periodistas solicitaron acceso a los registros públicos de informes relacionados con inmigración de más de 50 agencias estatales y locales. Los informes muestran que se realizan arrestos regularmente en aceras, carreteras y en domicilios particulares. Muchos comienzan con infracciones menores de tránsito como conducir sin licencia, humo excesivo saliendo de un camión, conducir una bicicleta con las luces traseras rotas o realizar un giro ilegal en U.
En Ocoee, una ciudad a unas 12 millas de Orlando, un agente de policía detuvo a un trabajador de la construcción de 38 años por cruzar la calle indebidamente en noviembre, y luego lo arrestó por cargos de inmigración.
En la cuadra 500 de Beach Road en Jupiter Island, una estrecha franja de tierra que bordea la costa al norte de Palm Beach, un agente permaneció sentado durante días en su coche, escaneando matrículas.
Entre septiembre y octubre, el agente arrestó al menos a 10 hombres por cargos de inmigración después de que el escáner no arrojara una licencia de conducir válida.
En diciembre, el abogado de inmigración Víctor Martínez regresaba a su oficina en Miami después de tomar un café cuando vio a tres trabajadores en una camioneta de jardinería siendo detenidos por agentes de la Patrulla de Carreteras de Florida y agentes federales.
Inmediatamente, sacó su teléfono y comenzó a grabar. En el video compartido con el Herald, un agente con gafas y mascarilla escolta a un hombre esposado, mientras que un policía estatal habla con otro hombre, también esposado.
Se puede escuchar a una persona increpando a los agentes gritándoles: “¡Vayan a buscar a los ladrones; vayan a buscar a los sinvergüenzas!...Son gente que trabaja”.
‘¡Soy ciudadana americana! Por favor, ayúdame”
La terapeuta conductual, vestida con uniforme sanitario, fue detenida por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza en la milla 103.4 en Key Largo. Ya la habían detenido dos veces antes en operativos de inmigración. Pero esta vez fue diferente.
“Sé que no he hecho nada malo, solo voy camino al trabajo”, les dijo a los agentes en un video de la Oficina del Sheriff del Condado de Monroe. Cuando intentó sacar su licencia, los agentes le gritaron que abriera la puerta. Luego la sacaron del auto a la fuerza, mientras ella forcejeaba.
El video muestra a tres hombres corpulentos intentando someter a la mujer de 85 libras al suelo. La esposaron mientras ella gritaba: “¡Soy ciudadana americana!”. Luego la subieron a una camioneta SUV sin distintivos.
Fue liberada unos 10 minutos después.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos le dijo al Herald que la mujer se negó a bajar la ventanilla y a mostrar su identificación, y que el auto pertenecía a su “novio ilegal indocumentado”. Los agentes le dijeron a Dayana que la detuvieron porque el auto estaba registrado a nombre de un “inmigrante indocumentado”.
Abogados de inmigración le dijeron al Herald que la detención parecía violar los derechos de la mujer. Si buscaban al dueño del auto y vieron que no estaba allí, los agentes han debido dejarla ir. La detención de la mujer requería una razón para creer que ella era una “inmigrante indocumentada”, lo cual sus declaraciones contradecían.
Videos muestran que su ventanilla estaba abierta. Dayana le dijo al Herald que su esposo fue detenido el mes pasado por uno de los mismos agentes que la detuvo a ella. Su esposo ha estado bajo custodia de inmigración desde entonces.
Dayana dijo que quedó traumatizada por la experiencia y que sigue pensando que los agentes la persiguen a pesar de ser ciudadana estadounidense.
“Siempre estoy mirando por la ventana para asegurarme que no haya nadie en mi casa”, dijo
En abril, agentes arrestaron a un ciudadano estadounidense de 20 años y lo detuvieron durante más de 30 horas. El 2 de mayo, arrestaron a otro ciudadano estadounidense de 18 años en un control de tránsito y le aplicaron una descarga eléctrica a su compañero de trabajo indocumentado. Los tres ciudadanos estadounidenses fueron detenidos en la Florida tras controles de tráfico.
Otras personas, que han pasado meses detenidas, le dijeron al Herald que tenían casos o documentos legales válidos.
En estas redadas han caído inmigrantes que han construido sus vidas en el país: tienen hijos ciudadanos estadounidenses, son dueños de negocios locales, y pagan impuestos.
El 30 de abril, 11 familiares y amigos de una familia irlandesa fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza mientras almorzaban en el restaurante Chili’s del Aeropuerto Internacional de Key West. La mayoría había vivido en Estados Unidos durante décadas y tenían hijos ciudadanos estadounidenses. Uno de ellos tenía tarjeta de residencia permanente. Habían llegado con un programa de exención de visa para Irlanda y se habían quedado más tiempo del permitido.
