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Duterte fulmina a sus rivales políticos

El presidente filipino Rodrigo Duterte revisa la guardia de honor a su llegada al Palacio Real en Amán (Jordania) el 6 de septiembre de 2018.
El presidente filipino Rodrigo Duterte revisa la guardia de honor a su llegada al Palacio Real en Amán (Jordania) el 6 de septiembre de 2018. EFE

Tras dos años asentado en el puesto con más poder de Filipinas, el polémico presidente Rodrigo Duterte se las ha ingeniado para fulminar de sus cargos públicos, e incluso encarcelar, a rivales políticos y críticos con su gestión.

La última víctima de lo que algunos ya califican como “caza de brujas” ha sido el senador Antonio Trillanes, sobre el que pesa una orden de detención después de que Duterte revocara una amnistía que le concedió el anterior presidente, Benigno Aquino III, en 2011.

Trillanes lleva días recluido en el Senado para evitar el “arresto inmediato” que ordenó Duterte tras anular su amnistía por su participación en tres intentos golpistas hace más de una década cuando era oficial de la Marina.

“Esto deja claro una vez más que Duterte es un dictador. No respeta las instituciones. Con él la gente común es asesinada y sus críticos encarcelados”, subrayó el ex golpista al conocerse la noticia sobre su posible detención el 4 de septiembre.

Lo cierto es que, junto a la senadora Leila De Lima, Trillanes es uno de los más feroces críticos de Duterte en el Legislativo y de su sangrienta guerra antidrogas, además de acusarle repetidamente de ocultar una fortuna en cuentas secretas desde los tiempos en los que era alcalde de Davao.

El senador ha recurrido la orden ejecutiva ante la Corte Suprema y ante el revuelo mediático, Duterte -de viaje oficial a Israel y Jordania cuando saltó la noticia- reculó y anunció a su llegada a Filipinas que pospone la orden de arresto a la espera de la decisión del alto tribunal.

Según el Gobierno, el perdón concedido por el anterior presidente “no cumple con los requisitos mínimos” porque Trillanes nunca lo solicitó formalmente ni admitió su culpabilidad en los hechos.

Sin embargo, Trillanes, de 47 años, ha mostrado documentos y reportes de prensa y televisión que prueban que solicitó la amnistía y reconoció su papel en tres levantamientos militares entre 2003 y 2007, durante el Gobierno del Gloria Macapagal Arroyo, actual presidenta de la Cámara de Representantes y aliada de Duterte.

Tras cumplir condena más de siete años, dos tribunales desestimaron los cargos de rebelión y golpe de Estado contra él, lo que permitió a Trillanes postularse como senador.

Su posible detención sería la segunda de un congresista durante el mandato de Duterte, después del sonado caso de la senadora Leila de Lima, en prisión sin juicio desde febrero de 2017 acusada de aceptar sobornos de narcotraficantes, cargo que niega y considera una fabricación del entorno del mandatario para dañarla.

De hecho, fueron De Lima y Trillanes quienes promovieron una investigación en el Senado sobre las “ejecuciones extrajudiciales” de la guerra antidrogas impulsada por Duterte y han apoyado las demandas interpuestas contra él en la Corte Penal Internacional.

De Lima, quien ha tildado al presidente de “asesino en serie” y “dictador”, ha sido víctima además de una campaña de desprestigio orquestada, según ella, por Duterte después de que se divulgara un vídeo en el que supuestamente aparece la senadora, casada y con tres hijos, manteniendo relaciones sexuales con su chófer.

Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional o Human Right Watch han hecho varios llamamientos por la liberación de la senadora, a la que consideran una “prisionera de conciencia”.

“Las autoridades han acorralado a De Lima como un intento evidente de silenciar a uno de los principales críticos de la violenta guerra contra las drogas y prohibirle participar en la vida pública”, indicó Amnistía Internacional el pasado 27 de agosto con motivo del 59 cumpleaños de la senadora.

Este fin de semana Duterte acusó sin presentar prueba alguna al Partido Liberal -donde militan De Lima y la vicepresidenta Leni Robredo, otro blanco habitual de sus críticas-, a Trillanes y al Partido Comunista, cuya cúpula está exiliada en Europa, de conspirar para expulsarlo de la presidencia.

Los tentáculos de Duterte entre la judicatura le han permitido cobrarse también el puesto como presidenta del Tribunal Supremo de Maria Lourdes Sereno, cesada del cargo en mayo, un mes después de que el mandatario la señalara públicamente como su “enemiga” por denunciar sus abusos de poder.

El mandatario logró que una mayoría de magistrados de ese tribunal votara a favor de destituir a Sereno por no declarar todos sus bienes al asumir en 2012 el cargo del presidenta del Supremo, que ahora ocupa Teresita de Castro, próxima a Duterte.

De Castro está al frente del tribunal que debe decidir la suerte de Trillanes o sobre el recurso presentado por varios senadores, entre ellos De Lima, a la decisión unilateral de Duterte de sacar a Filipinas de la Corte Penal Internacional para eludir dos denuncias presentadas contra él por delitos de lesa humanidad.

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