Corte federal permite a detenidos de ICE en la Florida pedir fianza para su liberación

Inmigrantes detenidos por la Policía de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en la Florida, Alabama y Georgia ahora podrán solicitar a un juez su liberación bajo fianza, luego de que un tribunal federal de apelaciones fallara a su favor en una anulación importante de las políticas del gobierno de Trump.

En un fallo de 2-1 emitido el miércoles, el 11.º Tribunal de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos en Atlanta dictaminó que la política general del gobierno de Trump que sostenía que los inmigrantes indocumentados detenidos dentro del país son “solicitantes de admisión” —lo que los hace inelegibles para la fianza a menos que puedan demostrar sin lugar a dudas que tienen derecho a la admisión— es ilegal. La política se aplicaba a personas que no fueron admitidas en un puerto de entrada como la frontera o un aeropuerto, sino que se encontraban dentro de Estados Unidos, muchos ya desde hace varios años.

La decisión es significativa para los detenidos del ICE en Florida, Alabama y Georgia, estados que tienen varias instalaciones que retienen a inmigrantes bajo custodia, muchos de los cuales ahora tendrán derecho a audiencias de fianza, aunque la concesión de la libertad bajo fianza no está necesariamente garantizada. Los centros en el sur de Florida que retienen a detenidos del ICE incluyen el Centro de Detención Krome en el condado de Miami-Dade, Alligator Alcatraz en los Everglades, el Centro de Transición de Broward en Pompano Beach y el Centro Federal de Detención en Miami.

La elegibilidad para fianza en casos de inmigración generalmente se aplica a personas que no están sujetas a detención obligatoria por razones como condenas penales, ser una amenaza para la seguridad pública o riesgo de fuga. Los inmigrantes que no pudieron solicitar fianza durante la administración de Donald Trump ahora podrán pedir a un juez su liberación en Florida, Alabama y Georgia. La decisión entra en vigor de inmediato, dijeron los abogados, y es ley vinculante para los estados en la jurisdicción del tribunal de apelaciones.

En el dictamen del tribunal de apelaciones de 2-1, los jueces dijeron que el gobierno de Trump estaba interpretando el concepto de “solicitar admisión” de maneras que el Congreso no había definido. “El gobierno quiere hacernos creer que el Congreso ha efectuado una campaña de detención masiva de todos los extranjeros no admitidos en el país”, escribieron los jueces. “Solicitar una reparación contra la deportación no es lo mismo que solicitar la admisión”. Uno de los hombres que demandó originalmente está solicitando un procedimiento llamado cancelación de la deportación, una vía que permite a las personas detener su proceso de deportación y solicitar tarjetas de residencia.

La población diaria promedio de detenidos del ICE en la Florida era de más de 5,000 a principios de abril, según investigadores de TRAC Immigration. Los detenidos fueron recogidos en Florida o traídos de otros estados.

“Trump hizo esto porque la voluntad de una persona para luchar contra su caso mientras está detenida disminuye significativamente si no sale bajo fianza y puede reunirse con su familia y seguir pagando el alquiler y alimentando a sus hijos. Es otra forma de presionar para que haya salidas voluntarias”, dijo Kenia García, una abogada de inmigración que representó a los demandantes. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) defendió el caso ante el tribunal de apelaciones.

Hay tres estatutos que el gobierno puede usar para detener a alguien bajo la ley de inmigración. Durante décadas, los inmigrantes encontrados dentro de Estados Unidos que no habían sido inspeccionados o admitidos podían solicitar una fianza a un juez en su proceso de inmigración. Pero desde que la administración Trump implementó su política, el Departamento de Seguridad Nacional ha argumentado que los inmigrantes indocumentados que están en Estados Unidos y entraron ilegalmente deben ser retenidos generalmente sin posibilidad de fianza. La agencia ha estado manteniendo a personas bajo custodia bajo un estatuto de detención obligatoria que les otorga menos derechos al debido proceso, independientemente del tiempo que hayan estado en Estados Unidos.

