Llamaron al 911 para pedir ayuda. La policía los envió a un centro de detención de ICE

El encuentro con los agentes del alguacil fue cordial al principio. Axel Sánchez Toledo había llamado al 911 en diciembre para solicitar a la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach que verificaran el estado de su hija de 4 años. Compartía la custodia con su exesposa y había oído que su hija estaba enferma, según le comentó a un agente, mientras estaba de pie junto a su novia y su hijo pequeño.

Según muestran las imágenes de la cámara corporal, el agente interrogó a Sánchez Toledo, le quitó su licencia de conducir y desapareció en un coche patrulla. Cuando el agente reapareció, ofreció otra solución: acusó a Sánchez Toledo de ser indocumentado y dijo que estaba detenido por el ICE, según consta en los registros judiciales.

Sánchez Toledo huyó, perseguido por dos agentes. Recibió descargas de una pistola Taser, patadas y forcejeos, mientras su novia suplicaba a los agentes que se detuvieran. “Por favor, no soy un criminal”, gimió Sánchez Toledo, insistiendo en que tenía la documentación necesaria: una solicitud de asilo pendiente, según declaró posteriormente su abogado. “No quiero ir”.

“¡Qué pena me da....!”, gritó un agente.

“Él solo quería saber de su hija”, lloró su novia. “¿Por qué hacen esto?”

El agente que arrestó a Sánchez Toledo formaba parte del Grupo de Trabajo 287(g) de la oficina del alguacil, un acuerdo con ICE que permite a los agentes de policía locales hacer cumplir la ley federal de inmigración.

A medida que más agencias policiales locales se apresuran a unirse a la campaña antiinmigración del presidente Donald Trump, arrestos como el de Sánchez Toledo revelan un panorama de seguridad pública en rápida transformación: las interacciones rutinarias con la policía están dejando, incluso a algunas víctimas de delitos y a personas que llaman al 911 para pedir ayuda, vulnerables a la detención y el arresto, según ha constatado The Marshall Project.

Atraídos en parte por los pagos federales, más de 1,100 agencias policiales en todo el país, han firmado acuerdos con ICE. La mayoría en los estados del sur. Según algunos cálculos, el número de agentes locales autorizados para realizar detenciones por motivos de inmigración en Estados Unidos supera actualmente cerca de 12,000 nuevos agentes de ICE contratados durante esta administración.

Siguiendo el ejemplo de Trump, los funcionarios locales han dicho repetidamente que su objetivo es perseguir a los “malos” y han tratado de tranquilizar a los ciudadanos preocupados, asegurándoles que todavía es seguro llamar a la policía.

“No tengan miedo de la Oficina del Sheriff”, dijo el alguacil del condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, en un evento comunitario del año pasado. “Si eres víctima de un delito, estaremos ahí para ayudarte. No estamos ahí para deportarte”.

Pero en Florida, estado que lidera el país en cuanto al número de acuerdos firmados con ICE, la oficina de Bradshaw es un reflejo de la rapidez con la que la represión migratoria se está extendiendo a personas que buscan ayuda policial.

Entre las personas detenidas por la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach se encuentran un empleado de un restaurante que reportó información sobre un posible robo, una madre que denunció un hurto y pidió ayuda con su hijo, una víctima de un delito que sufrió un pequeño accidente de tránsito mientras llevaba a su hijo a la escuela, y Sánchez Toledo, quien también fue acusado de resistirse al arresto.

Solo unos 150 oficiales de los 1,500 con que cuenta el departamento fueron designados para realizar arrestos de inmigrantes, según muestran los registros de la agencia, pero arrestaron un promedio de más de 60 inmigrantes por mes entre septiembre de 2025 y marzo, el mayor número de arrestos del estado. Desde que se firmó el el acuerdo, el Departamento de Seguridad Nacional ha pagado a la Oficina del Sheriff casi un millón de dólares en reembolsos relacionados con la inmigración y otros incentivos, según los registros de pago obtenidos por The Marshall Project.

El sheriff Bradshaw, un demócrata que ha estado en el cargo durante más de dos décadas, no accedió a una entrevista para este artículo. En cambio, su oficina envió a The Marshall Project un video de relaciones públicas tomado en marzo. En él Bradshaw dice que la agencia detendrá a personas en el curso normal de sus operaciones si eran buscadas por ICE. “Nuestro enfoque está en los delincuentes”, dijo Bradshaw. “Las personas involucradas en el narcotráfico y las actividades de pandillas”.

En un correo electrónico, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional indicó que Sánchez Toledo estaba siendo sometido a un proceso de deportación. El correo también señalaba que “los inmigrantes indocumentados no son bienvenidos en Estados Unidos”.

Después de que las tácticas agresivas de ICE en Minneapolis y otras ciudades provocaran una reacción pública generalizada, los acuerdos del grupo de trabajo con la policía local han surgido como una forma más discreta para que la administración haga cumplir la ley federal de inmigración, sin incurrir en el mismo nivel de escrutinio.

