Un error de novato por un político con experiencia

No pasaron ni 24 horas después de que el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva amenazando quitar fondos federales a las llamadas “jurisdicciones santuarios” –comunidades que adoptan sus propios planes para proteger la seguridad pública y las protecciones constitucionales para sus residentes– cuando Carlos Giménez, alcalde de Miami-Dade, falló. Anunció un cambio en la política del condado y ordenó a los funcionarios de las cárceles cumplir con las solicitudes de detención de las autoridades federales de inmigración, aun cuando no han establecido causa probable de obtener una orden judicial.

Pero la orden ejecutiva del presidente realmente no puso los fondos federales del condado en peligro: la ley federal no exige, ni obliga, a funcionarios estatales o locales a mantener personas bajo custodia únicamente por la solicitud de un funcionario federal. Sin embargo, al rescindir la política actual del condado, el alcalde Giménez en la práctica ordenó a los funcionarios de la cárcel violar la Constitución de los Estados Unidos. Su cambio de política expone al condado a posibles litigios y serios daños monetarios. También hizo que el condado fuera menos seguro.

Hasta la semana pasada, la postura de Miami-Dade era generalmente no mantener a las personas en sus cárceles más allá del tiempo en que de otra manera serían liberadas, basándose en una solicitud del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

La razón del condado para negarse anteriormente a cumplir se trataba más de dólares que de derechos humanos y libertades civiles. Los federales no reembolsaron al condado por los costos de la detención de inmigrantes, así que el condado decidió no cumplir. Ahora, bajo la amenaza de la semana pasada por el nuevo presidente, el alcalde invirtió el rumbo, aparentemente porque calculó que era mejor incurrir en los costos no reembolsados ​​por detener a los inmigrantes que arriesgar el apoyo federal al condado.

La política anterior de limitar la participación local en el proceso de deportación era buena para los residentes del condado mucho más allá del ahorro en gastos. Los estudios reafirman lo que ya sabían los funcionarios policiales y los funcionarios electos: las comunidades que tienen políticas, como la que el alcalde Giménez deshizo la semana pasada, que protegen a todos sus residentes, tienen menos crímenes y economías más fuertes que las comunidades que no tienen esas políticas. Esto se debe a que las familias son más estables cuando están intactas, y porque las víctimas y los testigos son más propensos a denunciar los crímenes cuando la policía deja el negocio de deportación a ICE.

La política del condado también era legalmente correcta. Numerosas cortes federales a través del país –en Oregón, Utah, Pensilvania y Rhode Island– han sostenido que la protección de la Cuarta Enmienda contra la inspección e incautación no razonable limita la retención de personas bajo custodia en cuanto a las solicitudes de detención de ICE.

Es por esta misma razón que los agentes policiales no pueden detenerte en tu camino al trabajo y privarte de su libertad sin una causa probable. Las jurisdicciones que han sido demandadas por cumplir con estas peticiones de detención han enfrentado consecuencias costosas. La ciudad y el condado de Lehigh, Pennsylvania, por ejemplo, acordaron pagar $120,000 para resolver una demanda traída por un ciudadano americano que fue detenido equivocadamente durante tres días conforme a una de estas solicitudes de autoridades federales.

Pero incluso si el cumplimiento de las solicitudes de detención no se oponía a la Cuarta Enmienda, no existe una ley federal que exija a las jurisdicciones locales usar sus recursos para detener a las personas por consecuencia de estas solicitudes. El gobierno federal no puede exigir que los funcionarios locales violen la Constitución. La Décima Enmienda a la Constitución prohíbe al gobierno federal "requisar" a los funcionarios estatales y obligarlos a poner en vigor las leyes de inmigración. Presumiblemente, esto incluiría coerción mediante la amenaza de cortar financiación federal. El gobierno federal puede incentivar la cooperación con agregar condiciones para conceder programas, pero ese poder, también, es limitado.

Es el Congreso –no el presidente– el que sostiene este "poder de la bolsa" bajo nuestra Constitución. Todo lo cual quiere decir que la "amenaza" del presidente para quitarle fondos al condado Miami-Dade era fútil.

Por lo tanto, en lugar de unirse con los valientes alcaldes del país que se niegan a ceder a la amenaza de la administración de Trump de retener, inconstitucionalmente, dinero federal, el alcalde Giménez voluntariamente decidió violar los derechos de los residentes de Miami-Dade. Daños monetarios de demandas seguramente vendrán.

Nuestra comunidad es una comunidad de inmigrantes y un puerto internacional. Más del 50 por ciento de nuestros residentes son nacidos en otro país. Al ser el primero en ceder a las amenazas vacías del presidente Trump, el alcalde Giménez voluntariamente convirtió nuestro condado en el epítome del programa inconstitucional del presidente de perseguir, detener y deportar a los inmigrantes.

Necesita reconsiderarlo.

Esta historia fue publicada originalmente el 1 de febrero de 2017, 3:19 p. m. with the headline "Un error de novato por un político con experiencia."