“En algún momento bajo Trump, el DHS cambió la forma en que interpretaban el estatuto. Dijeron que esas personas, ya sea que hubieran estado aquí durante 20 años, 30 años o 5 años, estaban en una posición como si estuvieran tocando las puertas de Estados Unidos y, por lo tanto, se consideraban solicitantes de admisión en ese momento. Y eso llevó al DHS a la conclusión de que no son elegibles para fianza y están sujetos a detención obligatoria”, dijo Vivianna Tijerino, una abogada de inmigración que también representó a los demandantes en el caso.

Otros tribunales han fallado a favor del gobierno. El fallo del 11.º Circuito describió estas decisiones como “conclusiones bien razonadas, pero claramente contrarias”.

Durante el último año, los inmigrantes se han visto obligados a recurrir a peticiones de hábeas corpus —solicitudes a jueces federales para su liberación alegando detención ilegal— solo para buscar audiencias de fianza en los tribunales de inmigración. Pero esos casos pueden ser largos y complejos en cuanto a procedimiento, y también enfrentan bajas tasas de éxito.

En el centro de la apelación estaban los casos de dos hombres mexicanos retenidos en múltiples instalaciones en el sur de Florida, incluyendo Alligator Alcatraz, Krome y el centro federal de detención en Miami. Ambos habían vivido en Estados Unidos durante varios años y fueron detenidos durante paradas de tráfico. Se les había concedido la oportunidad de audiencias de fianza a través de casos de hábeas corpus y fueron liberados, lo que el gobierno de Trump apeló.

“Vinimos aquí a trabajar. Estamos ayudando a este país y contribuyendo”, dijo el demandado Ismael Cerro, un hombre de 39 años del estado central de Hidalgo que vive en el condado de Hillsborough. Llegó a Estados Unidos hace más de una década, buscando una vida mejor y más segura para su familia. Tiene tres hijos, todos menores de edad ciudadanos estadounidenses.

Las autoridades de inmigración detuvieron a Cerro, quien trabaja en construcción y techado, de camino a su trabajo en septiembre. Pasó dos meses detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Alligator Alcatraz y el Centro de Procesamiento Krome. “No se lo desearía a nadie”, dijo al Herald. “Estamos pagando por los platos rotos de gente que hace cosas malas”.

Todavía está nervioso, esperando resolver su caso de inmigración. Pero el fallo del tribunal de apelaciones lo dejó sorprendido y esperanzado respecto a su futuro.

Los demandados nombrados fueron el alcaide del Centro Federal de Detención; el Director de la Oficina de Campo del ICE en Miami; el Director del Centro de Detención Krome; y el Director del ICE, el Secretario de Seguridad Nacional y el Fiscal General de Eta

En un comunicado al Miami Herald, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo el jueves que “está totalmente en desacuerdo con el panel del Undécimo Circuito y confía en su posición legal con respecto a la detención obligatoria”.

La posición del gobierno “fue el clavo en el ataúd de las políticas de detención y liberación de Biden”, decía el comunicado del DHS. “Es por eso que la izquierda y sus representantes activistas en el poder judicial se están resistiendo tan vigorosamente. El presidente Trump y [el secretario del DHS Markwayne] Mullin ahora están aplicando la ley tal como fue escrita para mantener a Estados Unidos seguro”.

Los expertos creen que el gobierno apelará ante la Corte Suprema, como lo ha hecho en otros casos de inmigración en los que los tribunales no fallan a su favor, especialmente porque otros tribunales federales de apelaciones han dictaminado de manera diferente.

Abogados, miembros de la comunidad y defensores de los inmigrantes en Florida celebraron la decisión. Los abogados dijeron que hará posible que las familias permanezcan juntas, que los inmigrantes mantengan a flote a sus familias y contribuyan a la sociedad mientras se escuchan sus casos, y que continúen las interpretaciones de la ley federal establecidas desde hace mucho tiempo.

“Estamos sumamente entusiasmados con esta decisión. Estamos contentos de que nuestros clientes y otros no ciudadanos vayan a tener la oportunidad que se les habría brindado en otras administraciones, que es simplemente una audiencia de fianza”, dijo Tijerino. “Creo que ‘entusiasmados’ ni siquiera lo cubre”.

Esta historia fue publicada originalmente el 8 de mayo de 2026, 11:16 a. m..