Más de un millón de solicitudes de beneficios migratorios de Cuba, Haití y Venezuela, congeladas

La profusión de prohibiciones de viaje y congelamientos en el procesamiento de visas por parte de la administración Trump ha tenido su mayor impacto en los cubanos, haitianos y venezolanos que buscan emigrar legalmente a los Estados Unidos, según un nuevo análisis realizado por un centro de estudios (think tank) con sede en Washington.

Un informe del Instituto Cato, publicado este miércoles, estima que existen más de 1.2 millones de solicitudes de beneficios migratorios congeladas provenientes de estos tres países, de un total de dos millones de solicitudes congeladas a nivel mundial. Este desglose se traduce en 935,000 solicitudes de cubanos, 239,000 de venezolanos y 81,000 de haitianos.

“La mayoría de las solicitudes y de las tasas administrativas provienen de esas tres nacionalidades”, dijo este miércoles al Miami Herald David Bier, director de Estudios de Inmigración del instituto y autor del análisis. El análisis de datos del Instituto Cato examina los congelamientos en las autorizaciones de trabajo, las tarjetas de residencia (green cards) basadas en vínculos familiares y laborales, las solicitudes de asilo, las peticiones de naturalización, y las visas de trabajo y turismo, entre otros beneficios migratorios.

Según el Instituto Cato, hay más de 157,000 cubanos actualmente en Estados Unidos que intentan obtener su tarjeta de residencia mediante solicitudes que se encuentran en pausa, a través de un proceso conocido como “ajuste de estatus”. Casi la totalidad de estos casos fueron presentados al amparo de la Ley de Ajuste Cubano, una legislación vigente desde hace décadas que permite a los cubanos que se encuentran en EEUU solicitar la residencia permanente un año y un día después de su llegada al país.

Cuba también registró el mayor número de solicitudes de naturalización en suspenso —35,870—, seguida por Haití, con 14,560, de acuerdo con el Instituto Cato. Asimismo, Haití contabilizó 6,750 solicitudes de ajuste de estatus, mientras que Venezuela registró 16,870 solicitudes de ajuste de estatus y 10,780 solicitudes de naturalización en suspenso, de acuerdo con las estimaciones del análisis.

El detallado análisis del Instituto Cato arroja luz sobre la manera en que las prohibiciones de viaje y las pausas en el procesamiento de visas impuestas por el presidente Donald Trump están afectando al sur de la Florida, región que alberga a las mayores comunidades de cubanos, haitianos y venezolanos del país.

Hay más de un millón de estadounidenses —ya sean naturalizados o nacidos en el país— de ascendencia cubana, venezolana y haitiana en los condados Miami-Dade y Broward, según un recuento realizado por el Herald a partir de las estimaciones de la Oficina del Censo de EEUU. Muchos de ellos han patrocinado a sus cónyuges y familiares —ya sea dentro de Estados Unidos o en el extranjero— para la obtención de sus visas de inmigrante, o bien tienen parientes que han quedado en el limbo debido a las suspensiones impuestas por la administración Trump. Estas cifras tampoco incluyen a los residentes permanentes de los EEUU provenientes de dichos países, quienes también tienen la facultad de solicitar la tarjeta de residencia para sus familiares.

En total, el 34 por ciento de las solicitudes que se encuentran en suspenso corresponden a personas que tramitan la tarjeta de residencia, visas de inmigrante o la ciudadanía, apuntó el análisis del Instituto Cato. De igual modo, aproximadamente la mitad de las solicitudes pendientes corresponden a permisos de autorización de empleo.

El monto total de las solicitudes asciende a cerca de $1,000 millones en concepto de tasas de tramitación, según Bier. Esta cifra incluye $543 millones en solicitudes presentadas por cubanos, $138 millones por venezolanos y $56 millones por haitianos, de acuerdo con el análisis. Bier calificó la decisión del gobierno federal de aceptar las solicitudes sin procesarlas como “el mayor fraude en la historia del sistema de inmigración de EEUU”.

La investigación del Instituto Cato examinó de manera conjunta tres políticas implementadas por la administración Trump. La superposición de políticas aparentemente redundantes dirigidas a los mismos países —nuevas tasas de visado, prohibiciones de entrada y congelamientos en la tramitación de beneficios— está diseñada para crear tal cantidad de obstáculos burocráticos que las personas terminan por desistir, según han declarado expertos y abogados al Herald.

“Resulta prácticamente imposible superar todos estos obstáculos, sobre todo si se inicia el proceso en este momento; y si no es así —es decir, si lo que se intenta es patrocinar a un cónyuge—, es necesario sortear tres prohibiciones diferentes para lograr llegar a la meta”, señaló Bier. “Es, en verdad, una situación desesperanzadora”.

Durante su primer año de mandato, la administración Trump adoptó diversas medidas destinadas a restringir la inmigración legal. En junio y diciembre, Trump emitió proclamas presidenciales que prohibían la entrada a Estados Unidos —o la obtención de la mayoría de los visados— a personas procedentes de 40 países, estableciendo excepciones sumamente limitadas. La mayoría de los países afectados por estas prohibiciones se encuentran en África, aunque la lista también incluye a Cuba, Venezuela, Haití, Antigua y Barbuda, y Dominica.

Por otra parte, el Departamento de Estado dejó de emitir todo tipo de visas de inmigrante a 75 países a partir del 21 de enero, alegando que la medida se debía a que sus ciudadanos hacían uso de los programas de asistencia social de EE. UU. a “tasas inaceptables”. El Departamento de Estado tramita las visas a través de sus consulados y embajadas en todo el mundo.

Otro estudio reciente del Instituto Cato reveló que, entre 1993 y 2023, los inmigrantes generaron más ingresos fiscales que la persona promedio, así como una suma superior a lo que representaron como costo para el gobierno en términos de beneficios sociales. Asimismo, concluyó que, a lo largo de esas tres décadas, los inmigrantes generaron un superávit fiscal de 14.5 billones de dólares para el gobierno.

Además de suspender la tramitación de visados, el Departamento de Estado impuso cargos de “fianza de visado” —que oscilan entre 5,000 y 15,000 dólares— a ciudadanos de varios países (entre los que se incluyen Cuba y Venezuela) que viajan a Estados Unidos por motivos de turismo o negocios. El miércoles, el Departamento amplió este programa de fianzas a 50 países, incorporando a otros nuevos como Nicaragua y Granada.

Para obtener estas cifras, Bier comentó que tuvo que realizar una “exhaustiva labor de investigación”. El equipo del Instituto Cato tuvo que determinar el origen y la identidad de los solicitantes, además de recurrir a algunas estimaciones indirectas. Las tasas de solicitud varían en función del tipo de solicitante —es decir, si se trata de un adulto o de una persona dependiente— y de si deben abonar determinados gastos de tramitación.

Esta historia fue publicada originalmente el 20 de marzo de 2026, 2:44 p. m..