DeSantis contra la diversidad: las listas negras tienen a las universidades jugando a la defensiva mientras los republicanos atacan

Cuando el mes pasado visitó la Universidad Politécnica de la Florida con un grupo de chicas de su clase de secundaria, Sarah se imaginó en la universidad aprendiendo a usar los vasos de precipitados y los mecheros Bunsen que vio mientras visitaba el laboratorio de química.

En sexto curso, Sarah estaba en la edad en que, de acuerdo con los estudios, las chicas empiezan a quedarse rezagadas en los campos de la ciencia y la tecnología, una tendencia que continúa en la universidad y en el mundo laboral. El día que su clase pasó en el campus conmemorando el Día Internacional de la Mujer y la Niña en las Ciencias construyendo catapultas con cucharas de plástico debía animar a las alumnas a romper esa tendencia.

Esa misión le valió al evento anual un lugar en una lista negra de programas de universidades y colegios que el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, describe como esfuerzos “discriminatorios”, que, bromeó, tienen el mismo valor educativo que un título en “Estudios Zombis”.

La lista de “iniciativas relacionadas con la diversidad, la igualdad, la inclusión y la teoría crítica de la raza” —también conocidas como DEI y CRT— fue compilada por los colegios y universidades públicas en enero por orden de la oficina de DeSantis. La amplia directiva, que no proporcionó instrucciones para interpretar lo que constituye DEI o CRT, dio lugar a una bolsa de cientos de organizaciones estudiantiles, programas de tutoría, iniciativas de extensión comunitaria, oficinas dedicadas al cumplimiento federal y un surtido aparentemente al azar de clases, como “Historia de Estados Unidos hasta1877”, “Temas de Budismo” y “Perspectivas Clásicas de la Danza”.

A medida que los legisladores de Tallahassee consideran la legislación para prohibir la programación relacionada con DEI y CRT, no todo lo atrapado en la redada inicial de DeSantis está seguro de ser eliminado, pero los esfuerzos de recopilación de información proporcionan un modelo de cómo una agenda legislativa anunciada como una campaña contra el despilfarro y el sesgo liberal se ha convertido en una que potencialmente apunta a cualquier actividad o curso universitario que reconozca la diversidad, la raza o el género.

“Creo que es interesante que hablen de libertad académica y no más adoctrinamiento en las escuelas, pero al mismo tiempo están restringiendo lo que los estudiantes pueden elegir hacer”, dijo Pristine Thai,estudiante de primer año en la Universidad de Florida (UF) que pertenece a miembro de varias organizaciones de estudiantes asiáticoestadounidenses.

DeSantis se ha centrado en un conjunto de programas y clases que representan una pequeña parte de los presupuestos universitarios, según un análisis de Herald, y es probable que muchas de las reformas propuestas por DeSantis para eliminar los programas de diversidad resulten difíciles de aplicar, ya que los sindicatos de profesores prometen demandas y las escuelas simplemente cambian el nombre de las oficinas de diversidad, modifican las descripciones de los cursos y barajan a los empleados que dirigen los programas exigidos por las leyes estatales y federales.

Pero el revuelo en torno a sus propuestas legislativas sigue generando titulares para DeSantis, quien declaró la Florida el estado a donde “el progresismo va a morir” en previsión de una esperada candidatura a la nominación presidencial republicana en 2024.

Incluso antes de aprobar nuevas leyes durante este período legislativo, los republicanos de la Florida han logrado impulsar cambios a través de solicitudes de información específicas —la primera de DeSantis solicitando información sobre los programas DEI y CRT y una segunda del presidente de la Cámara estatal, Paul Renner, solicitando una lista de nombres y detalles de todas las personas involucradas con las oficinas de DEI— que tienen a los educadores dando marcha atrás.

En más de una docena de entrevistas con Herald, el profesorado y el personal describieron un cálculo silencioso que ocurre entre bastidores en los recintos académicos, mientras los educadores navegan un entorno de trabajo cada vez más hostil como resultado de directivas vagas y en constante evolución procedentes de Tallahassee.

Se han cancelado preventivamente cursos de capacitación y actos a la espera de la legislación propuesta. Temerosos de convertirse en la próxima publicación viral en las cuentas de redes sociales contra el DEI, algunos profesores dijeron que están cambiando su forma de enseñar; otros empezaron a grabar sus clases para poder defenderse en caso que alguien saque de contexto sus palabras. Muchos se plantean abandonar el estado.

