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Así es como Miami, un importante destino del oro venezolano, ayuda a Maduro mantenerse a flote

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Venezuela: El paraíso de los contrabandistas


En momentos en que Venezuela colapsa bajo una depresión económica de dimensiones pocas veces vista en el último siglo, al aislado régimen de Nicolás Maduro aún le queda un salvavidas que lo ayuda a mantenerse a flote: el oro.

Las selvas del sur venezolano esconden toneladas del precioso metal, codiciado por banqueros, joyeros y fabricantes de productos electrónicos en todo el mundo. Durante la última década, decenas de miles de venezolanos empobrecidos han migrado hacia la zona desde otras partes del país para probar suerte en la minería ilegal, contagiados por la fiebre del oro.

La minería ilegal es controlada por elementos corruptos de las fuerzas armadas, la guerrilla colombiana y organizaciones delictivas venezolanas, en desenfrenadas operaciones de explotación que están destruyendo el frágil ecosistema de la selva, grandes cantidades de árboles y contaminando ríos y cuencas con mercurio, una sustancia en extremo tóxica.

Como resultado, la producción de oro venezolano ha aumentado significativamente y parte de la producción se está contrabandeando a través de la vecina Colombia hacia uno de los principales mercados mundiales del metal: Miami.

Organismos de seguridad en Colombia y Estados Unidos se empeñan en descubrir las redes venezolanas de contrabando, según fuentes familiarizadas con esas investigaciones. También tienen la mirada puesta en refinerías y comerciantes bajo sospecha de que se benefician del oro contrabandeado.

Estos esfuerzos por contener las operaciones ilegales con el “oro de sangre” es visto como importante para combatir a organizaciones colombianas del narcotráfico, que lavan el dinero obtenido con la venta de cocaína comerciando con el metal venezolano, así como para frenar al Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización guerrillera colombiana que ha añadido el contrabando de oro a su cartera de operaciones criminales, que también incluye el narcotráfico y la extorsión.

Determinar quienes están comprando “oro de sangre” venezolano es difícil, pero es visto como un paso importante por la administración del presidente Donald Trump en su intento por reducir las fuentes de ingresos que mantienen en pie al régimen de Maduro.

Maduro usa el dinero que generan las operaciones de oro y minería ilegal para comprar la lealtad de los militares. Debilitar esas operaciones restringiría el respaldo que recibe de las fuerzas armadas, señalan analistas y antiguos aliados.

Una vez que el oro venezolano entra al mercado estadounidense, se refina y se vende a grandes compañías. Eso significa que “oro de sangre” puede terminar en su reloj, sus joyas, su teléfono móvil o su auto.

De esa manera no solo está el consumidor estadounidense financiando sin saberlo un régimen que a los ojos de muchos se ha convertido en un sindicato del crimen organizado, sino que Miami —la capital del movimiento antimadurista— también es un importante piñón en la maquinaría de contrabando que ayuda a Maduro mantenerse en el poder.

Desplazarse hacia abajo

Con una economía abrumada por un colapso histórico y una reducción sustancial de la producción petrolera, el gobierno de Venezuela ha echado mano a uno de sus últimos salvavidas: el oro. El metal lo extraen de minas ubicadas en las selvas gente del gobierno, pandillas delictivas y grupos guerrilleros que usan equipos pesados y mercurio.

Parte del oro se contrabandea a la vecina Colombia en aviones, camiones, embarcaciones fluviales y mulas humanas. Otros cargamentos se envían por mar o avión a las islas caribeñas de Aruba y Curazao. Para ello, se falsifican documentos que indican que el oro se extrajo legalmente en Colombia u otro país. Los carteles de las drogas invierten frecuentemente en el negocio del oro para lavar dinero sucio.

El oro se envía entonces por avión a Miami, uno de los principales mercados mundiales del preciado metal. Otros cargamentos se envían a Turquía, los Emiratos Árabes Unidos y Suiza.

Después que se refina en Estados Unidos, el oro puede venderse a bancos, joyeros y empresas fabricantes de equipos electrónicos, y al final el metal termina en el bolsillo o alrededor del cuello de los consumidores.

Entonces se envía el efectivo a Venezuela a través de Colombia y el Caribe, y al final llega a manos del régimen de Maduro.

EL RECURSO FINAL DE MADURO

“El Arco Minero [la región minera bajo explotación] es la caja china de ellos para mantenerse en el poder. Compensa el colapso que está padeciendo la producción petrolera”, dijo Cliver Alcalá, un mayor general venezolano sancionado por Estados Unidos que rompió con Maduro y hoy vive exiliado en Colombia.

