¿Superará Díaz de la Portilla los cargos penales y la suspensión para ganar la reelección?

Una acre campaña para representar a una franja de clase trabajadora de Miami se está librando a la sombra de los cargos penales contra el suspendido comisionado de Miami Alex Díaz de la Portilla, quien quiere que los electores le den otros cuatro años en el cargo.

Acusado de planes de campaña ilegales y de vender su voto a cambio de contribuciones políticas, el conocido político calificó de persecución política los cargos de corrupción y su destitución en septiembre como comisionado del Distrito 1 de Miami. La semana pasada se declaró inocente de los cargos, aunque no asistió a la vista judicial porque estaba haciendo campaña, según su abogado.

El escándalo se cierne sobre los electores que deciden entre reelegir a Díaz de la Portilla, de 59 años, o ungir a un nuevo representante para Allapattah, Flagami, Grapeland Heights, el Distrito de Salud y partes de La Pequeña Habana. El día de las elecciones, el 7 de noviembre, se enfrenta a cuatro aspirantes: Miguel Ángel Gabela, Francisco “Frank” Pichel, Mercedes “Merci” Rodríguez y Marvin Tapia.

Díaz de la Portilla podría ser vulnerable, a pesar del amplio reconocimiento de su nombre gracias a décadas de campañas, un anterior paso por el Senado de la Florida y los propios logros políticos de sus hermanos. Ha enfrentado varias polémicas desde su elección en 2019 y un flujo de contribuciones políticas antes saludable parece haberse secado tras su arresto el mes pasado.

También está la cuestión de si el gobernador Ron DeSantis suspendería al comisionado por segunda vez en caso de ser reelegido, como hizo el entonces gobernador Charlie Crist en 2009 con la entonces comisionada de Miami Michelle Spence-Jones (al final fue absuelta y luego reincorporada después que se retiraran los cargos de un segundo caso).

Pero se muestra confiado y pronosticó que “ganará a lo grande”. Entró en la temporada electoral con nada menos que $1.5 millones para gastar. Está inundando los buzones, las ondas de radio, las pantallas de televisión y los hilos de mensajes de texto con ataques a sus oponentes y al hombre que lo procesa, el fiscal estatal de Broward Harold Pryor.

El mandato de Díaz de la Portilla

Díaz de la Portilla se negó a compartir con Miami Herald sus principales logros o su plan para un segundo mandato.

En sus cuatro años en el Ayuntamiento, Díaz de la Portilla lideró un impulso para regular el uso de scooters motorizados, patrocinó la expansión de un programa de tarjetas de regalo de asistencia contra el COVID y abogó por que la ciudad abandonara su oposición de larga data a los dispensarios de marihuana medicinal dentro de los límites de la ciudad.

Fue un voto clave a favor de un importante proyecto de reurbanización en el Distrito 1, el plan para construir un centro comercial y un estadio de la Major League Soccer (MLS) para albergar los partidos en casa de Inter Miami. El proyecto, que dividió a los habitantes, contó con el apoyo de algunas personas que viven en Grapeland Heights, el vecindario situado justo al lado del lugar donde se llevará a cabo la reurbanización.

El mandato de Díaz de la Portilla ha estado marcado por el escándalo. Fue visto en una fiesta nocturna ilegal en febrero de 2021, cuando Miami-Dade aún tenía un toque de queda en vigor para limitar la propagación del COVID-19. Su presencia en la fiesta nocturna sin licencia fue un escándalo. Su presencia en el club nocturno sin licencia de Allapattah salió a la luz en el marco de una disputa con una policía que lo acusó de empujarla”. Las grabaciones de las cámaras corporales de la policía no mostraban ningún contacto físico entre ambos. La policía fue despedida posteriormente.

En marzo de 2021, los demás comisionados destituyeron sin contemplaciones a Díaz de la Portilla de su cargo de presidente de una agencia de reurbanización financiada con impuestos en medio de otra polémica. Se reveló que había conseguido un puesto de $53,000 al año en la agencia para una amiga que acababa de salir de una prisión federal tras cumplir una condena por fraude hipotecario.