El proceso de recopilar listas y entregar correos electrónicos al gobierno tiene a los educadores de la Florida “completamente asustados”, dijo Meera Sitharm, profesora de Informática y Matemáticas en UF y principal negociadora del sindicato de profesores. Las propuestas legislativas de DeSantis facultarían a los consejos de administración de las universidades para despedir a los profesores, independientemente de su estatus de titularidad, “permitiendo así a estos consejos despedir a profesores que puedan estar impulsando programas prohibidos”, dijo la oficina del gobernador en un comunicado al Herald.

“La gente se siente vulnerable. Entre los profesores ha aumentado la sensación que los están vigilan”, dijo Sitharm. “Es casi macartista”.

La mayoría de las escuelas estatales tienen oficinas dedicadas principalmente a promover la “diversidad, equidad e inclusión”,iniciativas respaldadas por la Junta de Gobernadores de la Florida después de las protestas Black Lives Matter de 2020 para abordar las disparidades en el campus. (En UF, por ejemplo, solo 6% de la población estudiantil es afroamericana, en comparación con 17% de la población general del estado).

No faltan las críticas a los programas. Muchos críticos, a menudo de izquierda, se preguntan si las iniciativas de DEI pueden abordar de forma significativa las desigualdades profundamente arraigadas en la sociedad estadounidense; otra crítica, a menudo más fuerte, procedente de la derecha ya amplificada por DeSantis es que las iniciativas de diversidad son intrínsecamente discriminatorias (es decir, un programa que anima a las niñas de secundaria a entusiasmarse por la ciencia podría ser injusto para los niños) y promueven el acoso (específicamente de hombres blancos y republicanos, que tienden a ser una minoría política en el campus).

En las oficinas de DEI, los registros muestran que las tareas diarias van desde lo administrativo (recopilar datos y estadísticas sobre diversidad) a lo significativo (organizar el apoyo a los profesores con familia en Irán durante las protestas generalizadas en ese país), pasando por lo tedioso (cursos deformación sobre cómo ser un “gestor inclusivo”) y lo potencialmente polémico (ofrecer una hoja de consejos sobre “recursos antirracistas” con consejos como “dona a tu sección local de BLM” y”descoloniza tu estantería”).

Pero los esfuerzos de DeSantis parecen dirigirse más a la enseñanza en las aulas y a la vida estudiantil que a las oficinas de DEI. Dos de cada tres programas enumerados en respuesta a la directiva de DeSantis eran una clase de pregrado u otro programa del campus que no tenía ninguna conexión obvia con una oficina de DEI, según un análisis de Herald de la información proporcionada al estado por las universidades públicas.

Mientras que solo una clase mencionaba la “raza crítica” en la descripción, la lista incluía una serie de otras cosas, como un acto conmemorativo de Martin Luther King Jr., un curso sobre las mujeres afroamericanas, una hora de café del sindicato de Estudiantes Africanos, un club de lectura del Mes de la Historia Afroamericana y un programa de intercambio de estudiantes a África Occidental (otros programas de intercambio a lugares como Israel y Canadá no figuraban en la lista).

Mientras DeSantis sube al escenario nacional, Marvin Dunn, profesor emérito de la Universidad Internacional de Florida, dijo que algunas de las personas más vulnerables del campus, como los profesores y estudiantes negros y LGBTQ+, se han convertido en peones de un juego político.

“Ese es el modus operandi”, dijo Dunn refiriéndose al gobernador. “Ir detrás de un objetivo débil y convertirlo en una gran amenaza para luego matar el monstruo”.

Dunn, quien dirige viajes a Rosewood, Florida, escenario de una masacre por motivos raciales después de una denuncia de que una mujer blanca fue agredida por un hombre negro, prometió continuar sus recorridos “Enseñar la Verdad” y a menudo critica a DeSantis en Twitter.

Sin embargo, si la lista inicial sirve de indicación, cualquier prohibición legislativa de las iniciativas de DEI podría resultar más performativa que sustancial.

Los registros obtenidos por el Herald muestran que los administradores de las universidades públicas empezaron a cambiar preventivamente el nombre de las oficinas de diversidad con la esperanza de eludir las prohibiciones propuestas. Otros programas están buscando fuentes de financiación alternativas fuera del sistema universitario después que DeSantis amenazó con cortar las iniciativas DEI de la financiación estatal para que “se marchiten”.