Esta primavera, autoridades colombianas presentaron cargos contra el exportador CIJ Gutiérrez por vender oro ilegal. Un investigador colombiano dijo que la compañía obtenía metal de minas ilegales de Venezuela y Colombia.

Parte de los envíos de oro venezolano, que por ley debería ser vendido solo al Banco Central de ese país, se contrabandea a través de islas del Caribe, como Curazao y Aruba.

Aunque sólo compañías estatales tienen autorización legal de operar las minas, la producción ilegal en manos de decenas de miles de mineros artesanales termina “en manos de un gobierno mafioso”, dijo un alto funcionario del régimen familiarizado con las operaciones mineras.

El funcionario, quien pidió no ser identificado, dijo que el círculo interno de Maduro tomó el control de la mayor parte de la producción artesanal, previamente dominada por organizaciones delictivas, hace unos tres años.

El grupo, conocido como El Equipo, es encabezado por la esposa de Maduro, Cilia Flores, y su familia, con ayuda del jefe de la Dirección de Contrainteligencia Militar, Rafael Hernández Dala. Flores y Hernández Dala han sido sancionados por el gobierno de Estados Unidos.

Otras fuentes familiarizadas con las operaciones ilegales dijeron que el ministro del Poder Popular para Industrias y Producción Nacional de Venezuela y vicepresidente del Área Económica, Tareck El Aissami, es otro integrante clave de El Equipo. El Aissami —quien está a cargo de la minería en Venezuela— también ha sido sancionado por Washington, bajo acusación de ser un operador clave del narcotráfico, y enfrenta cargos federales.

La mayor parte del oro venezolano que llega a Estados Unidos ingresa a través del Aeropuerto Internacional de Miami en barras rudimentarias. Luego se vende a comerciantes del metal en distintos puntos del país, dijeron fuentes policiales, así como integrantes de la industria y funcionarios del régimen venezolano entrevistados por el Miami Herald y el Nuevo Herald en alianza con el consorcio internacional de periodistas liderado por la organización brasileña de noticias InfoAmazonia.

Frecuentemente, la documentación que acompaña al metal venezolano declara que se extrajo legalmente en Colombia, para ocultar su verdadero origen.

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Vista del primer piso del Seybold Building, un edificio histórico de Miami donde hay numerosas joyerías., Donna E. Natale Planas

En ocasiones, en un proceso conocido como smurfing, que en las minas ilegales de oro de Venezuela se conoce como pitufeo, los contrabandistas simplemente se adornan con joyas fabricadas con oro venezolano y una vez que salen del aeropuerto van al Seybold Building, en el downtown de Miami.

El edificio de 10 pisos está repleto de joyerías y vendedores mayoristas de oro, algunos de los cuales están dispuestos a comprar sin hacer muchas preguntas, dijeron fuentes policiales y de la industria. Una cadena de oro gruesa puede llegar a pesar un kilogramo y valer más de $40,000.

Debido a la desenfrenada corrupción vinculada con el régimen de Maduro y los vínculos de la industria del país con narcotraficantes sudamericanos, bandas delictivas y organizaciones guerrilleras, el oro venezolano se vuelto tóxico, comercial y políticamente.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos recientemente impuso sanciones a la compañía estatal Minerven, prohibiendo la compra del oro proveniente de la minera venezolana, pero la mayoría de las compañías estadounidenses ya llevaban años evitando comprar oficialmente el metal a Venezuela.

“El régimen ilegítimo de Maduro está saqueando la riqueza de Venezuela y, al mismo tiempo, pone en riesgo a las poblaciones indígenas al invadir áreas protegidas y provocar deforestación y pérdida de hábitats”, explicó el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven T. Mnuchin, al anunciar la sanción el 19 de marzo. “Tenemos la determinación de actuar enérgicamente contra quienes estén implicados en las actividades temerarias de comercio ilícito de oro que lleva a cabo Maduro, que contribuyen a esta crisis financiera, humanitaria y ambiental”.

Pronunciamientos como esos significan que el oro venezolano debe ser llevado primero de contrabando a países vecinos para “legalizarlo”, como si fuera de producción local, antes de poder llevarlo a Estados Unidos.

Aunque pagar sobornos a cambio de favores gubernamentales es más bien habitual en países latinoamericanos productores de oro, Maduro emerge como el único gobernante vinculado directamente con el contrabando de oro, dijeron funcionarios estadounidenses y observadores de la industria.