Jenny Nillo, la amiga, rara vez se presentaba a trabajar, según sus antiguos jefes. Una investigación de la Policía Estatal de la Florida (FDLE) descubrió que, mientras trabajaba, bebía cerveza en un auto municipal, llevaba alcohol a casa de Díaz de la Portilla y recogía su ropa de la tintorería. Después del despido de Nillo, Díaz de la Portilla la contrató para trabajar en su oficina de distrito y la defendió al tiempo que rebatió las acusaciones de que abusaba de su poder como comisionado. Actualmente enfrenta a una acusación formal por la Comisión de Ética y Confianza Pública de Miami-Dade. El caso de ética está pendiente.

Meses antes de su elección en 2019, una casa que Díaz de la Portilla tenía con su ex esposa fue embargada. Después de años de idas y venidas legales, la casa ahora está lista para ir a subasta el 15 de noviembre, según los registros judiciales.

Un rival conocido

Cuando Díaz de la Portilla era el favorito durante su campaña de 2019, decía que no necesitaba criticar a sus oponentes, comentando que solo en las películas los vaqueros disparan hacia atrás a sus perseguidores.

Según su propia medida, este año al menos está mirando por encima del hombro.

Hasta ahora, Díaz de la Portilla ha centrado la mayor parte de su campaña en Gabela, un vendedor de piezas de automóviles de especializado en reparar y restaurar Jaguars. En los anuncios de ataque, un comité político que apoya a Díaz de la Portilla dijo que Gabela, de 59 años, es un propietario abusivo que a principios de este año desahució a una madre y a dos niños con necesidades especiales de un duplex de su propiedad. Sin embargo, los registros públicos, muestran que nunca se llevó a cabo un desahucio.

“Se fue en buenos términos. Quiero dejar eso claro”, dijo Gabela en una entrevista. “Yo no la desahucié ni le pedí que se fuera”.

Gabela, quien perdió ante Díaz de la Portilla en 2019, dijo que esperó 10 meses sin recibir la renta antes de darle a su ex inquilina un aviso para que pagara. Dijo que solo inició los procedimientos formales de desalojo después que el trabajador social de su inquilino le dijo que ayudaría a agilizar la solicitud del inquilino para la asistencia de alquiler de emergencia de la ciudad de Miami.

Según la administración municipal, Gabela recibió $14,270 en junio para cubrir el alquiler atrasado del inquilino. El Herald revisó el comprobante de pago proporcionado por Gabela. Los registros del Tribunal de Circuito de Miami-Dade muestran que Gabela desestimó voluntariamente el caso después que él y la inquilina “resolvieran amistosamente” el asunto del alquiler una vez que el programa de la ciudad le pagó. Gabela dijo que la inquilina se mudó por su propia voluntad el 4 de julio.

La inquilina y su asistente social no respondieron a varias solicitudes de entrevista de Herald.

La unidad, un apartamento en el piso superior de un duplex propiedad de Gabela, se convirtió en el nuevo hogar de Gabela en medio de la batalla legal sobre el mapa electoral de la ciudad.

En junio, la Comisión de Miami, incluido Díaz de la Portilla, modificó el mapa electoral de forma que excluía del Distrito 1 una vivienda unifamiliar propiedad de Gabela. El nuevo mapa se elaboró en virtud de una orden judicial en el marco de otro pleito sobre la delimitación de distritos.

Su duplex está dentro de los límites del Distrito 1 según el mapa de junio. Después de anunciar brevemente el apartamento vacío en Craigslist, se mudó a la unidad en agosto, días antes que la Corte Suprema federal confirmara que el mapa que incluye el duplex en el Distrito 1 se usaría para las elecciones.

Gabela, quien se presenta por cuarta vez a las elecciones a la Comisión de Miami, lleva en campaña desde febrero y aboga por volver a lo básico para representar al Distrito 1.

“Hay mucho trabajo por hacer en Allapattah, Flagami y Grapeland”, le dijo Gabela a Herald. Dijo que las banquetas, calles y desagües pluviales del distrito necesitan mejoras.

Gabela está compaginando la campaña con una demanda que presentó para impugnar el mapa de la ciudad que lo sacó del distrito. El caso pendiente determinará si los votos emitidos por Gabela contarán. Un juez del Tribunal de Circuito de Miami-Dade falló a favor de Gabela, pero el gobierno municipal apeló. El Tribunal de Apelación del Tercer Distrito de la Florida está revisando el caso.

Nuevos aspirantes

Díaz de la Portilla ha atraído a tres nuevos aspirantes que dijeron querer alejar al distrito y a la ciudad de la controversia y los titulares negativos.