Muchos programas de la lista son requeridos por las leyes federales y estatales o por National Collegiate Athletic Association (NCAA) para las escuelas de la División 1, como UF, y HB999, uno de los proyectos de ley que establece las prohibiciones propuestas, actualmente incluye texto que exime decenas de programas que se incluyeron en la lista inicial, incluidos los que sirven a veteranos de guerra, estudiantes universitarios de primera generación y “estudiantes de familias de bajos ingresos o estudiantes con habilidades únicas”. (El proyecto de ley continuó fuera de una comisión de la Cámara el lunes).

Mientras que la oficina de DeSantis le dijo al Herald en un comunicado que la lista revelaba “un extraordinario mal uso del dinero de los contribuyentes para promover una agenda política a expensas del enfoque académico”, un análisis mostró que los programas enumerados cuestan aproximadamente $34.5 millones, menos del 1% del presupuesto anual del Sistema Universitario Estatal.

El programa al que asistió Sarah costó $2,559.

Cuando los designados por DeSantis en la junta del New College de la Florida cerraron la oficina de DEI recientemente, la escuela simplemente trasladó a tres delos cuatro empleados de la oficina —y presumiblemente la mayoría de los gastos—a otros departamentos con nombres diferentes y menos políticamente cargados.

La oficina costaba a los contribuyentes $215,523 al año, según los registros, aproximadamente la mitad de los gastos adicionales aprobados por el consejo de administración de New College cuando nombraron al ex comisionado de educación de DeSantis, Richard Corcoran, presidente interino en febrero. (Corcoran gana unos $400,000 más que su predecesor destituido).

Sin embargo, incluso las prohibiciones en gran medida nominales tienen un impacto, dijo Dunn.

“Sin duda, ya está teniendo un efecto amedrentador”, dijo Dunn.”La gente simplemente no va a arriesgarse a ofrecer un curso o a entrar en detalles en un curso que sabe que le va a traer problemas con el estado. ¿Quién va a hablar ahora de reparaciones?”

Las recientes propuestas son una escalada en una agenda legislativa para reducir el plan de estudios en las universidades estatales y colegios para reflejar lo que DeSantis ha llamado los “valores de la libertad y la tradición occidental”, una revisión que comenzó con la aprobación de la ley HB 7, apodada por DeSantis Ley Stop WOKE, que limitaría la forma en la que los profesores enseñan ciertos temas.

Una medida cautelar impidió que la ley entrara en vigor en colegios y universidades. Más tarde, un juez federal falló que las solicitudes de información del estado no eran una infracción de la orden judicial “siempre y cuando la Junta de Gobernadores o la Legislatura no actuaran de alguna manera sobre la información”, según una carta del 27 de enero dirigida a los profesores de UF por el presidente del sindicato de la universidad, Paul Ortiz.

“Mientras tanto, nos preocupa mucho que su intención sea intimidar y silenciar al profesorado y al personal”, escribió Ortiz.

Bajo la presión de un entorno muy politizado, los administradores de la Universidad del Norte de la Florida (UNF) en Jacksonville rechazaron una propuesta de un grupo interreligioso del campus, OneJax Institute, que presentaba una campaña para celebrar la diversidad de la ciudad de Jacksonville, según Kyle Reese, presidente ejecutivo de OneJax.

En otros lugares, las cancelaciones han sido más sutiles. FIU simplemente no volvió a llamar a Dunn para programar la siguiente sesión de formación de una iniciativa para enseñar la historia de la comunidad afroamericana. Del mismo modo, una formación de UF desarrollada para enseñar a estudiantes de orígenes variados nunca se programó y los materiales preparados nunca se entregaron, dijo Sitharm.

United Faculty of Florida (UFF), el sindicato de profesores del estado, publicó el año pasado un memorando que sugería a los profesores que consideraran la posibilidad de moderar el riesgo personal modificando el lenguaje que usan en el aula. El memorando sugería emplear frases como ”se beneficia de” en lugar de “privilegiado” y “es perjudicado por” en lugar de “es oprimido”.