¿La razón? La principal fuente de ingresos del país, la industria petrolera estatal, ha sido llevada a la ruina por cleptócratas cercanos a él y a su antecesor, el fallecido presidente Hugo Chávez. Durante décadas, presuntamente se han robado y lavado miles de millones en fondos petroleros a través de bancos europeos y bienes raíces, aseguran los funcionarios y los observadores.

Hoy, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) está a punto de colapsar, agobiada por una gigante deuda, la corrupción del régimen y la mala administración. La empresa también es golpeada por la acelerada pérdida de empleados calificados, que se han sumado al éxodo de los que huyen del país.

La acelerada caída de los ingresos petroleros está llevando a Maduro a depender cada vez más en la minería ilegal.

“Con el petróleo Maduro no puede insistir simplemente que su gente perfore más rápido”, dijo James Bosworth, fundador de la consultora de riesgo político Hxagon, quien ha investigado la industria aurífera de Venezuela. “Pero con la minería de oro, el gobierno y los distintos grupos paramilitares pueden insistir en que la gente excave o dinamite más y más, hasta que encuentren oro. Es peligroso y destruye el medioambiente, pero sí aumenta la producción a corto plazo”.

El régimen de Caracas no respondió a solicitudes de declaraciones para este reportaje.

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Vista aérea de una mina ilegal en el Parque Nacional Canaima, estado Bolívar, en el sureste de Venezuela. La insaciable demanda de oro, buena parte de ella en Estados Unidos, combinado con el colapso de la economía venezolana, ha generado una fiebre de oro sin precedentes, y minas ilegales como esta funcionan en muchas regiones del país. Miami es el puerto de entrada de buena parte de ese oro. FEDERICO PARRA AFP/Getty Images

El oro venezolano se está usando de distintas maneras. Parte se vende a importadores suizos, turcos y de los Emiratos Árabes, según testimonios brindados por las fuentes e informes de prensa. Parte se usa en un acuerdo firmado entre Turquía y el Banco Central de Venezuela para adquirir alimentos, y parte se usa como garantía de préstamos, aunque el metal entregado en depósito ha comenzado a ser incautado por los bancos por incumplimiento de pago.

El sur de Florida entra en juego de la siguiente manera: grandes cantidades de oro venezolano se contrabandea en vehículos, avionetas o embarcaciones, o simplemente se transporta a pie a través de la frontera con Colombia, a veces con ayuda de integrantes del ELN.

Los contrabandistas luego preparan documentación falsa que declara que el oro se extrajo legalmente en Colombia, y luego se vende en Miami y en otros mercados.

“Mucho oro venezolano está llegando a Miami, pero [disfrazado] de oro colombiano”, dijo Iván Díaz Corzo, ex miembro de la Unidad Nacional contra la Minería Ilegal de la Policía colombiana.

Importadores de Florida compraron alrededor de un tercio de las exportaciones totales de oro de Colombia en 2016, según un estudio de la Organización para el Desarrollo Económico.

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JUAN BARRETO AFP/Getty Images

Parte de esos envíos fue oro extraído en Venezuela. Pero nadie sabe en qué proporción, dijo Leonardo Guiza, profesor de la Universidad del Rosario y director del Observatorio Colombiano de Minería.

El año pasado, según sus propias cifras, Colombia produjo 35 toneladas métricas de oro, según a Asociación Colombiana de Minería. Pero el país exportó 45 toneladas métricas.

Esos números no cuadran. Aunque parte de la discrepancia puede atribuirse a la producción de pequeños mineros, parte de la diferencia se debe al oro contrabandeado de países vecinos, como Venezuela. (La industria del oro usa toneladas métricas, que son aproximadamente 10% más pesadas que la tonelada de Estados Unidos)

En la ciudad fronteriza de Cúcuta, un contrabandista venezolano que se identificó como “Harold” dijo que su método favorito es vaciar naranjas y rellenarlas con oro. Cada bolsa de naranjas puede contener hasta $20,000 en oro.

Aunque Colombia es una ruta de contrabando popular, el oro venezolano también se envía a través de las islas caribeñas de Curazao, Bonaire, Aruba, y otras veces República Dominicana, antes de llegar al sur de Florida. Curazao ha exportado 82 toneladas métricas de oro a Estados Unidos desde el 2014, según datos de Aduanas.

