Como millones de egipcios, Zyad el Elaimy se manifestaba en el 2011 para pedir la dimisión del presidente Hosni Mubarak, pero cuatro años después visita a sus amigos activistas en la cárcel y el antiguo hombre fuerte está prácticamente libre.
El domingo se cumplen cuatro años de la revuelta del 25 de enero en Egipto, pero el paréntesis democrático abierto por la revolución contra Mubarak se ha cerrado, estiman los activistas de derechos humanos.
El presidente Abdel Fatah al Sisi, antiguo jefe de las fuerzas armadas que derrocó al presidente islamista Mohamed Mursi en 2013, está acusado de haber instaurado un régimen todavía más autoritario que el de Mubarak.
Al Sisi lleva a cabo una represión implacable de la oposición, tanto islamista como laica. Llegó al poder tras masivas manifestaciones contra Mursi, al que la opinión pública responsabilizaba de la inestabilidad política y la crisis económica.
El Elaimy, figura destacada de la revolución y electo diputado en las primeras legislativas democráticas después de la revuelta, soñaba con aplicar los lemas de la plaza Tahrir, que reclamaban “pan, libertad, justicia social y dignidad humana”.
Pero ahora que los tribunales abandonaron los cargos de complicidad en la muerte de cientos de manifestantes que pesaban sobre Mubarak, El Elaimy ya no se hace ilusiones.
Este veredicto “es un mensaje dirigido a nosotros. El poder puede ser tan corrupto y represivo como quiera, nunca será castigado”, lamenta.
El jueves, los dos hijos de Mubarak, Alaa y Gamal, fueron puestos en libertad en espera de un nuevo juicio por un caso de corrupción. Acusados de haber malversado más de 10 millones de euros de dinero público destinados al mantenimiento de los palacios presidenciales, fueron condenados a penas de cárcel en mayo, pero el tribunal de casación ordenó un nuevo juicio.
Mubarak está detenido en un hospital militar de El Cairo, pero, según su abogado, ya cumplió su pena y técnicamente está libre. Algo de poco consuelo para los protagonistas de la revolución de 2011, que se encuentran casi todos entre rejas.
Decenas de activistas fueron encarcelados por haber quebrantado una polémica ley que limita el derecho de manifestación.
Entre ellos figuran Ahmed Maher y Mohamed Adel, dos dirigentes del movimiento del 6 de abril, que fueron condenados a tres años de cárcel y su organización fue prohibida.
Según el profesor de ciencias políticas de la universidad de El Cairo Ahmed Abd Rabo, las autoridades llevan a cabo “un ajuste de cuentas político con cualquiera que represente a la revolución”.
Los partidarios de Mursi siguen siendo el principal blanco de la represión. Desde su derrocamiento, los soldados y policías mataron a más de 1,400 manifestantes islamistas. Más de 15,000 de sus simpatizantes fueron detenidos.
La justicia egipcia ordenó el sábado la celebración de un nuevo juicio para 152 islamistas, 37 de los cuales habían sido condenados a muerte. Este mismo día, la represión policial de una manifestación convocada por un movimiento de izquierda terminó con una manifestante muerta.
“Cuatro años después, libramos una batalla aún más difícil contra un régimen todavía más violento”, estima Amar Motawee, un joven miembro de la cofradía de Mursi, cuya hermana estuvo tres meses detenida.
Los Hermanos Musulmanes, que ganaron todas las elecciones entre 2011 y la caída de Mursi, fueron declarados “organización terrorista” en diciembre de 2013 por el gobierno.
La federación internacional de ligas de derechos humanos denunció el viernes “una justicia de doble rasero”.
El presidente Sisi niega una vuelta a un régimen autoritario. Después del abandono de los cargos contra Mubarak, aseguró que el país se dirigía “hacia el establecimiento de un Estado democrático y moderno, basado en la justicia, la igualdad y la lucha contra la corrupción”.
“Nada ha cambiado”, protesta Elaimy. “La gestión del país sigue siendo la misma, marcada por el autoritarismo, la corrupción y la restricción de las libertades”.
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