Los profesores que sigan enseñando con normalidad, basándose en su propia erudición y experiencia, estarían eligiendo una vía de “mayor riesgo”, concluía el memorando.

Melba Pearson, ex fiscal estatal y ex subdirectora de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU) en la Florida, dijo que considera que las solicitudes de información específicas y las prohibiciones propuestas forman parte de un ataque a la libertad académica.

“Los profesores tienen derecho a la libertad de expresión y deben poder enseñar de una manera que sea coherente con su formación, con su área de estudio y con los temas para los que la universidad los contrató”, dijo Pearson, ahora instructora en el Departamento de Criminología y Justicia Penal de FIU. “Si no puedes enseñar de la manera en la que quieres enseñar...eso es un ataque a tu libertad de expresión”.

En la lista

Charlie Mitchell no podía creer cuando un reportero del periódico estudiantil de UF lo llamó y le dijo que su clase de apreciación teatral estaba en la lista del gobernador.

Había pasado 12 años enseñando en el Departamento de Teatro, dijo, y de repente se sintió como si tuviera una “diana” en la espalda.

Mitchell especuló que su clase había sido señalada porque su programa incluía obras de August Wilson, el famoso dramaturgo negro, y de Nilo Cruz, el dramaturgo cubanoamericano abiertamente gay.

“Doy clases de apreciación teatral. Como parte de ella, enseño el contexto y la historia”, dijo. “Durante siglos, los afroamericanos estuvieron excluidos de los escenarios. ¿Puedo enseñar eso? O ¿hará que alguien se sienta mal?

La universidad no le dio a Mitchell ninguna razón oficial de su inclusión en la lista y no respondió a las preguntas detalladas del Herald.

Escuela por escuela, las listas fueron desarrolladas a puerta cerrada por los administradores de la universidad en consulta con la Junta de Gobernadores de la Florida, ya que se apresuraron a cumplir con la solicitud de información de DeSantis en solo dos semanas durante las vacaciones de invierno.

En la Universidad de West Florida (UWF), el personal buscó en el catálogo de cursos las palabras clave “diversidad, raza, etnia, equidad,inclusión/inclusivo, cultural, género, sexo/sexualidad, internacional y pobreza”, según una declaración en respuesta a las preguntas de Herald. A continuación, los decanos revisaron los resultados de la búsqueda inicial, añadiendo y quitando programas y clases según su propio criterio, antes de enviar la lista a la Junta de Gobernadores.

Un proceso similar parece haberse usado en todo el estado, aunque una comparación de lo que cada escuela finalmente incluyó mostró que ninguna de las dos instituciones interpretó la solicitud del gobernador exactamente de la misma manera.

En un intercambio de correos electrónicos con Christy England, vicerrectora de la Junta de Gobernadores, un administrador de UWF dijo que su universidad parecía haber interpretado la directiva de DeSantis de forma más amplia que otras escuelas.

“Ofrecimos cursos con tan solo 10% del curso centrado en DEI. No vamos a ser comparables en ningún sentido con el resto del sistema si adoptamos este enfoque”, escribió el administrador. El mensaje terminaba con una petición de aclaración.

“Llámeme”, dijo England.

Su respuesta no consta en ningún documento público, pero una versión final de la lista de UWF incluía varias clases de educación general que parecían benignas, como “Historia de Estados Unidos hasta 1877”,”Historia de Estados Unidos desde 1877”, “Composición I”, “Psicología general” y “Apreciación teatral”, así como programas de mandato federal como el Título IX, oficinas de Igualdad de Oportunidades en el Empleo y servicios para estudiantes con discapacidades.

En la Florida Atlantic University (FAU), donde los administradores habían enumerado solo 16 programas en respuesta a la solicitud de DeSantis —entre los menos de cualquier universidad estatal—, los miembros del Senado de la facultad expresaron su preocupación de que la estrecha interpretación de DEI parecía apuntar a ciertas iniciativas de diversidad, pero no a otras.

Los profesores de la FAU dijeron que al compilar su lista de cursos relacionados con DEI, la escuela había señalado algunas clases en la lista de opciones para cumplir los requisitos de educación general,incluyendo “Raza e Inclusión Cultural en Trabajo Social” y ”Género y Cambio Climático”, mientras que excluía clases como ”Comunidades Judías Globales” y “Discapacidad y Sociedad”.