Etienne Casiano, un portavoz de la agencia aduanera de Curazao, dijo este año que más del 90% de la oferta de oro de la isla proviene de Venezuela, gran parte de ella a través de aviones privados, antes de salir hacia Europa, los Emiratos Árabes y el sur de Florida.

En junio, cuando el equipo de investigación trabajaba en este reportaje, el gobierno de Curazao anunció abruptamente que prohibía la importación de oro venezolano.

“Hay indicios de que el comercio y transporte del oro [venezolano] está en algunos casos acompañado de varias formas de crimen organizado y transfronterizo“, expresó el gobierno en un comunicado.

El oro venezolano también se transporta en jets privados a Aruba, unos 30 kilómetros al norte de la costa de Venezuela. Datos de exportación de Aruba muestran que World Precious Metals, compañía con sede en Miami, recibió seis envíos de oro desde la isla en 2014 y 2015. ¿El origen del metal? Venezuela, según los registros de aduana de Aruba.

Dos compañías con sede en Miami, una de ellas registrada como World Precious Metals y la otra como WPM Miami Inc., niegan tener vinculación alguna con esas importaciones.

Los abogados de Vickan Bedoyan y Harout Samra, los codueños de World Precious Metals involucrados actualmente un una disputa comercial, dijeron por separado que sus clientes no eran responsables de operaciones con esas características.

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Un minero saca agua con un cubo en la mina Las Parcelas, Tumeremo. Algunas veces, especialmente durante la temporada de lluvias, las minas se inundan y las paredes colapsan, provocando la muerte de trabajadores. "Lo que la mina te da, la mina te lo quita", dicen los mineros. Ignacio Marin For the Miami Herald

Durante las últimas dos décadas, Miami ha ganado fama como destino del oro ilegal proveniente de América Latina. La ciudad cuenta con el mayor aeropuerto internacional más cercano a Perú y Colombia, donde bandas delictivas extraen oro ilegalmente, actividades que causan daños ambientales en la selva y abusan de los trabajadores. Un nutrido grupo de comerciantes de metales preciosos ha emergido en el sur de la Florida, entre ellos una de las mayores refinerías de oro del país.

Hay grandes incentivos económicos para comerciar con oro. Hoy, el precio del metal fluctúa cerca de los $1,400 por onza, el triple del valor que tenía en 2005, aunque su precio más alto, $2,000 por onza, se alcanzó en 2011. Eso significa que el oro vale más que la cocaína.

“Aquí hay mucha gente dispuesta a comprar oro”, dijo un funcionario policial estadounidense al tanto de las investigaciones del contrabando del metal, quien no estaba autorizado a hablar del caso públicamente. “[Los compradores] miran los papeles [de procedencia] pero en realidad no verifican”.

Algunos comerciantes van más allá de simplemente hacerse de la vista gorda y participan en las operaciones de contrabando. En 2017, fiscales federales de Estados Unidos presentaron cargos contra NTR Metals, con sede en Miami, por presuntamente participar en una masiva confabulación de lavado de dinero. Según las autoridades, los operadores compraron intencionalmente $3,600 millones de oro extraído ilegalmente en Perú entre 2012 y 2016.

Surinam, gobernado por un aliado de Maduro acusado en Holanda de cargos de narcotráfico, también ha abierto una refinería que algunos sospechan procesa oro venezolano. Y la región minera de Venezuela también produce otros minerales valiosos que se explotan para financiar al régimen, como diamantes y Coltán, que se usa en la fabricación de teléfonos móviles y baterías para autos eléctricos.

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JUAN BARRETO AFP/Getty Images

José Colina, presidente de la agrupación de activistas Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, dijo que es escandaloso que el oro explotado ilegalmente por el régimen de Maduro se venda en Miami.

“Estados Unidos debería expandir aún más las sanciones para incluir a las compañías que están ayudando al régimen mantenerse a flote”, manifestó.

La unidad de investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y la Policía Nacional de Colombia, además de fiscales de ambos países, están encabezando las investigaciones sobre el oro sucio.

“La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) reconoce la importancia del oro en los fraudes aduaneros y en la manera en que el oro se usa para lavar recaudos ilícitos”, dijo Kevin Tyrrell, agente especial adjunto encargado de HSI en Miami.

“El HSI seguirá concentrándose en el movimiento mundial del oro que tiene vínculos con Estados Unidos y hará todos los esfuerzos para rastrearlo hasta su país de origen, como Colombia, Venezuela y México”.

