Protestas frente al Parlamento polaco en contra de la reforma judicial
Varios centenares de personas protestaron el miércoles 18 de julio, frente al Parlamento polaco contra la reforma judicial impulsada por el Gobierno que, entre otros aspectos, obliga a varios magistrados del Tribunal Supremo a retirarse pues adelanta su edad de jubilación.
El Parlamento permanece bajo fuerte vigilancia policial en previsión de más protestas durante la celebración de la última sesión de este curso legislativo, que dura hasta el próximo viernes.
La nueva ley presentada por el Gobierno polaco sobre el Tribunal Supremo (TS), que entró en vigor el pasado 4 de julio, supone una rebaja en la edad de jubilación de los jueces de 70 a 65 años.
La ley, aprobada por el Parlamento, obliga a retirarse a 27 de los 72 magistrados que componen este órgano, incluida su presidenta, Malgorzata Gersdorf, que tiene 65 años.
Esta jueza, que se ha convertido en símbolo de la resistencia de parte de la judicatura polaca a la reforma judicial, lanzó el miércoles un nuevo desafío al Gobierno al reincorporarse al puesto tras sus vacaciones.
Para acelerar la reforma del TS, el partido gobernante en Polonia, la fuerza nacionalista Ley y Justicia (PiS), ha presentado un nuevo proyecto de ley que permitiría elegir al sucesor de Gersdorf cuando hayan sido designados dos tercios de los jueces del Tribunal y no la totalidad de los magistrados, como contempla la actual legislación.
Este proyecto de ley se debatirá durante esta última sesión parlamentaria antes de las vacaciones.
El pasado día 2, la Comisión Europea (CE) inició el miércoles un procedimiento de infracción contra Polonia para “proteger la independencia” del TS, emplazando al Gobierno a que “revise su ley sobre el Tribunal Supremo”.
El Gobierno polaco tiene un mes para responder al Ejecutivo comunitario.
La nueva ley establece que los jueces que deseen continuar en el cargo deberán expresarle su voluntad de hacerlo al presidente polaco, Andrezj Duda, quien podría renovarles mandato por tres años más. Pero ninguno lo ha hecho.
La CE expresó su preocupación por el hecho de que la ley no establezca ningún tipo de criterio para que el presidente decida si renueva o no un mandato y, una vez tomada su decisión, que no exista la posibilidad de que sea revisada y validada judicialmente.
Para la Comisión, “estas medidas minan el principio de la independencia judicial, incluida la irrevocabilidad de los jueces”.
Esta historia fue publicada originalmente el 18 de julio de 2018, 1:34 p. m..