“Entendemos DEI como algo mucho más amplio que unos pocos cursos sobre raza o un comité de DEI”, dijo un profesor en comentarios dirigidos a Stacy Volnick, presidenta interina de la facultad, en una reunión celebrada el 31 de enero. “Así que la estrechez con la que se entendió y transmitió también nos alarmó”.

¿Cómo afectaría a UNF la eliminación de los programas DEI? Muchos estudiantes están preocupados por la seguridad y la salud mental

En respuesta a las preguntas de Herald, el secretario de prensa del gobernador, Bryan Griffin, dijo que la lista inicial de iniciativas DEI y CRT presentada por las universidades en enero parecía haber sido “significativamente mal informada y desinformada”.

Dijo que la oficina del gobernador considera que “DEI, CRT y otras agendas ideológicas similares” son una forma de”discriminación”, tal como se define en la Ley Stop WOKE.

La ley prohíbe a los profesores promover determinados conceptos, como la idea que alguien pueda ser “privilegiado u oprimido” como resultado de una identidad particular. También prohíbe cualquier debate sobre historia que haga creer a un estudiante que debe sentir “culpa, angustia u otras formas de angustia psicológica” por las acciones pasadas de otros miembros de su raza, color, origen nacional o género.

En noviembre, un juez federal impidió temporalmente la aplicación de esta ley, ya en vigor en los centros de enseñanza primaria y secundaria y en las universidades e institutos de la Florida, y la calificó de “positivamente distópica”, después que profesores y estudiantes la demandaran. El estado apeló.

Mientras tanto, la recopilación de información de DeSantis continúa. Los empleados de la oficina del gobernador ya empezaron a hacer una revisión de la lista de iniciativas DEI y CRT para garantizar “una recopilación completa y veraz”, dijo Griffin.

“Nunca pensé que estaríamos en posición de legislar los sentimientos”,dijo Mitchell, el profesor de teatro. “Creo que hay una suposición de que nuestros estudiantes son frágiles y simplemente no creo que eso sea cierto, como si escuchar la historia contada a ellos de alguna manera los hará sentirse mal consigo mismos”.

‘Intimidación’

Desde enero, los nombres e información de contacto de cientos de profesores y empleados —e incluso de algunos estudiantes— también fueron entregados a los líderes republicanos del estado en respuesta a una segunda orden de Renner, el presidente de la Cámara, que buscaba información en torno a las actividades de cualquier persona involucrada en iniciativas de diversidad en los campus.

Renner no especificó la finalidad de la recopilación de la lista de nombres e intercambios de correos electrónicos de profesores y personal, pero dijo que,en general, la información que solicitaba era necesaria para “eliminar programas innecesarios que adoptan conceptos divisivos y engañosos como DEI”.

Cuando Laura Heffernan, profesora de Inglés en UNF que formó parte de un comité de profesores de DEI, se enteró que algunos de sus correos electrónicos habían sido registrados y serían enviados a la Legislatura estatal, tuiteó al respecto. Al instante, dijo Heffernan, los trolls se abalanzaron sobre ella con mensajes antisemitas y misóginos.

“Esto es intimidación”, dijo.

Ahora, a Heffernan le preocupa que los activistas rastreen los correos electrónicos de la facultad en busca de mensajes fuera de contexto.

No está claro quién tiene acceso a los archivos solicitados por Renner. La información —que incluye intercambios de correo electrónico entre el personal y suficiente información privada que el estado estima que costaría más de $20,000 para redactar y compartir con el Miami Herald— es difícilmente segura. El lote de registros de UF, por ejemplo, fue enviado a la Junta de Gobernadores a través de un Dropbox inseguro vinculado en un correo electrónico a cada miembro de la facultad.

“No tengo nada que ocultar”, dijo Heffernan. “Pero no quiero convertirme en el rostro de ningún movimiento de resistencia”.

Profesores de todo el estado dicen que el acoso y el revelar intencional y públicamente información personal sobre un individuo (lo que se conoce como doxing) son una amenaza cada vez mayor ya que los activistas en línea tienen como objetivo a profesores que consideran demasiado progresistas.

