Procuradora de Florida pidió más control sobre casos de narcotráfico, muestra borrador de proyecto de ley
En vísperas del período de sesiones legislativas que comienza el martes, la procuradora general de la Florida, Ashley Moody, ha estado presionando para ampliar el control de su oficina sobre las investigaciones locales en materia de drogas. Pero parece haber dado marcha atrás a la idea tras recibir el rechazo de fiscales estatales y locales.
El borrador de un proyecto de ley presentado por la oficina de Moody y obtenido por el Herald/Times muestra que la procuradora general proponía dar a un fiscal estatal de su oficina jurisdicción sobre los casos de tráfico de drogas que normalmente llevan las fiscalías locales. El borrador declaraba que ciertos delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes son delitos “que ocurren en todos los circuitos judiciales del estado”.
El borrador de la propuesta, tal y como está redactado, sugiere que ciertos delitos relacionados con el tráfico de drogas son delitos de ámbito estatal, aunque el delito físico nunca haya cruzado realmente las fronteras de los circuitos.
La oficina de Moody ha estado discutiendo la propuesta con los fiscales durante meses y la propuesta ha pasado por varias variantes. La idea fue considerada “inaceptable” y potencialmente inconstitucional por la junta ejecutiva de la Asociación de Fiscales de la Florida (FPAA), que proporcionó información a la oficina de Moody, según muestran correos electrónicos. Moody también se reunió con varios fiscales estatales el lunes por la mañana en San Agustín para repasar los comentarios.
Después de la reunión, el presidente de la FPAA, Jack Campbell, dijo en una entrevista que el tema de la jurisdicción de delitos de drogas probable está fuera discusión. Dijo que “el acuerdo es que vamos a asegurar que todos estén contentos con cualquiera que sea el lenguaje antes de seguir adelante”.
Los cambios sugeridos se dan mientras el gobernador Ron DeSantis —en conjunto con la oficina de Moody— ha adoptado medidas sin precedentes en el control de las acciones de los fiscales locales en un esfuerzo por aplicar mano dura a lo que él percibe como fiscales progresistas que podrían ser más indulgentes con los criminales.
Otros elementos del proyecto de ley propuesto darían a la procuradora general más influencia en las decisiones posteriores a la condena en casos de pena capital, y pudiera dar a las fuerzas de seguridad del estado más control sobre las pruebas de ADN después de la sentencia. No está claro si las propuestas siguen en estudio para el período de sesiones legislativas de 2024.
Hasta el lunes, la oficina de Moody no había presentado ninguna propuesta legislativa.
“Si bien no hay legislación presentada en este momento en relación con el lenguaje de referencia, vamos a seguir trabajando con las partes interesadas a lo largo de este período de sesiones legislativas para fortalecer los estatutos de justicia penal con el fin de reducir la delincuencia y aumentar la seguridad pública”, dijo Chase Sizemore, portavoz de Moody.
En el presupuesto propuesto por DeSantis para el año 2024-2025, propuso $6.6 millones adicionales para crear 40 nuevos puestos en la Oficina de la Fiscalía Estatal para la carga de trabajo. La oficina del gobernador no respondió de inmediato a una solicitud en busca de comentarios, pero la justificación que aparece en su portal digital de presupuesto dice que el dinero sería para la carga de trabajo asociada con el enjuiciamiento de “pandillas, delitos violentos y actividad de drogas dentro de la Florida”.
El borrador de la propuesta de la oficina de Moody refleja una actitud compartida por DeSantis y Moody, ambos se han presentado como duros contra la delincuencia.
En 2022, DeSantis destituyó al fiscal estatal demócrata de Hillsborough, Andrew Warren, en parte debido a su promesa de no procesar a quienes buscan o proporcionan abortos y nombró a un fiscal republicano en su lugar.
Un año después, DeSantis suspendió a la demócrata Monique Worrell como fiscal estatal del Noveno Circuito Judicial, criticándola por no imponer sentencias obligatorias por delitos de drogas y armas.
En la conferencia de prensa en la que DeSantis anunció la suspensión de Worrell, Moody presentó datos sobre los casos en los que Worrell desestimó cargos o no presentó cargos. El proyecto de ley propuesto requeriría que la procuradora general presente datos similares sobre cada fiscal del estado a la oficina del gobernador, el presidente de la Cámara y el presidente del Senado anualmente.
La noticia del proyecto de ley llega junto con otras propuestas para reorganizar el sistema judicial de la Florida. Hace dos meses, la Corte Suprema de la Florida rechazó una propuesta presentada por el presidente de la Cámara de Representantes de la Florida, Paul Renner, que pretendía consolidar algunos de los 20 circuitos judiciales del estado, lo que habría dado lugar a que algunos circuitos, como el del Condado Monroe en los Cayos, se fusionaran con circuitos más grandes, como el Miami-Dade.
La mayoría de los fiscales, abogados defensores públicos y privados y muchos jefes de policía se opusieron a la propuesta de consolidación.
El fiscal estatal del Condado Monroe, Dennis Ward, que se opuso rotundamente a la consolidación de los circuitos, dice que el proyecto de ley propuesto es una forma indirecta de lograr el mismo objetivo.
“Esto es la consolidación en otra versión”, dijo Ward.
Esta historia fue publicada originalmente el 9 de enero de 2024, 1:04 p. m..