“Mi mayor objetivo es cerrar la brecha entre nuestros comisionados y nuestros habitantes”, dijo Marvin Tapia, un inversionista de 36 años y recién llegado a la política.

Tapia, presidente de la Junta Asesora de Asuntos Hispanos (HAAB) de Miami-Dade y portavoz de Viernes Culturales, dijo que es un gran defensor de las artes y que quiere más policías en las calles del Distrito 1.

Otra recién llegada, Mercedes “Merci” Rodríguez, saltó a la campaña justo antes del final del periodo de calificación en septiembre. Empleada del Condado Miami-Dade desde hace mucho tiempo, Rodríguez dijo que se centraría en la ampliación de la vivienda asequible y la promoción del desarrollo económico en el Distrito 1, que cuenta con algunos de los vecindarios de ingresos más bajos de la ciudad.

“Tenemos el problema de la delincuencia, la iluminación, las banquetas y la infraestructura”, dijo Rodríguez.

La relación de Rodríguez con Díaz de la Portilla se remonta a décadas atrás: sus familias fueron a la misma escuela. Díaz de la Portilla la nombró miembro de la Junta de Planificación de la ciudad, de la Comisión de Miami River y del Fideicomiso de Administración de Bayfront Park. Ella le dijo al Herald que pidió ser nombrada para estas juntas y que su objetivo era ayudar a representar al Distrito 1, pero que Díaz de la Portilla no sabía que planeaba presentarse.

“Decidí presentarme, pero no se lo dije a nadie; cuando lo hice, fue muy discretamente, aunque sí se enteró y no, no le gustó”, dijo Rodríguez. “Me mantuve firme. Creo que soy la mejor candidata”.

En 2017 Rodríguez se acogió al Capítulo 13 de bancarrota, que permite a alguien con ingresos regulares desarrollar un plan para pagar todas o parte de sus deudas en un plazo de tres a cinco años. Ella tenía una deuda de unos $2,700 con un Storage Mart en el suroeste de Miami-Dade. Después de tomar un curso de gestión financiera personal y pagar sus deudas en cuotas mensuales que concluyeron en septiembre de 2022, la bancarrota se cerró en febrero de este año, muestran los registros judiciales.

En una entrevista, dijo que tenía problemas financieros debido a una enfermedad médica.

Francisco “Frank” Pichel también se postula nuevamente al escaño del Distrito 1 después de una candidatura infructuosa en 2019. Pichel es un investigador privado con licencia y ex policía de Miami que se postuló sin éxito para alcalde en 2021.

En una entrevista, Pichel dijo que se postulará porque la ciudad está mal administrada bajo un mal liderazgo.

“Todo el sistema está corrupto”, dijo. “No están interesados en servir a la gente, solo les interesa enriquecerse”.

Pichel tiene una larga y colorida historia en la política de Miami. Durante su campaña a la alcaldía en 2021, fue arrestado en los Cayos tras ser acusado de hacerse pasar por policía mientras vigilaba una casa de Cayo Largo donde el alcalde Francis Suárez y su familia estaban de vacaciones. Los registros judiciales del Condado Monroe muestran que los fiscales declinaron presentar cargos por falta de pruebas. El caso se archivó en febrero de 2022.

Pichel dijo que estaba investigando el uso de Suárez de sargentos de armas, la protección policial financiada por los impuestos, que habían viajado con él en sus vacaciones. Dijo que la ciudad presionó al Condado Monroe para que presentara cargos.

“Los cargos fueron desestimados, pero lo hicieron de todos modos”, dijo.

Cuando formaba parte de la Policía, en 2000, fue suspendido al ser acusado de darle instrucciones a un ayudante del servicio público para que presentara un reporte policial falso con el fin de encubrir una paliza policial que provocó la muerte de un preso. Pichel no fue acusado. Fue suspendido de nuevo en 2003 tras supuestamente filtrarle información al Herald sobre la dudosa manipulación de pruebas por parte de la ciudad durante la búsqueda de un violador en serie. Luego de ser readmitido, perdió un juicio contra la ciudad por denuncia de irregularidades.

En 2008, cuando era sargento de armas del Ayuntamiento, fue acusado de vender pequeñas cantidades de esteroides y Cialis, un medicamento para la disfunción eréctil. Más tarde, la fiscalía retiró los cargos de delito grave como parte de un acuerdo en que Pichel aceptó renunciar a su licencia policial.