Amanda Phalin, quien enseña Negocios Internacionales en UF, dijo que las declaraciones que hizo como presidenta del Senado de la facultad apoyando las iniciativas de diversidad y los derechos de los transgénero fueron compartidos por cuentas de conservadores de Twitter, junto con capturas de pantalla de su información de contacto y dirección de la oficina. A continuación, un hombre con gafas de sol entró en una clase impartida por uno de sus estudiantes de posgrado y empezó a grabar. Phalin informó a la Policía, pero nunca supo quién era el hombre.

“La gente tiene que entender que se han desencadenado algunos comportamientos realmente peligrosos”, dijo Phalin. “Estas cosas empezaron a ocurrir después de las peticiones del gobernador y del presidente de la Cámara”.

Adoctrinamiento

Los conservadores son minoría en la mayoría de los campus universitarios. Solo alrededor de 30% de los floridanos en edad universitaria son republicanos, según datos del Pew Research Center, y, durante años, los republicanos han declarado sentir que la educación tenía un sesgo izquierdista, según otro estudio de Pew.

Pero la idea de que las oficinas de DEI o la teoría crítica de la raza puedan ser las culpables específicas de ese sentimiento de descontento es mucho más reciente.

Hace apenas unos años, casi nadie fuera de la facultad de Derecho había oído hablar de la teoría crítica de la raza, un marco académico de nicho para considerar el papel de la raza y el racismo en Estados Unidos, pero en 2019 The New York Times publicó el Proyecto 1619, cuyo objetivo era “replantear la historia del país colocando las consecuencias de la esclavitud y las contribuciones de los afroamericanos en el centro mismo de nuestra narrativa nacional”. La reacción contra CRT fue casi inmediata y, en medio de la protesta, el activista conservador Christopher Rufo lanzó un intento de redefinir el término como un cajón de sastre para ser usado como grito de guerra de la derecha.

“El objetivo es que el público lea algo disparatado en el periódico y piense inmediatamente ‘teoría crítica de la raza’”, tuiteó Rufo en marzo de 2021. “Hemos descodificado el término y lo recodificaremos para anexionar toda la gama de construcciones culturales que son impopulares entre los estadounidenses”.

Las menciones a TRC estallaron primero en tertulias conservadoras, en donde Rufo hizo numerosas presentaciones, y luego en programas más liberales; ahora, profesores universitarios que imparten la asignatura dicen que el plan de Rufo funcionó y que CRT se ha convertido en un “hombre del saco”.

“CRT es el nuevo silbato para perros en la política estadounidense”, dijo David Canton, profesor adjunto de Historia en UF y director del Programa de Estudios Afroamericanos de la escuela. “Se ha convertido en un arma contra los afroamericanos que quieren hablar de que el racismo institucional es un problema en el país”.

El objetivo, dijo Canton, “es galvanizar a los votantes de derecha”.

Rufo, quien fue nombrado miembro del consejo de administración de New College,apuntó recientemente contra las oficinas de DEI por considerarlas una”amenaza para la libertad académica y la integridad académica”.

La lógica se llevó más lejos esta semana durante una mesa redonda titulada “Exponiendo la estafa de DEI”, en la que DeSantis se unió a Rufo y a un grupo de sus aliados políticos para arremeter contra el concepto de diversidad en general,calificándolo de “básicamente una estafa”.

“Suena muy inofensivo decir que se quiere diversidad, como diversidad de puntos de vista”, dijo DeSantis, pero, dijo, en realidad ocurre lo contrario. “Creo que se ha usado en el aparato administrativo de las universidades para intentar imponer no la diversidad de pensamiento, sino la uniformidad de pensamiento”.

Ese planteamiento ha sido adoptado por algunos estudiantes que dijeron sentirse alienados por tener opiniones políticas impopulares. Un estudiante negro de Derecho le contó a DeSantis que sus compañeros se burlaron de él cuando se enteraron que era republicano y, en respuesta a una encuesta hecha por el gobierno estudiantil de UNF, un estudiante dijo sentirse “como un villano todos los días que vengo a la escuela”, como resultado de las iniciativas de DEI.

Pero la encuesta de UNF mostró que muchos más estudiantes dijeron que apoyaban las iniciativas DEI y otros programas del campus como InterfaithCenter, Women’s Center y LGBTQ+ Center, que podrían ser eliminados si se promulgan las prohibiciones.

“Como minoría religiosa, es importante tener un medio para poder rezar mientras estoy en el campus”, escribió uno de los encuestados en la sección de respuestas breves. “Tener una sala de oración nunca ha adoctrinado a nadie”.