Estaban de visita desde Long Island para celebrar el 50 cumpleaños de Myles O’Connor. Él y su esposa tenían permisos de trabajo válidos, según le contó uno de los hijos al Herald.
Pero O’Connor, su esposa y su padre de 72 años fueron detenidos durante seis meses, dejando a su hijo de 21 años, ciudadano estadounidense, a cargo de sus dos hermanos menores.
Para septiembre, el hijo, Jerry O’Connor, había realizado varios viajes para visitar a su padre en un centro de detención en Florida y a su madre en un centro de detención en Texas. A su madre se le caía el cabello y se le notaban los huesos de la cara.
Estaba confinada en una habitación de una instalación abarrotada hasta 23 horas al día, dijo. Confrontó al agente de ICE a cargo de su madre y le preguntó por qué no podían simplemente ponerle un monitor electrónico en el tobillo.
“¿Qué haría usted si fuera su madre?”, preguntó, entre lágrimas. “Ella nunca ha hecho nada malo en su vida”.
Cartas desde “Alligator Alcatraz”
El objetivo de la administración ha sido claro: usar la amenaza de la detención para obligar a la gente a irse.
En junio, en el transcurso de ocho días, el estado construyó “Alligator Alcatraz” en un terreno de 6,000 acres en los Everglades, en el oeste de Miami-Dade. Cada cama cuesta $245 al día, o $450 millones al año, según estimaciones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.
“Muy pronto, estas instalaciones albergarán a algunos de los migrantes más peligrosos, algunas de las personas más despiadadas del planeta”, dijo Trump en una conferencia de prensa el 1 de julio en ese lugar.
Un portavoz del fiscal general de Florida, James Uthmeier, declaró posteriormente que las instalaciones albergaban a “psicópatas desquiciados”.
El Herald obtuvo datos exclusivos de alrededor de 1,800 personas detenidas o programadas para ser detenidas allí en julio. Un tercio no tenía antecedentes penales ni cargos, y algunos solo tenían multas de tránsito.
A finales de septiembre, al menos 237 hombres de la lista, con solo infracciones de inmigración, seguían detenidos en ocho estados. Sus edades oscilaban entre los 18 y los 72 años. Algunos le dijeron al Herald que aún no habían comparecido ante un juez.
En la inauguración, el presidente Trump y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, recorrieron las filas de literas y celdas.
Dos semanas después, Gabriel Hernández Álvarez, de 19 años, llegó en un autobús, esposado de manos y pies.
“Lo que vi fue un lugar realmente horrible”, dijo. Cuando preguntaba cómo habían sido detenidos otros reclusos, le respondían que en el trabajo. “Haciendo las cosas bien, sin hacer nada”.
Las autoridades no han respondido a las reiteradas preguntas del Herald sobre cuántas personas se encuentran detenidas allí actualmente.
Hernández Álvarez tenía 15 años cuando huyó de las pandillas en Honduras y viajó a la frontera de Estados Unidos con su hermano de 9 años. Los niños estuvieron detenidos durante un mes antes de que las autoridades los entregaran a su madre en Florida. Asistió a la escuela secundaria Lake Worth Community High School, solicitó asilo y recibió un permiso de trabajo con vigencia de 2024 hasta 2029.
El joven de 19 años es de hablar pausado pero decidido. Trabaja en la construcción y sueña con tener su propia empresa.
Durante 23 días, durmió en una litera dentro de una celda de malla metálica en “Alligator Alcatraz”. Las luces nunca se apagaban, los inodoros no funcionaban y, durante días, no pudo ducharse. “No mirábamos la luz del día”, dijo.
En un incidente, Hernández Álvarez contó que vio a un guardia golpear a un hombre cubano después de que pidiera agua.
“Lo arrinconó y lo golpeó hasta nomás y no solo él, fueron otros tres más a golpearlo”, dijo Hernández Álvarez. Los funcionarios estatales no respondieron a las preguntas de los periodistas sobre el incidente, pero otros detenidos han descrito este tipo de palizas en el centro.
Veinte detenidos han escrito cartas describiendo sus experiencias en “Alligator Alcatraz”. Haymel De La Vega, cuyo amigo fue arrestado y detenido en el centro en agosto, está recopilando sus testimonios y declaraciones en video. Los hombres describen haber estado encadenados hasta 48 horas seguidas; guardias golpeando a los detenidos; y propinandoles insultos racistas.
