JOSÉ MANUEL PALLÍ: La justicia como pilar del Estado

En un mundo cada vez mas cercado por el consumismo, la capacidad de venta –de lo que sea: productos, servicios, ideas (Miami rebosa de hustlers de ciertas ideologías) u otras modas– es la clave para conseguir el dinero y el poder en cualquier sociedad. Y la llamada globalización ha exasperado el ansia por incrementar esa capacidad de venta en todos los rincones de nuestro maltratado planeta.

En los Estados Unidos de América, mi país, somos muchos los que estamos preocupados por el cerco del consumismo, que, en el campo de las ideas actualmente “vigentes” como parte del statu quo –y que se venden como cualquier otro objeto de consumo y con una inversión muy generosa en su mercadeo por parte de los interesados en mantener ese statu quo– se acompaña con una amañada simplificación de las mismas. Esa simplificación facilita, a través de la repetición ad nauseam de dichas ideas, invariablemente maniqueas a la hora de competir con cualesquiera otras ideas, el lavado de los cerebros de la vasta mayoría de mis conciudadanos. Y convengamos, aun quienes estamos preocupados por ese estado de cosas en EEUU, en que nuestro país sigue siendo el “número uno” en el mundo si de capacidad de venta se trata, circunstancia que no hace sino aumentar mi propia preocupación.

Entre los muchos componentes de ese ideario de consumo masivo en EEUU –yo lo llamaría “populista”, si no fuera porque los vendedores de ese mismo ideario se apropiaron de esa palabreja para descalificar a cualquier ideario opuesto al de ellos– encontramos la veneración por las “instituciones”, que según un señor de apellido North es la clave para entender nuestro buen pasar en EEUU, y en varios otros países “desarrollados” (cuyas “instituciones”, en muchos casos, difieren de las de EEUU, sin que por eso se mosqueen los vendedores de ideas), y el supuesto desmadre imperante en países que no aplican el ideario (y las instituciones) que se pretende vender, los países del llamado South. Esto último es transparentemente falso, pues muchos de esos países desordenados han copiado casi textualmente el marco institucional de EEUU. Pero, nos explican los vendedores, eso les pasa porque no leyeron las instrucciones a cabalidad.

Lo cierto es que, de un tiempo a esta parte, el argumento según el cual en EEUU tenemos un mejor pasar que en el resto del mundo se ha venido deteriorando, cuando no desvaneciendo en el caso de muchos de mis conciudadanos. Y ese deterioro se manifiesta a través de un aumento en la percepción que muchos tenemos de un marcado aumento en la desigualdad en EEUU, de una merma sensible de las oportunidades que, supuestamente, todos tienen en “el país de las oportunidades”. Se manifiesta, en otras palabras, en un clamor cada vez mayor –aunque todavía bien controlado por los vendedores de ideas– por la restauración de una Justicia que se percibe como disminuida.

Los vendedores de ideas se aferran a conceptos como el del “Estado de Derecho”, que definen a su gusto y placer sin admitir argumentos en contrario, ostentándolo como instituto sin el cual no puede funcionar una sociedad. Su definición soslaya la importancia de indagar cuál es el “Estado del Derecho” de donde provienen las leyes que gobiernan esa sociedad, quién y cómo las hace, qué papel juegan el poder y el dinero en la confección de las mismas. Y es que detrás de la respuesta a esa serie de preguntas se encuentra una gran verdad que desvirtúa todo el esfuerzo de estos vendedores –hay quienes los llaman “expertos”– que pretenden minimizar los efectos de la desigualdad y la atinente percepción de injusticia: sus simplificaciones valen poco y nada.

Y es en este contexto en el cual se inician las conversaciones entre Cuba y EEUU para intentar normalizar sus relaciones después de más de cincuenta años. Y se me hace evidente que el lado cubano en esa negociación está perfectamente consciente de ese contexto. De ahí que Cuba esté dispuesta a conversar y a negociar sobre todos los temas, incluidos los derechos humanos, las responsabilidades financieras por los más de cincuenta años de desavenencias y trifulcas, y hasta sobre las virtudes del sistema político imperante en ambos países, sistema que ambas partes consideran democrático.

Pero el punto clave, en mi humilde opinión, es esa percepción de una justicia desnivelada, de una disminución en el alcance parejo de la misma –en EEUU esto se refleja hasta en la preocupación porque el acceso a la justicia sea cada vez más limitado por su encarecimiento, que la pone fuera del alcance de muchos de mis conciudadanos–, y esa percepción sería igualmente dañina de darse en cualesquiera otras sociedades, Cuba incluida.