Los acuerdos del Grupo de Trabajo 287(g) han existido de forma más limitada durante años. La administración Obama suspendió el programa después de descubrir que varios departamentos locales habían participado en perfiles raciales y abusos de los derechos civiles. Estos incluían la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa en Arizona, donde el entonces Sheriff, Joe Arpaio, transformó de manera notoria la agencia en un brazo de control de la inmigración. La primera administración Trump reinició el programa. En este segundo mandato, la administración está ofreciendo reembolsos de costos y pagos de incentivos, alentando a las agencias a cumplir las directivas de ICE con la mayor frecuencia posible.

Pero los críticos del programa afirman que persisten las preocupaciones sobre el perfil racial y los abusos contra los derechos civiles, ahora en un entorno regulatorio y político muy diferente. La capacitación para oficiales locales en el programa ahora es más corta que bajo administraciones anteriores. Trump ha desmantelado el brazo del Departamento de Justicia que investiga los departamentos locales por posibles abusos contra los derechos civiles. Además, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) ha eliminado su organismo de control interno, la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles, lo que deja al programa del grupo de trabajo de ICE con menos supervisión, según expresó Peter Mina, exfuncionario del DHS.

“No es que les falte dinero. Así que creo que si quisieran invertir en los recursos necesarios, podrían hacerlo. Simplemente, no lo hacen porque lo ven como un obstáculo”, ​​dijo Mina, ex subdirector de la oficina de control, que anteriormente realizaba inspecciones e investigaciones de las agencias locales de grupos de trabajo.

Mina afirmó que el despliegue de tácticas brutales por parte de muchos agentes de ICE, combinada con la falta de capacitación y supervisión, envía un mensaje claro a las fuerzas del orden locales participantes: “El mensaje es [házlo] como sea”.

Varios estados, entre ellos Florida, han aprobado leyes que exigen o alientan a las agencias policiales locales a firmar acuerdos con ICE. En Florida, el gobernador Ron DeSantis y el fiscal general James Uthmeier han tomado medidas contra los municipios que se negaron o intentaron implantar normas que limitan las acciones de control migratorio.

A medida que los agentes locales se han involucrado más en los esfuerzos contra la inmigración, algunas comunidades han comenzado a temer cada vez más a la policía.

Mariana Blanco, directora de operaciones del Centro Guatemalteco-Maya, un grupo de defensa y ayuda en Lake Worth, Florida, dijo que los acuerdos del grupo de trabajo en Palm Beach han cambiado la relación de los agentes con la comunidad, y muchos residentes ahora evitan denunciar los delitos.

“Antes siempre decíamos que debían llamar a la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach (PBSO). Pero ahora lo pensamos dos veces, incluso cuando se trata de un delito que habríamos denunciado”, dijo Blanco. “Porque hemos visto muchas veces que las nuevas denuncias perjudican en lugar de ayudar”.

Las cifras recopiladas por el estado no indican cuántos inmigrantes detenidos por agencias locales habían llamado a la policía para denunciar un delito o solicitar ayuda. Sin embargo, numerosos abogados en Florida describieron casos de clientes que fueron detenidos tras denunciar delitos o llamar al 911. La mayoría de sus clientes tenían demasiado miedo para hablar públicamente, alegando temor a represalias.

El Proyecto Marshall revisó decenas de informes de incidentes y delitos, y entrevistó a defensores, abogados y particulares del condado de Palm Beach que tuvieron contacto con la Oficina del Sheriff. Describieron cómo los agentes detenían con frecuencia a las personas para interrogarlas, a veces por infracciones menores o sin dar ninguna razón. En los registros de varios encuentros revisados ​​por el Proyecto Marshall, los agentes ignoraron las afirmaciones de las personas de que contaban con la documentación necesaria y las detuvieron de todos modos.

En diciembre, un padre llevaba a su hijo a la escuela cuando sufrió un choque leve y permaneció en el lugar para esperar a la policía.

Siete años antes, el padre y su familia habían recibido una certificación de U-visa de la Oficina del Sheriff de Palm Beach después de que su esposa fuera víctima de un tiroteo, según consta en los registros de visas. La pareja, Ramón y Elsy, pidió ser identificada solo por sus nombres de pila, alegando temor a represalias. Colaboraron estrechamente con los detectives del alguacil para procesar al autor del tiroteo. Su solicitud de visa fue aprobada, según informó su abogado.

Cuando un agente llegó al lugar del accidente en diciembre, Ramón explicó que tenía la documentación. “¿Sabes lo que está pasando en el mundo, verdad?”, se ve al agente diciéndole en la grabación de la cámara corporal, mientras se limpiaba las uñas con el permiso de conducir de Ramón. “Deberías llevar esas cosas contigo”.

Ramón dijo que podía conseguir una copia de los documentos de tramitación de la U-visa y llamó a su esposa para pedirle que se los enviara. Pero el agente no esperó a ver los documentos. En cuestión de minutos, esposó a Ramón y lo acusó de estar en el país ilegalmente. Ramón pasó unos tres meses detenido antes de ser liberado. Dijo que nunca recuperó su licencia de conducir.