Guiza, el director del Observatorio Colombiano de Minería, dijo que no hay métodos perfectos para que compañías estadounidenses puedan garantizar que el oro proviene de fuentes legítimas, pero recomendó que trabajen estrechamente con los proveedores colombianos para garantizar que el mayor número de controles.

Los compradores también pueden usar la base de datos que el Observatorio ofrece de manera gratuita para investigar las zonas que han sido vinculadas con actividades sospechosas o han sido denunciadas por infringir normas ambientales.

Otra ONG colombiana, la Alianza para la Minería Responsable, trabaja con mineros artesanales en América Latina, Asia y África para garantizar el respeto a las leyes laborales y ambientales, y ayuda a formalizar las operaciones. La organización certifica el oro con el estándar de Minería Justa Fairmined.

Venezuela fue durante mucho tiempo una de las naciones más ricas de Sudamérica.

Hoy la producción de petróleo, el motor principal de la economía, está cayendo más rápido de lo que ocurrió en Irak después de la invasión liderada por Estados Unidos en 2003. La producción de crudo, que hace dos décadas superaba los 3.2 millones de barriles diarios, hoy es de unos 700,000 barriles diarios.

De la misma manera, el Producto Interno Bruto de Venezuela ha caído en más de 50% desde que Maduro asumió el poder en 2013 tras la muerte de Chávez. La inflación está fuera de control, superando la tasa anual del millón por ciento. Una taza de café con leche, que costaba 2,000 bolívares en marzo, valía 5,500 bolívares en la primera semana de mayo.

Los venezolanos también tienen el salario mínimo más bajo de toda la región, por debajo de Cuba e incluso Haití. Sumando 65,000 bolívares (incluyendo el bono alimentario) al mes, el salario mínimo apenas puede cubrir el costo de comprar esa taza de café con leche una vez cada tres días.

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Un hombre sopla sobre granos de oro para enfriarlo. Aunque importar oro venezolano a Estados Unidos es ilegal, sucede con mucha frecuencia y casi siempre entra por Miami, el corazón de la oposición al gobernante Nicolás Maduro. Ignacio Marin For the Miami Herald

Como consecuencia del colapso económico, unos cuatro millones de Venezolanos, más de una décima parte de la población, han salido del país, en un éxodo de refugiados e inmigrantes que está inundando los países vecinos.

Al sur del río Orinoco está el metal precioso que está ayudando a Maduro mantenerse a flote.

En 2016, Maduro denominó Arco Minero la zona rica en minerales que cubre 12% del territorio venezolano.

Pero lo que vino después fue una ola de violencia, que dejó una secuela de masacres, cuando bandas delictivas rivales se enfrentaron por el control del tesoro de la selva. El año pasado los militares mataron a 18 civiles, entre ellos un niño. Muchas de las víctimas fueron ejecutadas con disparos en la cara, según la agencia Bloomberg.

La ONG International Crisis Group reporta que 107 personas han muerto en 12 masacres en el estado minero Bolívar desde el 2016.

Ex funcionarios del régimen de Maduro estiman que el Arco Minero produce alrededor de 35 toneladas métricas de oro al año, más de cuatro veces la cifra oficial. Ese nivel convierte a Venezuela en uno de los productores de oro más grandes de América Latina, aunque muy por debajo de Perú, con sus 150 toneladas métricas al año.

Según el régimen, el Arco Minero tiene reservas de más de 8,000 toneladas de oro, uno de los mayores depósitos del planeta.

La fiebre del oro comenzó en 2011, cuando Chávez nacionalizó la industria, arrebatándole a compañías multinacionales el derecho de extraer el metal.

Atraídos por la promesa de grandes fortunas, mineros ilegales llegaron en ola a la región. En 2012, cuando el general Alcalá comandaba la región, dijo que había un máximo de 40,000 mineros ilegales. Hoy el militar estima que el número podría estar cerca de medio millón.

“Casi toda la extracción de oro está saliendo ilegalmente de zonas protegidas”, dijo Alcalá, quien está en la lista de sanciones de Estados Unidos por sus vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), según el Departamento del Tesoro.

Los mineros rudimentarios hacen caso omiso a las regulaciones ambientales y usan mercurio para separar las piedras comunes del oro en un proceso que los expone a ellos y a los vecinos de la zona al riesgo de envenenamiento. El proceso también suele crear grandes piscinas de agua estancada que facilita la reproducción de mosquitos, lo que a su vez ha propiciado el aumento de casos de enfermedades como la malaria.