Uno de los primeros temas que saltó a la palestra en las recientemente iniciadas conversaciones entre Cuba y EEUU fue el de la llamada Ley de Ajuste Cubano. Cuba exige, como lo ha hecho desde hace muchos años, que se elimine esta disposición del derecho migratorio de EEUU que privilegia a los inmigrantes de nacionalidad cubana por sobre los de cualquier otra nacionalidad. Cuba insiste en que ese tratamiento excepcional instiga a muchos cubanos a arriesgar sus vidas con tal de llegar a pisar territorio estadounidense. En mi humilde opinión, Cuba tiene razón cuando explica los efectos nocivos de la Ley de Ajuste Cubano, sobre todo ante el giro dado por la legislación migratoria cubana recientemente, adoptando una postura que facilita las posibilidades de viajar (ordenadamente) de la vasta mayoría de los habitantes de la isla, a EEUU o a cualquier otro destino (lo ideal sería que ese derecho lo tuvieran todos los cubanos que habitan la isla, sin que las autoridades se lo negaran a nadie, nuevamente, para reforzar la percepción de justicia).

Pero, y desde que se anunció, el 17 de diciembre pasado, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y EEUU, me acompaña una profunda decepción en lo que hace a mi propia percepción de la justicia, tanto de un lado como del otro del estrecho de la Florida, justamente por el tratamiento dispar y desigual dado a un manojo de cubanos humildes en la situación que paso a describirles.

La relación entre los dos países se destrabó gracias a la disposición de cada una de las partes a dejar en libertad a quienes su propio sistema de administración de justicia había encontrado responsables de delitos. Fueron muchas las voces que se alzaron pidiendo la libertad de Alan Gross, y muchas más (todo un pueblo) las que lo hicieron por los tres cubanos aún detenidos en EEUU bajo cargos de espionaje, un par de ellos bajo pena de prisión perpetua.

Pero lo que me duele profundamente y afecta mi percepción de lo que es justo en virtud de la liberación, que celebro, tanto de Alan como de Gerardo, de Antonio y de Ramón, es que aquellos por quienes nadie alza su voz permanezcan olvidados y encerrados en prisión por delitos inducidos por ese canto de sirena que es, para muchos cubanos todavía hoy, la Ley de Ajuste Cubano.

Si Cuba quiere reforzar su crítica a la Ley de Ajuste Cubano y exigir su derogación –propósito que, para sorpresa de algunos, también parecen perseguir algunos de los enemigos más vociferantes que tienen las autoridades cubanas en EEUU– una manera de hacerlo es eliminando la percepción de injusticia que sobrevuela al caso del secuestro de la lanchita de Regla, ocurrido en abril del 2003.

Las sentencias dictadas contra los participantes en ese incidente, en el cual no se derramó una sola gota de sangre ni se abusó de la fuerza mas allá de la apropiación indebida de la lancha por parte de los secuestradores, fueron tan descomedidas como para muchos lo fueron las que se dictaron contra los cinco cubanos condenados por espionaje en EEUU. Apropiarse por la fuerza de una nave para alterar su curso es un acto de terrorismo bajo las leyes cubanas –y bajo las de muchos otros países–, y así debe ser. Pero la mayoría de los casos como el de la lanchita de Regla son el resultado de esa Ley de Ajuste Cubano que, como tantos otros vestigios de la Guerra Fría, han dejado de tener sentido.

La severidad de las sanciones contra este grupo de secuestradores, según las autoridades cubanas, se debió a la necesidad de frenar una ola de incidentes similares que se estaban tramando en diversos puntos de la isla por esos días del año 2003, incidentes que obligaban a Cuba a demostrar su capacidad para controlar sus fronteras bajo la presión de las autoridades de EEUU, que así se lo exigían. Para mí es evidente el contrasentido entre esa presión que EEUU ejercía (y ejerce, presumiblemente) sobre Cuba y el mantenimiento de la Ley de Ajuste Cubano, pero eso no hace sino aumentar mi dolor ante lo injusto que resulta continuar ignorando a estas pobres gentes cuyas familias tienen el mismo derecho a disfrutar de su regreso a casa como la de Gross y las de los tres cubanos recientemente reintegrados a las suyas.

Cuatro de los secuestradores de la lanchita de Regla (el vapor de Baraguá) cumplen cadena perpetua: Harold Alcalá Aramburo, Maykel Delgado Aramburo, Ramón Henry Grillo y Yoanny Thomas González, mientras que Wilmer Ledea Perez cumple una condena de treinta años de prisión. Todos ellos llevan ya cerca de doce años tras las rejas. Sus familiares están próximos a iniciar un procedimiento de revisión de sus sentencias ante el Ministerio de Justicia en La Habana.

Las razones que llevaron a las autoridades cubanas a imponer sentencias tan severas –que incluyeron tres penas de muerte, ante las cuales ya nada se puede hacer– no parecen ser ya operantes, y una reconsideración de estos casos pudiera incrementar la percepción de justicia que requiere todo gobierno, todo Estado, para exigirle a otros la reparación de las injusticias cometidas contra ellos. Es esa percepción de justicia la que sostiene, en el derecho y en los hechos, la autoridad de todo Estado. Ojalá las autoridades judiciales cubanas vean desde esa perspectiva la situación de estos cinco humildes cubanos, que son tan cubanos como el que más.

Esta historia fue publicada originalmente el 23 de febrero de 2015, 1:00 p. m. with the headline "JOSÉ MANUEL PALLÍ: La justicia como pilar del Estado."