La pareja dijo que antes confiaban en los agentes de policía. Ahora les temen.

“¿A quién vamos a llamar si nos pasa algo si no queremos llamar a la policía? ¿Quién se supone que nos va a proteger y hacernos sentir seguros?”, dijo Elsy en español.

No son los únicos residentes locales que afirman evitar a la policía. En varios arrestos revisados ​​por The Marshall Project, las personas huyeron al ver a los agentes, por temor a ser deportadas. Entre ellas se encontraba una mujer que vendía comida casera desde la parte trasera de su coche y un hombre que regresaba a casa en bicicleta desde la tienda sin una luz delantera que funcionara.

Los agentes los acusaron penalmente de resistirse al arresto, lo que constituye otra vía para que sean entregados a ICE. Los abogados defensores del condado de Palm Beach afirman haber observado un aumento reciente en este tipo de casos. “Venga aquí, no soy del ICE”, intentó asegurar un agente a un hombre que se encontraba en una tienda CVS cuando se reportó un hurto. El hombre intentó huir, pero los agentes lo alcanzaron, lo golpearon hasta que obedeció y lo arrestaron por resistirse al arresto, según consta en los registros del incidente. Los registros judiciales indican que el hombre fue puesto bajo custodia de ICE.

Los abogados defensores afirman que el ciclo de arrestos y detenciones por parte de ICE está saturando los tribunales locales con casos menores, como los que suelen presentarse durante esos arrestos. Sin embargo, muchos de estos casos quedan sin resolver, ya que las familias pagan la fianza, solo para ver cómo ICE detiene inmediatamente a su ser querido.

“Es algo habitual que la gente salga bajo fianza y simplemente desaparezca”, dijo Tyler Obenauf, defensor público del condado de Palm Beach. Él y otros abogados defensores afirmaron que ahora aconsejan a sus clientes que también se enfrentan a una posible transferencia a ICE que no paguen la fianza.

“Les decimos: No paguen la fianza. Si la pagan, no saldrán; inmigración vendrá a buscarlos”, dijo Obenauf. Añadió que cuando un cliente desaparece bajo custodia de ICE, puede resultar imposible preparar una defensa eficaz.

Las pruebas en estos arrestos rara vez se analizan minuciosamente. Pero en el caso de Sánchez Toledo, el padre que llamó al 911 para solicitar una verificación de bienestar, las imágenes de la cámara corporal ofrecen una perspectiva de cómo actúan algunos policías locales al detener a personas para ICE.

Mientras Sánchez Toledo se quejaba del dolor que le causaban las esposas, el agente que lo arrestó insistió en esposarlo con un segundo par.

Después de que subieran a Sánchez Toledo a la ambulancia para atender sus heridas, el agente tomó sus botas vaqueras marrones y las alzó en el aire. “Ahora no vas correr”, dijo a sus compañeros antes de arrojar las botas al suelo de su patrulla.

El agente también abrió la puerta de un auto cercano, donde la novia de Sánchez Toledo estaba sentada en el asiento del conductor llorando e intentando consolar a su bebé. “Será mejor que se vaya, o la arrestarán. Es hora de que se marche. Él regresa a Honduras”, dijo el agente antes de cerrar la puerta de golpe.

Durante cuatro meses, Sánchez Toledo permaneció en la cárcel del condado de Palm Beach, a la espera del juicio por el cargo de resistencia al arresto. El 29 de abril, la fiscalía accedió a retirar los cargos, con la condición de que Sánchez Toledo escribiera una carta de disculpa al agente que lo arrestó. Sánchez Toledo accedió.

“Lamento mucho lo sucedido que lo colocó a usted en una situación complicada”, escribió su abogado, Isai Bonilla, traduciendo el dictado en español de Sánchez Toledo. “En ese momento, tenía miedo de separarme de mis hijos. No sabía cómo manejar la situación, ya que nunca había vivido algo así. Respeté la ley y el orden de la policía”.

Los fiscales desestimaron rápidamente el cargo. Pero Sánchez Toledo permaneció en la cárcel de Palm Beach. El 1 de mayo, ICE lo detuvo y ahora se encuentra en un centro de detención de inmigrantes, a la espera de una posible deportación. No ha visto a su hija desde diciembre. Según Bonilla, esta experiencia ha transformado por completo la percepción que Sánchez Toledo y su familia tienen de las fuerzas del orden.

“Pidieron ayuda, y ocurrió todo lo contrario”, dijo Bonilla. “Están traumatizados por todo esto”.

Información adicional proporcionada por Jill Castellano.

Este artículo fue publicado en colaboración con The Marshall Project, una organización de noticias sin fines de lucro que cubre el sistema de justicia penal de los Estados Unidos. Regístrese para recibir sus newsletters, y sígalos en Instagram, TikTok, Reddit and Facebook.

Esta historia fue publicada originalmente el 13 de mayo de 2026, 11:06 a. m. with the headline "Llamaron al 911 para pedir ayuda. La policía los envió a un centro de detención de ICE."