Las operaciones de minería ilegal eran inicialmente supervisadas por bandas delictivas conocidas en Venezuela como pranes, dijo un investigador con conocimiento del comercio ilegal de oro, quien pidió no ser identificado. Pero grupos guerrilleros irrumpieron desplazaron a los pranes con ayuda de la Guardia Nacional y militares vinculados con los carteles de droga. En las zonas controladas por El Equipo, los mineros están obligados a venderles el metal.

El ELN, que lucha contra el gobierno colombiano y se sospecha que estuvo detrás del atentado dinamitero que mató en enero a 22 personas en la Academia de Policía en Bogotá, opera cómodamente en territorio venezolano. El comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, el general Luis Fernando Navarro, dijo recientemente a medios locales que casi la mitad de las tropas del ELN reside en Venezuela.

Estados Unidos ha designado al ELN como una organización terrorista.

Para los narcotraficantes colombianos, entre tanto, comprar oro venezolano es una opción conveniente para lavar el dinero de la droga que regresa a Colombia, dijo Guiza, el director del Observatorio Colombiano de Minería.

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El agua que se acumula en las minas de oro es el entorno perfecto para los mosquitos que transmiten la malaria a los mineros en Venezuela. MERIDITH KOHUT NYT

Los narcotraficantes envían droga a través de Venezuela rumbo a Estados Unidos, dijo Guiza. Cuando el dinero regresa a Venezuela, es fácil para los narcotraficantes comprar oro venezolano y llevarlo a Colombia en vez de transportar montañas de efectivo a través de la frontera.

“Lavar con oro es más fácil”, dijo Guiza.

Varios líderes políticos y militares que formaron parte de los gobiernos de Chávez y Maduro han sido sancionados por Estados Unidos sobre la base de acusaciones de que participan activamente en el narcotráfico o el lavado de dinero.

Integrantes del régimen no solo permitieron a los grandes narcotraficantes usar el territorio de Venezuela como puente de salida de sus envíos de droga, a cambio de sobornos, sino que también recibieron parte del negocio como pago, según las autoridades estadounidenses.

EN LA SELVA

Según las leyes venezolanas, el oro explotado en Venezuela debe ser vendido al Banco Central de Venezuela. Pero gran parte de la producción se vende en el exterior para engordar los bolsillos de El Equipo.

Un tramo del río Orinoco separa a Venezuela de Colombia. Eso significa que el oro sucio puede pasar de un país al otro en una canoa. El ELN está a cargo de la mayor parte de ese tipo de operaciones. La organización rebelde controla muchas de las minas abandonadas en Colombia y falsifica la documentación para declarar que el oro provino de ellas.

Américo de Grazia, un diputado de la oposición venezolana del estado Bolívar, ha sido una de las voces que más ha advertido sobre la invasión del ELN en el estado minero.

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En 2018 dijo al Miami Herald que el ELN controlaba al menos siete de las zonas mineras en su distrito, y una investigación posterior del International Crisis Group concluyó que la organización guerrillera controla 14 distritos en todo el país, y que hasta 60% de sus ingresos proviene de la minería ilegal en Colombia y Venezuela.

Según de Grazia, el régimen de Maduro en esencia invitó al ELN a ingresar al país para contener a las organizaciones delictivas que luchaban por el control de la zona.

“Es una guerra abierta, en que ELN liquida a los pranes, lo que permite a las fuerzas armadas mantener sus manos limpias”, dijo el diputado.

“Franklin”, un sargento de 26 años de la Guardia Nacional, pasó tres años y medio trabajando en la región minera en las cercanías de Puerto Ayacucho, población ribereña en la frontera con Colombia, en el estado Amazonas.

El militar, que accedió a hablar a condición de no ser identificado, dijo que él y otros militares fueron testigos de cómo sus comandantes alcanzaban acuerdos con el ELN para tomar control a la fuerza de las operaciones de los mineros locales.

“Ellos llegaban en botes, unos 200 o 300 hombres armados hasta los dientes, y sus líderes se reunían con nuestros comandantes”, dijo Franklin.

Pero el ELN no operaba las minas necesariamente, sino que extorsionaba a los mineros.

Franklin dijo que el ELN exige el pago de 25 gramos de oro, o $150 en efectivo, para permitir a los operadores de minas ingresar un barril de 200 litros de combustible para las bombas, el dragados y otras maquinarias.

El comandante del batallón del ELN es conocido como El Perro.

Pero el ELN no es el único que contrabandea. A veces, los operadores pequeños se vuelven creativos. En una ocasión, un contrabandista fundió oro en forma de una llanta metálica y le puso un neumático de repuesto, relató Guiza.