Bajo la declaración “Fui torturado en Alcatraz de los Caimanes”, escrita en inglés y español, 40 detenidos firmaron con sus nombres.
En agosto, Hernández Álvarez fue trasladado sin explicación a un centro de detención en Denver, Colorado. El 8 de septiembre, tuvo su primera audiencia. Su abogado, Mark Díaz, preguntó al juez por qué el joven de 19 años no podía esperar la resolución de su caso de asilo fuera del centro de detención. Poco después, el joven fue puesto en libertad.
“Nunca en toda mi carrera he visto que mis clientes sean tratados de la manera en que los tratan”, dijo Jan Peter Weiss, un abogado que dirige el bufete que representa a Hernández Álvarez. “Causa una sensación de desesperanza”.
Muchos inmigrantes sin antecedentes penales no son elegibles para audiencias de fianza, según una nueva política que se aprobó en julio. Weiss dijo que, en 2025, ha visto “mucho más odio involucrado” en las decisiones políticas. Poco después de la elección de Trump, su oficina se vio inundada de nuevos casos. En mayo, el asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller, dijo que los funcionarios federales están “buscando establecer una meta de un mínimo de 3,000 arrestos diarios para ICE”.
“Significa tratar a la población inmigrante como ganado, reunirlos y colocarlos donde sea posible”, dijo Weiss sobre la directiva. “Y nos ocuparemos de ellos, y cuando nos ocupemos de ellos, nos aseguraremos de que sean deportados”.
DeSantis había dicho que “Alligator Alcatraz” sería un “centro integral”, desde donde los detenidos se enfrentarían a una deportación rápida. Pero mientras los inmigrantes luchaban por el derecho a quedarse, y los tribunales se veían desbordados de casos, los detenidos permanecían meses en un limbo legal.
Algunos no pueden permitirse irse, o temen ser asesinados si son deportados, pero se están quedando sin opciones legales.
Junior Betnardin, un haitiano de 31 años, fue arrestado en Puerto Rico a principios de septiembre, enviado a la prisión de Alligator Alcatraz y posteriormente puesto en libertad. Compró un pasaje de regreso a San Juan, donde las autoridades le colocaron un brazalete electrónico. Sin embargo, en noviembre, un juez desestimó su caso durante una audiencia. Según cuenta, le indicaron que debía comprar un billete de avión para salir del país antes del 17 de diciembre.
Había huido de Haití después de que hombres armados intentaran reclutarlo. Su abogada, Yamila Rodríguez Maldonado, dijo que solicitó el Estatus de Protección Temporal (TPS) en marzo y nunca recibió respuesta, lo que lo dejó en un “limbo judicial”. La designación de TPS para los haitianos fue cancelada por la administración Trump y expirará en febrero.
“Es muy injusto que exista un recurso disponible para ellos”, dijo Rodríguez Maldonado, “y que el gobierno los deje sin esa protección”.
Si lo envían de vuelta a Haití, dijo Betnardin, hay un “90% de probabilidades de que muera”.
El joven, que trabaja como colocador de azulejos, no puede pagar más honorarios de abogado. Se presentó ante las autoridades, al no poder comprar el billete, y le programaron una cita de seguimiento.
“La verdad es que todavía no sé qué voy a hacer”, dijo.
“¿Puedo volver a Haití a morir?”
‘Entrenando a los niños’
Lake Worth Beach, donde ocurrió la redada de agosto, es una ciudad de 7 millas cuadradas a solo 12 minutos del complejo turístico Mar-a-Lago de Trump. Con una de las mayores concentraciones de inmigrantes guatemaltecos en el país, el condado de Palm Beach ha sido blanco de constantes arrestos.
Los guatemaltecos representan el segundo grupo más numeroso de personas detenidas en Florida después de los mexicanos, según datos de ICE analizados por el Herald.
El Centro Guatemalteco-Maya, una agencia de servicios sociales dirigida por un sacerdote católico irlandés en Lake Worth Road, tiene dificultades para dar abasto.
Blanco, directora de operaciones del centro, dijo que tienen una lista actualizada de 180 que fueron arrestadas este año en la comunidad. Pero el centro no lleva un registro de la multitud de personas que han sido deportadas.
Es como si la gente hubiera desaparecido, dijo. Las familias, frenéticas, llaman al centro, incapaces de localizar a sus seres queridos. Los niños quedan desamparados cuando uno de sus padres es detenido o deportado. El esposo de una voluntaria fue arrestado mientras cortaba el césped, y ella fue arrestada posteriormente en un control de tráfico frente a sus hijos.
