‘Noem mintió’: Documentos sugieren que el DHS ignoró la ley para poner fin al TPS de Haiti
El Departamento de Seguridad Nacional no cumplió con la ley al poner fin al Estatus de Protección Temporal para Haití, según documentos internos del gobierno presentados como parte de un caso ante la Corte Suprema que podría determinar el destino de cientos de miles de inmigrantes en Estados Unidos, muchos de ellos residentes del sur de Florida.
Según la ley federal, el DHS debe consultar a las “agencias pertinentes” para evaluar las condiciones en el lugar de un país cuya designación de TPS está pendiente de renovación. El verano pasado, la agencia declaró en un comunicado de prensa que la entonces secretaria Kristi Noem basó la decisión de poner fin al TPS para Haití en una “evaluación de las condiciones en Haití realizada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) y en consultas con el Departamento de Estado”. El aviso publicado en el Registro Federal sobre dicha terminación también indicaba que el DHS había consultado a las agencias “pertinentes”.
Sin embargo, esa consulta con el Departamento de Estado —exigida por ley— no se llevó a cabo, según se desprende de un intercambio de correos electrónicos entre funcionarios del USCIS mientras evaluaban la cancelación del TPS para Venezuela en un caso aparte.
“Dado que la ley exige que [Noem] consulte a otras agencias federales (tradicionalmente el Departamento de Estado) y no hemos recibido ninguna recomendación de su parte, ¿puede [Noem] optar por algo distinto a una prórroga automática?”, preguntó un funcionario del USCIS el 13 de junio de 2025.
Otro funcionario del USCIS respondió: “Puedo informar que [Noem] decidió recientemente poner fin a la designación de Haití sin contar con un informe sobre las condiciones del país por parte del Departamento de Estado”.
Otros correos electrónicos, también incluidos en el conjunto de documentos internos, revelan cómo los funcionarios del USCIS instaron inicialmente a prorrogar automáticamente el TPS para Haití y cómo la dirección de la agencia revirtió dicha recomendación.
Esta situación se produce mientras la Corte Suprema evalúa un caso basado en dos solicitudes de emergencia de la administración Trump que buscan eliminar las protecciones del TPS para 348,000 haitianos y 6,000 sirios. Si los magistrados aceptan el argumento del gobierno de que las decisiones sobre el TPS no están sujetas a revisión judicial, se allanaría el camino para la deportación de cientos de miles de personas.
El caso es de gran relevancia en Florida, donde residían —para marzo de 2025— más de un tercio de todos los haitianos acogidos al TPS (unas 145,000 personas). Asimismo, podría tener repercusiones más allá de estas dos nacionalidades y dejar a los inmigrantes amparados por el TPS de otros países sin posibilidad de impugnar la cancelación de dicho estatus ante los tribunales federales.
El miércoles, los abogados que representan a los beneficiarios del TPS solicitaron a la Corte Suprema que desestimara el caso consolidado, argumentando que los documentos revelan que los magistrados aún no disponen de todos los hechos y que la decisión de poner fin al TPS para Haití estaba predeterminada y motivada por prejuicios.
“Debería importar que la exsecretaria del DHS, Noem, mintiera”, afirmó Emi MacLean, abogada de la ACLU del norte de California que representa a los demandantes en un litigio paralelo. “La Corte Suprema no debería ser cómplice. Los mecanismos de control y equilibrio existen por una razón, y las acciones del gobierno en este caso demuestran exactamente por qué no se le debe otorgar una discrecionalidad ilimitada”.
Por su parte, un beneficiario haitiano del TPS, identificado únicamente como A.A., declaró en un comunicado de la ACLU: “Me entristece que el gobierno de Estados Unidos tergiverse la verdad sobre las condiciones en Haití para poder deportar a personas como yo”.
En respuesta a preguntas sobre si Noem había consultado al Departamento de Estado al cancelar el TPS para Haití, dicha agencia envió el miércoles el comunicado de prensa original de junio de 2025 en el que se anunciaba la cancelación. Un portavoz del Departamento de Estado remitió al Herald al Departamento de Seguridad Nacional para todo lo relacionado con el Estatus de Protección Temporal (TPS).