En ocasiones, los contrabandistas contratan mulas, que reciben 6,000 pesos por onza, no más de $1.20, para transportar el metal a pie a través de la frontera. En algunos casos las mulas pueden hacer ocho viajes diarios. En los mercados internacionales, un gramo de oro se vende en $40.

Las casas de empeños han florecido en el lado colombiano de la frontera para absorber el metal venezolano. Todo el mundo recibe su tajada -el guardia fronterizo, la policía la guerrilla y el ejército- dicen las mulas.

Es trabajo peligroso y algunas veces amenazan a sus familias, pero “todo el mundo come de esto”, dijo Harold, una de las mulas.

Las autoridades colombianas parecen no tener la capacidad de detener el contrabando a través de la frontera.

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MERIDITH KOHUT NYT

Funcionarios aduanales de Colombia han realizado solo dos confiscaciones en los últimos cinco años en los alrededores de la ciudad de Cúcuta, por un total de unos $47,000, según estadísticas de la agencia de aduanas, y otras dos en la zona de Bucaramanga, valoradas en $317,000.

Datos de la Policía colombiana muestran que menos de ocho kilos de oro se confiscaron en las localidades cercanas a la frontera con Venezuela entre enero de 2014 y abril de 2019.

Los militares colombianos han puesto la mira sobre la minería ilegal y en el proceso han confiscado cientos de equipos y han arrestado a más de 3,000 personas. Pero es casi imposible atrapar a los contrabandistas de oro en la zona fronteriza, dijo un funcionario de la Unidad Nacional contra la Minería Ilegal, quien pidió no ser identificado.

“Confiscar oro ilegal es muy difícil porque se puede transportar en pequeñas cantidades y esconderse en pequeños espacios”, dijo el funcionario, al resaltar que un kilogramo de oro puede fundirse en una barra del tamaño de un teléfono celular. “Eso hace muy difícil controlar la región de la frontera”.

El gobierno colombiano ha tenido más éxito al enfrentar el problema por el lado de los exportadores. Una reciente redada resaltó lo fácil que es para las compañías esconder el origen del oro que compran para exportar.

En abril, los fiscales colombianos acusaron a la firma CIJ Gutiérrez de exportar más de $700 millones en oro de origen sospechoso y tomó el control de la compañía.

Los investigadores examinaron las operaciones comerciales de CIJ Gutiérrez entre 2006 y 2016 y encontró que muchas de las compañías e individuos a los que la firma indicó que había comprado oro eran compañías fantasma o personas ficticias, según comunicado emitidos por la Fiscalía de Colombia.

En otros casos, CIJ Gutiérrez dijo haber comprado oro a proveedores que en realidad nunca hicieron negocios con la compañía, dijeron los fiscales.

Pruebas recogidas en la investigación de CIJ Gutiérrez sugieren que parte del oro que la compañía compró a lo largo del último año provino de Venezuela y que la compañía lo exportó a Miami, dijo el funcionario colombiano que habló bajo condición de anonimato.

Los investigadores sospechan que la compañía también había comprado oro venezolano en años anteriores, agregó el funcionario.

Un funcionario de la Fiscalía de Colombia, que también habló bajo condición de anonimato, dijo que los investigadores creen que la mayor parte del oro de CIJ Gutiérrez provenía de Colombia, incluyendo metal extraído en operaciones mineras controladas por organizaciones delictivas, pero no descartan la posibilidad de que parte haya salido de Venezuela.

El representante legal de CIJ Gutiérrez, Andrés Vieira Gutiérrez, no respondió a solicitudes de declaración sobre el caso. La interventora de la compañía nombrada por el gobierno, Ana Sauda Palomino, dijo en un correo electrónico que no ha encontrado evidencia de que la compañía haya comprado oro venezolano, pero admitió que aún no ha terminado una revisión exhaustiva de los registros de la compañía.

Palomino también resaltó que la compañía o sus ejecutivos no han sido declarados culpables de delito alguno.

La interventora entregó una declaración del oficial de seguimiento de la compañía en que señaló que durante más de una década CIJ Gutiérrez “ha fortalecido los controles e implementado medidas internas que van más allá de las regulaciones, con el objetivo de proteger sus operaciones en la mayor medida posible, siempre respetando estrictamente las leyes colombianas”.

El oficial agregó que todos los proveedores de la compañía deben cumplir las políticas y procedimientos de la compañía, que dijo se apega a los estándares del sector minero y las normas contra el lavado de dinero.

