Tribunal de apelaciones declara ilegal el fin del TPS para los venezolanos
En un importante avance en la batalla legal sobre la protección contra la deportación para los venezolanos, un tribunal federal de apelaciones ha dictaminado que la administración Trump actuó ilegalmente al intentar poner fin a esta medida para cientos de miles de personas venezolanos que viven en Estados Unidos.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, con sede en San Francisco, determinó que la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, excedió la autoridad otorgada por el Congreso cuando intentó cancelar la designación. El tribunal concluyó que la ley del Estatus de Protección Temporal (TPS) fue estructurada intencionalmente para limitar la discreción del poder ejecutivo y brindar estabilidad a los beneficiarios durante períodos de condiciones extraordinarias en sus países de origen.
“La Secretaria intentó ejercer poderes que el Congreso simplemente no le otorgó en virtud de la ley”, escribió el tribunal, añadiendo que esta conclusión por sí sola resolvía el caso sin necesidad de que los jueces abordaran argumentos legales adicionales.
El fallo de 81 páginas enfatizó que, si bien el TPS es inherentemente temporal, el Congreso estableció estrictas salvaguardias procesales que rigen cómo se puede extender o cancelar el programa. Estas protecciones están diseñadas para evitar que los beneficiarios pierdan abruptamente su estatus legal sin el debido proceso legal.
“En esencia, este caso se reduce a la incapacidad de la Secretaria para cumplir con las estipulaciones de la ley del TPS”, dijo el panel, señalando que la ley contiene “numerosas salvaguardias procesales” destinadas a garantizar la previsibilidad durante condiciones extraordinarias y temporales.
Al confirmar plenamente la decisión de un tribunal inferior, el tribunal de apelaciones reafirmó que cualquier intento de modificar el TPS debe cumplir con los límites establecidos por el Congreso, independientemente de la administración que esté en el poder.
Sin embargo, el fallo del tribunal de apelaciones no resuelve el problema de inmediato. Se espera que la decisión sea objeto de nuevas apelaciones, lo que podría dar lugar a otra revisión por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos. Hasta que se agote el proceso legal, el futuro del TPS para los venezolanos sigue siendo incierto.
Venezuela fue designada como país beneficiario del TPS en 2021 en medio de una grave crisis humanitaria, que obligó a millones de personas a huir de su país, brindando alivio a aproximadamente 257 mil venezolanos. La designación se amplió en 2023 para cubrir a más de 350 mil personas adicionales. Bajo la administración Biden, estas protecciones se extendieron hasta octubre de 2026; sin embargo, en 2025, la administración Trump procedió a desmantelarlas, alegando supuestas mejoras en las condiciones en Venezuela y el interés nacional de Estados Unidos, poniendo fin a la designación de 2023 en abril y a la de 2021 en noviembre.
A pesar de estas afirmaciones, Venezuela continúa experimentando una inestabilidad prolongada, marcada por el colapso económico, la agitación política y las dificultades generalizadas, incluso tras la captura de Nicolás Maduro a principios de enero.
La cancelación del TPS afectó directamente a cientos de miles de venezolanos autorizados a vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Uno de los procesos de deslegalización más grandes de la historia de EEUU.
En octubre de 2025, la Corte Suprema permitió que la cancelación del TPS para venezolanos siguiera adelante mientras continuaba el litigio, lo que provocó que muchos beneficiarios perdieran su autorización de trabajo y se enfrentaran a la incertidumbre legal. Muchos han sido detenidos o deportados, incluso a terceros países donde no tienen nexos, como México.
“Trágicamente, a pesar de que los cuatro jueces que han analizado la cancelación del TPS para Venezuela la consideraron ilegal, los beneficiarios del TPS venezolano permanecerán sin estatus legal a menos que la Corte Suprema intervenga para revertir las acciones del gobierno”, dijo Emi MacLean, abogada principal de la Fundación ACLU del Norte de California y una de las abogadas que representan a los demandantes venezolanos.
MacLean agregó que “la Corte Suprema le ha dado al gobierno carta blanca para despojar a las personas de sus derechos y ponerlas en riesgo inminente de deportación, a pesar de la clara evidencia de ilegalidad que esta misma corte reconoció”.
“Este es un intento generalizado de destruir el programa TPS, que fue creado con el propósito expreso de limitar —en palabras del tribunal de apelaciones— el ‘poder absoluto y sin control’ del ejecutivo”, dijo MacLean.
Aunque MacLean dijo que no puede predecir cómo fallará finalmente la Corte Suprema, argumentó que los fallos recientes se han apartado de los estándares legales y precedentes tradicionales en casos de inmigración.
“Lo que sí sabemos es que, debido a las intervenciones de la Corte Suprema hasta la fecha, a menudo a través de decisiones superficiales y sin explicación, básicamente ha permitido que lo que consideramos acciones ilegales del gobierno queden impunes”, dijo.
Esta historia fue publicada originalmente el 29 de enero de 2026, 2:50 p. m..