Otros correos electrónicos revelan también cómo se gestó la cancelación del TPS dentro de la burocracia del Departamento de Seguridad Nacional. Ya a finales de abril se estaba redactando un borrador para la cancelación del programa para Haití, antes incluso de que se realizara una evaluación de las condiciones del país. Documentos internos presentados en el caso muestran que, para el 27 de mayo, un borrador elaborado por un alto funcionario recomendaba “no tomar ninguna decisión/prórroga automática... basándose en una revisión de las condiciones actuales en Haití”.
“Esta recomendación se formula a la luz de la reciente escalada de violencia; la naturaleza cambiante del entorno de seguridad hace prematuro comprometerse con cualquier decisión política permanente en este momento”, señala el memorando.
Sin embargo, correos electrónicos y documentos revelan que el borrador de la recomendación fue modificado tras llegar al despacho de Joseph Edlow —actual director del USCIS—, incluso después de haber recibido el visto bueno de otros altos cargos de la agencia. Según un correo electrónico del 30 de mayo de 2025, tras las modificaciones indicadas “verbalmente” por Edlow, la recomendación pasó a ser la cancelación del TPS para Haití. El borrador original afirmaba que “una prórroga del TPS para Haití es contraria al interés nacional de Estados Unidos” y eliminaba cualquier mención a la extrema violencia de las pandillas que asola al país caribeño.
Un memorando del 3 de junio sobre la decisión de cancelar el TPS de Haití indicaba que, “a fecha del 2 de junio, el USCIS no había recibido comentarios del Departamento de Estado sobre la designación de TPS para Haití”. Edlow, nombrado por Trump, fue confirmado por el Senado en julio.
Haití fue designado por primera vez para el TPS en enero de 2010, después de que un terremoto de magnitud 7,0 cobrara la vida de unas 316,000 personas, devastara Puerto Príncipe y destruyera infraestructuras críticas. La administración Biden amplió la designación tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse y otro terremoto ocurrido en agosto de 2021.
El país sigue atravesando condiciones críticas. Naciones Unidas estima que la violencia de las pandillas ha causado la muerte de más de 2,300 personas desde principios de año y que cerca de 1,5 millones de personas se encuentran actualmente desplazadas. Asimismo, el organismo internacional determinó que 5,8 millones de haitianos —el 52% de la población total— se enfrentan a niveles de inseguridad alimentaria propios de una crisis.
El presidente Trump ha intentado cancelar la designación de TPS para Haití desde su primer mandato. La decisión de cancelar el TPS para Haití dio lugar a múltiples demandas judiciales.
En febrero, la jueza de distrito Ana C. Reyes, de Washington D.C., bloqueó la cancelación del TPS para Haití y mantuvo vigentes las protecciones contra la deportación. La magistrada señaló que el Departamento de Estado de la administración había emitido alertas de “No viajar” a Haití para los ciudadanos estadounidenses y que Noem había hecho comentarios discriminatorios y prejuiciosos sobre los haitianos. Al igual que en la correspondencia revelada recientemente, Reyes también señaló que Noem “no consultó en absoluto a otras agencias” para la revocación de la designación.
En respuesta, el gobierno de Trump presentó una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema en marzo, pidiendo a los magistrados que permitieran poner fin al TPS para Haití. El procurador general D. John Sauer argumentó que los tribunales inferiores se habían extralimitado en sus facultades al intervenir en “un ámbito de amplio margen de discrecionalidad del Poder Ejecutivo”. Esta fue la cuarta vez que el gobierno acudió a la Corte Suprema en relación con el TPS, después de que los tribunales inferiores fallaran a favor de los beneficiarios del programa.
La Corte Suprema acumuló las solicitudes de emergencia del gobierno para poner fin al TPS para Siria y Haití, y acordó escuchar los argumentos orales en abril. Se espera una decisión en las próximas semanas.
La Haitian Bridge Alliance, una organización de defensa de los derechos de los inmigrantes haitianos, instó a la Corte Suprema a rechazar la petición del gobierno de terminar con el TPS y a ratificar los fallos de los tribunales inferiores que respaldan dichas protecciones.
“El Estado de derecho exige más que una decisión: requiere un proceso justo y legal”, afirmó el miércoles Guerline Jozef, directora ejecutiva de la Haitian Bridge Alliance, en un comunicado.