La encuesta, que fue revisada por Herald, obtuvo 900 respuestas en total .La gran mayoría de los encuestados rechazó la idea de que los programas del campus fueran “discriminatorios”, como sugirió DeSantis. Del mismo modo, la mayoría de los que tomaron las clases a las que apuntaba DeSantis no creían que el material adoctrinara a los estudiantes.

Zac Juan, estudiante de segundo año de Informática en UF, dijo que la teoría crítica de la raza se ha convertido en una “tonta palabra de moda sin sentido” usada por los políticos para irritar a su base política sobre un problema que él no cree que exista.

“Ni una sola vez me he sentido adoctrinado en absoluto por un profesor”, dijo Juan. “Incluso cuando tomo clases de ese tipo —que hablan de cosas como la teoría crítica de la raza— nunca siento que sea adoctrinamiento, [sino que] que es un ambiente abierto para la discusión”.

Como alguien nacido y criado en la Florida, Juan dijo que le preocupa que el ambiente político represivo haga que el estado sufra una hemorragia de talento, especialmente de jóvenes. A pesar de las duras críticas de DeSantis, graduado de la las universidades de Harvard y Yale, UF es ahora una de las cinco mejores universidades públicas del país, según U. S. News and World Report. Hace 10 años, ocupaba el puesto 19.

“Lo que más me preocupa es que la gente se asuste de la Florida por todas estas cosas”, dijo Juan. “Ahora oigo a mucha gente decir ‘en cuanto acabe la universidad me mudo’ y eso lo empeora todo”.

Reacción

Cada medida estatal provocó una reacción contraria en el campus, aunque ante una incertidumbre sin precedentes, el desafío ha adoptado muchas formas.

Portando un cartel que decía “La Historia Afroamericana Importa”,Pearson, la abogada que enseña justicia penal, se unió a cientos de estudiantes de FIU que abandonaron las clases el mes pasadoen protesta por la agenda del gobernador. El martes, el Senado de la facultad de FIU votó a favor de adoptar una resolución condenando HB999, diciendo que el proyecto de ley propuesto “engaña a nuestros estudiantes de una educación que les da la oportunidad de convertirse en trabajadores ágiles, pensadores críticos y ciudadanos que valoran la libre investigación”. Solo una docena de senadores votó en contra de la propuesta.

Como presidente del Senado de la facultad de UF, Phalin hizo declaraciones públicas apoyando DEI, CRT y la atención médica para personas transgénero. Sitharm abofeteó a la universidad con una orden de cese y desista del sindicato, alegando que la aplicación de las nuevas políticas infringía el convenio colectivo del sindicato y las protecciones constitucionales del profesorado. Dunn, historiador de Miami, fue parte de la demanda que dio lugar a la orden judicial contra la Ley Stop WOKE. Leslie Leiberman, profesora jubilada que participó como oradora invitada en el acto científico para niñas del Politécnico de la Florida, dijo que tiene previsto incluir a su antiguo empleador, la Universidad de la Florida Central (UCF), en su testamento.

“No puedo apoyar a una institución que no apoya la diversidad y la libertad de expresión”, dijo Leiberman. “Si más gente estuviera dispuesta a hacerlo, creo que podría tener un impacto”.

Anna Peterson, profesora de ética, religión y política en UF, dijo que,aunque la teoría crítica de la raza no había estado previamente en su programa de estudios, recientemente comenzó a enseñarla después que la atención de los medios despertó el interés de sus estudiantes.

“Hay maneras de hablar de estas cosas que no son adoctrinamiento”, dijo. “Puedo hablar de la historia de Ku Klux Klan sin animar a los alumnos a unirse a él”.

En las universidades de la Florida, dijo Sitharm, el acto de ejercer el derecho a la libertad académica que muchos antes daban por sentado se ha convertido en un “acto de protesta”.

Y para muchos sin permanencia académica, que enseñan en áreas como Estudios de Género o Historia Afroamericana, o forman parte de comités de DEI, simplemente seguir presentándose a trabajar es una forma de rebelión.

Ana Ceballos, de la oficina de Miami Herald en Tallahassee, y Susan Merriam, de McClatchy, contribuyeron a este artículo.

Esta historia fue publicada originalmente el 15 de marzo de 2023, 2:50 p. m..