El 11 de diciembre, miembros del personal recorrieron Lake Worth Beach, colocando carteles en las calles donde sabían que alguien había sido detenido. “ICE SECUESTRÓ A UN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD AQUÍ”, decían los carteles.
“Nunca supe lo frágil que era nuestra democracia hasta que viví bajo esta administración de Trump”, dijo Blanco. “Sigo pensando, ¿cómo pueden salirse con la suya? ¿Quién los va a detener?”
“Nadie los detiene realmente”, dijo, respondiendo a su propia pregunta. “Siguen volviéndose más agresivos”.
Los inmigrantes de las comunidades indígenas mayas de Guatemala han trabajado en la zona durante décadas, hablando 22 idiomas, pero a veces, ni español ni inglés. Sus hijos, muchos de ellos ciudadanos estadounidenses, son sus intérpretes, asesores legales y defensores.
Ahora, dijo Blanco, el personal está recurriendo a regañadientes a una última línea de defensa: “Entrenar a los niños”.
En octubre, se sentó con un joven de 15 años cuyos padres vieron a agentes federales en la puerta de su casa a través de una cámara de seguridad mientras estaban en el trabajo.
Lentamente, Blanco le explicó al adolescente lo que debía hacer si los agentes regresaban. Y le hizo repetirlo una y otra vez. Contuvo las lágrimas. Primero, pregunta si tienen una orden firmada por un juez, le dijo.
“Si derriban la puerta, va a ser muy aterrador. Va a ser muy aterrador, pero será temporal”, le dijo. “Vas a tomar de la mano a tus hermanos menores y simplemente van a esperar”.
“No vas a decir nada”, le dijo. “Probablemente, van a estar gritando. Van a estar, ya sabes, derribando puertas, pero ustedes se van a mantener unidos, ¿verdad?”.
Pero él no nació aquí, y Blanco se preocupa de que los agentes piensen que es adulto y se lo lleven a él también.
“Es horrible”, dijo Blanco entre lágrimas. “Tener que preparar a un niño para algo así es simplemente terrible”.
El gobierno insiste en que no separa familias, pero los niños cuentan una historia diferente.
En 2025 el centro coordinó el viaje y el acompañamiento de 18 niños que viajaban solos a Guatemala, la mayoría de los cuales tenían a uno o ambos padres deportados. Casi otras 80 familias y cuidadores temporales se han puesto en contacto con el centro para solicitar ayuda con los documentos de viaje, la mayoría en nombre de los niños, según informó el personal.
En Unidos Immokalee, los voluntarios también están ayudando a los niños a reunirse con sus padres deportados, viajando a países de los que algunos solo han oído hablar en historias. Afirman que están respondiendo a una oleada de arrestos en Fort Myers, Bonita Springs, Immokalee y comunidades cercanas.
“Ha sido absolutamente traumático e implacable en su persecución de un grupo demográfico específico de nuestra comunidad”, dijo Lupita Vázquez Reyes, voluntaria del grupo.
Agentes detuvieron un autobús de Pacific Tomato Growers con unas 40 personas el 12 de noviembre en Immokalee, según el grupo, que afirma que 35 fueron detenidas. La Patrulla de Carreteras de Florida denegó una solicitud del Herald para obtener grabaciones de cámaras corporales e informes relacionados, citando una ley federal relacionada con los detenidos de ICE, y no respondió a una lista de preguntas sobre el incidente. El grupo y un observador comunitario le enviaron al Herald videos y fotos que tomaron durante el arresto.
Una mujer reza en español dentro del autobús. Varias camionetas blancas sin distintivos se alinean en la carretera, algunas conducidas por hombres con uniformes de camuflaje.
En un video, un hombre recibe una descarga eléctrica mientras varios agentes lo inmovilizan en el suelo. Unidos Immokalee dijo que el hombre era ciudadano estadounidense y que su madre estaba en el autobús. Su hermano también recibió una descarga eléctrica, dijeron, y su hermana de 13 años fue empujada por los agentes.
“Esas matriarcas, esas madres, fueron un golpe muy duro”, dijo. “Nos dio mucha rabia saber que estaban siendo atacadas simplemente por ir a trabajar”.
Unas dos semanas después de los arrestos en el autobús, el grupo organizó una noche de arte para apoyar a los trabajadores agrícolas.
En un dibujo de una niña en el vientre de su madre, reza la cita: “Te extraño mamá”.
Esta historia fue publicada originalmente el 31 de diciembre de 2025, 9:22 p. m..