Juez pone fin a la suspensión de las solicitudes de inmigración de cubanos y venezolanos
Un juez federal puso fin el viernes a la congelación de las solicitudes de beneficios migratorios de más de un millón de haitianos, cubanos y venezolanos, en un fallo que anuló politicas claves de la agenda de la administración Trump.
El juez presidente John J. McConnell, Jr., del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para Rhode Island, determinó que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, USCIS, se excedió en su autoridad, tomó decisiones sin ofrecer las explicaciones necesarias y utilizó la seguridad nacional como pretexto para fundamentar decisiones basadas en sentimientos antiinmigrantes.
En total, el juez anuló cuatro políticas del USCIS: la congelación de todas las solicitudes de asilo y retención de deportación para todas las nacionalidades; la suspensión de las solicitudes de inmigración pendientes de 39 países, incluidos Cuba, Haití y Venezuela; el mandato de revisar todas las solicitudes de inmigración aprobadas durante la era Biden para dichos países; y el requisito de que los funcionarios del USCIS consideren ciertas nacionalidades como un factor negativo al decidir sobre una solicitud.
«La retención de las adjudicaciones por parte del USCIS no puede atribuirse a ninguna falta cometida por estas personas; más bien, surge únicamente por el azar de su nacimiento», escribió el juez, quien fue nombrado para el tribunal federal por el presidente Barack Obama. «En términos legales, esto significa que las acciones del USCIS son contrarias a la ley, arbitrarias y caprichosas».
En una declaración al Miami Herald, James Percival, asesor jurídico general del Departamento de Seguridad Nacional, afirmó: “La izquierda ha estado utilizando la misma estrategia con las llamadas reclamaciones de ‘animosidad’ desde el 2017. Es sabotaje disfrazado de legalidad. Funciona así: (1) la administración es racista; (2) por tanto, una política que no me gusta está motivada por la raza; (3) por tanto, es inválida. Han utilizado esto en prácticamente todas las políticas del Departamento de Seguridad Nacional de la era Trump”.
Mientras tanto, defensores, expertos y abogados celebraron la decisión este viernes.”
“Es una noticia maravillosa para muchas personas que han estado atrapadas en el limbo durante muchos meses”, declaró al Herald Jorge Loweree, director general de programas y estrategia del American Immigration Council. “Estos cambios políticos son un claro ejemplo del enfoque general de la administración hacia la inmigración y de su incesante deseo de hacer todo lo posible por desmantelar el sistema”.
La decisión brindará alivio a muchos residentes del sur de Florida, donde muchos cubanos, haitianos y venezolanos han tenido sus solicitudes congeladas durante meses. Un informe del Instituto Cato de marzo estimó que había más de 1.2 millones de solicitudes congeladas de estas tres nacionalidades, lo que representa la mayor parte del total de 2 millones de solicitudes bloqueadas.
En el fallo, el juez escribió que la administración Trump a menudo declaró en documentos judiciales que quienes deseen venir a los Estados Unidos deben cumplir con la ley.
“Este caso sirve como un ejemplo perfecto de cómo hacer precisamente eso... por ejemplo, han presentado la documentación, pagado las tasas requeridas, se han sometido a la toma de datos biométricos solicitada y han asistido a las entrevistas personales necesarias”, escribió McConnell, añadiendo que todavía estaban «atrapados esperando».
La administración Trump aún podría solicitar la suspensión de la orden ante un tribunal de apelaciones o pedir la intervención de la Corte Suprema mediante una solicitud de emergencia, como ha hecho en casos federales de inmigración donde los jueces han fallado en su contra.
Y en un acontecimiento que alarmó a los expertos legales, el Secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, no pudo garantizar al Congreso esta semana que el DHS cumpliría con las órdenes judiciales, y que evaluaría si estas tenían motivaciones políticas. Loweree calificó las declaraciones como “increíblemente preocupantes”.
La decisión del tribunal federal del viernes se deriva de una demanda presentada por organizaciones sin fines de lucro y sindicatos, incluidos el Dorcas International Institute of Rhode Island, la Asociación Venezolana de Massachusetts y el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios. La demanda fue interpuesta contra el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración y sus altos mandos.