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JUAN BARRETO AFP/Getty Images

Parte del oro de CIJ Gutiérrez fue comprado por compañías estadounidenses, como Republic Metals, su único cliente en el sur de Florida.

Republic, que se declaró en bancarrota el año pasado, importó $12.5 millones en oro de CIJ Gutiérrez entre 2008 y 2012, según datos de la agencia aduanera de Colombia. Pero eso datos no muestran si la empresa colombiana envió oro venezolano durante ese período.

En una carta dirigida al Miami Herald, el abogado de la familia que era dueña de Republic antes de venderla este año como parte de su declaración de bancarrota dijo que “la pasada relación con Gutiérrez está más allá de la insignificancia” y amenazó con demandar por difamación si Republic es mencionada en este reportaje.

“Hace más de siete años, RMC recibió tres envíos de prueba de Gutiérrez por más de $12.5 millones”, escribió el abogado J. Erik Connolly. “En base a esos envíos de prueba, RMC decidió no entrar en una relación comercial con Gutiérrez o escoger a Gutiérrez como proveedor. La familia implementó programas de controles de primera línea en RMC para eliminar la posibilidad de recibir oro de fuentes indebidas. Los deberían felicitar por sus esfuerzos”.

En años más recientes, CIJ Gutiérrez ha vendido cantidades mucho mayores de oro a la refinería suiza Argor-Heraeus, y a la de dueños japoneses Asahi, que tiene instalaciones en Salt Lake City y que recientemente compró las instalaciones de Republic en Miami.

Argor-Heraeus, que vende oro a gigantes estadounidenses como Apple, IBM y General Motors, entre otras compañías, compró oro de CIJ Gutiérrez entre 2008 y 2018 por $2,400 millones, muestra registros aduaneros.

Asahi, cuyos clientes incluyen Ford y Verizon, compró $856 millones a la firma colombiana entre 2015 y 2018, según los mismos registros.

Asahi declinó pronunciarse sobre sus negocios con CIJ Gutiérrez. Argor-Heraeus dijo en un comunicado que estaba “firmemente comprometido con su responsabilidad de respetar los más altos estándares en su cadena de suministros”, pero no contestó preguntas específicas sobre sus negocios con la compañía colombiana.

Ford dijo en un comunicado: “No estábamos al tanto de este tema previamente, y lo estamos investigando”.

Agregó que la compañía toma sus “compromisos éticos y de sostenibilidad seriamente” y que “está comprometida con llevar los negocios de manera correcta y en obediencia con las leyes locales”.

GM, por su parte, dijo que prohíbe a sus proveedores participar en la contratación de menores o en prácticas de corrupción.

“Al escoger hacer negocios con GM, nuestros proveedores aceptan nuestros términos y condiciones”, dijo la compañía en un pronunciamiento por escrito, “y en el caso de nuestros proveedores más grandes también esperamos que certifiquen anualmente el cumplimiento de estas cláusulas en nuestro contrato. Nosotros hacemos seguimiento de la situación con los proveedores que no confirman el cumplimiento”.

Las otras compañías que compraron oro a Asahi y Argor-Heraeus no respondieron a solicitudes de declaración.

Luis Murillo, ex gobernador del Departamento Chocó y ex ministro de Ambiente, dijo que Estados Unidos y otros países deben establecer mejores protocolos para garantizar que compren oro ilegalmente extraído. Hizo mención del Proceso Kimberley, un acuerdo comercial multilateral que promueve la transparencia en el origen en la industria del diamante, aunque el procedimiento ha sido criticado.

“Necesitamos algo similar al Proceso Kimberley para los diamantes, pero aplicado al oro”, dijo.

Carlos Camacho, colaborador de el Nuevo Herald; Kevin G. Hall, corresponsal de buró de McClatchy en Washington; Jorge Benezra, corresponsal de InfoAmazonia, y Pamela Kalkman, corresponsal del medio holandés De Correspondent, contribuyeron a este reportaje. Camacho y Benezra reportaron desde Venezuela. Ebus y Jim Wyss desde Colombia.

Este proyecto es el resultado de la asociación periodística entre InfoAmazonia (Brasil), the Miami Herald/el Nuevo Herald (Estados Unidos), RunRun.es (Venezuela), Correo del Caroní (Venezuela) y De Correspondent (Holanda). Fue posible gracias a la Human Rights Foundation y respaldado con contribuciones del Dutch Fund for Journalism Projects.

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