Gobierno federal se contradice sobre las condiciones en Venezuela

La administración Trump está publicando información contradictoria sobre la situación en Venezuela, lo que levanta preguntas sobre cómo las diferentes agencias toman decisiones de política pública sobre Venezuela y los venezolanos en Estados Unidos, así como a los viajeros estadounidenses.

El Departamento de Seguridad Nacional, al eliminar el Estatus de Protección Temporal para Venezuela en febrero, afirmó que, si bien persisten algunas condiciones que justificaban la protección contra la deportación, hubo “mejoras notables” en la economía, la salud pública y la seguridad. Esto, según el departamento, permite que los venezolanos “regresen a su país de origen de forma segura”.

Sin embargo, en una reciente alerta de seguridad emitida el 10 de enero, el Departamento de Estado dijo que todos los americanos en Venezuela deben evacuar. Destacó informes de grupos pro-Maduro deteniendo a personas para comprobar si son ciudadanos estadounidenses o si apoyaban a Estados Unidos. También enfatizó el riesgo de detención arbitraria, tortura durante la detención, secuestro, delincuencia, deficiencias en el sistema hospitalario y disturbios civiles.

La alerta de seguridad del Departamento de Estado se produce días tras que Estados Unidos bombardeara instalaciones militares en Caracas y detuviera al líder venezolano Nicolás Maduro. También coincide con la creciente incertidumbre sobre el futuro político de Venezuela, lo que promueve en Estados Unidos el llamado para que se restaure el TPS para los más de 600,000 venezolanos que perdieron dicha protección.

En el 2019, Estados Unidos le recomienda a sus ciudadanos que no visiten Venezuela por ninguna razón. La embajada en Caracas suspendió las operaciones diplomáticas y los servicios consulares ese mismo año.

Tanto el Departamento de Seguridad Nacional como el Departamento de Estado declararon al Miami Herald que las comunicaciones, las descripciones de la situación en Venezuela, y los documentos de las agencias sobre la situación en Venezuela no son contradictorias entre sí.

“Los avisos de viaje del Departamento de Estado están dirigidos a los ciudadanos estadounidenses y se redactan teniendo en cuenta su seguridad. El hecho de que un lugar pueda ser seguro para los venezolanos no significa que sea seguro para los estadounidenses”, declararon los portavoces de ambas agencias en comunicados separados.

Un portavoz del Departamento de Estado afirmó que “la administración Trump no tiene mayor prioridad que la seguridad de los ciudadanos estadounidenses en el extranjero”. Por su parte, Tricia McLaughlin, del Departamento de Seguridad Nacional, declaró: “No hay ninguna discrepancia. El Departamento de Estado emitió su advertencia para los estadounidenses. Parece que usted tiene la impresión de que Estados Unidos está aquí para servir a los extranjeros y ser un refugio permanente para pandilleros, violadores, narcotraficantes y narcoterroristas”.

La advertencia del Departamento de Estado de “no viajar”, republicada el 3 de diciembre sin cambios, señala que los delitos violentos como los robos a mano armada y los homicidios son comunes; que el gobierno está llevando a cabo una represión violenta contra los grupos de oposición; que la escasez de suministros básicos como gasolina, electricidad y agua es habitual en gran parte del país; y que el acceso a la atención médica es limitado y que los centros de salud pueden no disponer de medicamentos básicos.

Grupos independientes como Human Rights Watch afirman que el gobierno venezolano intimida a los defensores de los derechos humanos, arresta y detiene a manifestantes y acosa a periodistas. Según esta organización, también existen bandas armadas en los estados fronterizos que controlan la vida cotidiana y grupos afines al régimen que intimidan a los candidatos de la oposición.

Casi 8 millones de personas huyeron de Venezuela en la última década. En los últimos días de la administración Biden, el Departamento de Seguridad Nacional extendió el Estatus de Protección Temporal para Venezuela por otro año y medio, citando la “grave emergencia humanitaria”. Según las Naciones Unidas, alrededor de 5.1 millones de venezolanos padecen hambre y el 53% de la población vive en la pobreza extrema.

Sin embargo, solo unas semanas después, la administración Trump dio marcha atrás en la extensión de 18 meses. Dijo que hubo “mejoras notables” en ciertas condiciones que permitían un regreso seguro y justificaban el fin del TPS. La administración Trump también señaló en un aviso en el registro público que dicha designación no respondía a los intereses nacionales de Estados Unidos, incluso si las condiciones lo justificaran.

“El Estatus de Protección Temporal está diseñado para ser precisamente eso: temporal. El presidente Trump está brindando estabilidad a Venezuela y llevando ante la justicia a un dictador narcoterrorista ilegítimo que robó a su propio pueblo. La secretaria Noem puso fin al Estatus de Protección Temporal para más de 500,000 venezolanos y ahora pueden regresar a su país, al que tanto aman”, declaró McLaughlin.

La organización Human Rights First, que monitorea las deportaciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), informó en un comunicado del 9 de enero que la administración Trump no ha enviado ningún vuelo de deportación a Venezuela desde el 10 de diciembre. El mes pasado, el gobierno venezolano anunció que el gobierno federal había suspendido unilateralmente las deportaciones que se realizaban dos veces por semana, en medio de la creciente tensión entre ambos países.

Está por verse que ocurrirá con las deportaciones a medida que se den las negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela tras la captura de Maduro.

En una carta reciente, los representantes estadounidenses Debbie Wasserman Schultz y Darren Soto de la Florida, junto con el representante Gregory Meeks de Nueva York, solicitaron a la administración Trump que restableciera el TPS para Venezuela tras ya que la ex vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, es la presidenta interina.

“La desastrosa decisión de la administración Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos en enero de 2025 se basó en la afirmación de que las condiciones en el país habían mejorado”, escribieron los legisladores. “Esta afirmación carecía de fundamento en aquel momento y, con el régimen aún en el poder, sin duda es falsa ahora”.

Esta historia fue publicada originalmente el 15 de enero de 2026, 0:49 p. m..