Reduciendo el riesgo de la infraestructura para las personas

Hace poco más de un año, el 2 de marzo del 2016, nos despertó la impactante noticia del asesinato en Honduras de Berta Cáceres, ganadora del Premio Ambiental Goldman en el 2015, en respuesta a su campaña para detener la construcción de la represa hidroeléctrica de Agua Zarca en territorio indígena Lenca.

Durante su campaña, la señora Cáceres había recibido más de 30 amenazas de muerte. Los financiadores de la represa de Agua Zarca suspendieron los préstamos. Sin embargo, las amenazas a aquellos que se oponen al desarrollo de los proyectos nunca han sido tan intensas.

El año pasado, por lo menos seis activistas más han sido asesinados en Honduras, entre ellos, hace dos semanas, José de los Santos Sevilla, el líder de los indígenas Tolupán. Durante una semana de enero, siete fueron asesinados en Colombia, Guatemala y México, en relación con represas hidroeléctricas, minería y proyectos de agroindustriales. Entre las víctimas estuvieron el líder indígena mexicano Isidro Baldenegro López, otro ganador del Premio Ambiental Goldman.

Además de los asesinatos, las herramientas de represión incluyen interferencias en asambleas pacíficas, medidas drásticas en contra de organizaciones no gubernamentales, ataques contra los medios de comunicación independientes, censura estatal, leyes antiterroristas draconianas, agravios e injurias impulsados y patrocinados por el estado, vigilancia ilegal, detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones. En algunos países, leyes punitivas y leyes estableciendo organismos especiales de seguridad, han sido creadas específicamente para proteger los intereses de los inversores.

Aisladamente de estos asesinatos, intimidación y desalojos, los ministros de economía de los países miembros del G-20 han estado trabajando para aumentar la inversión global en mega proyectos de infraestructura, como grandes represas, oleoductos y gasoductos, puertos, carreteras y ferrocarriles.

Dentro de dos semanas, en Baden Baden, Alemania, los ministros de economía del G-20 prepararán el terreno para la Cumbre del G-20 a llevarse a cabo en julio del 2017 en Hamburgo. La infraestructura será nuevamente incluida en la agenda.

La infraestructura bien concebida e implementada es vital para la realización de muchos derechos humanos, incluyendo salud, agua y saneamiento, así como para el crecimiento económico. A su vez, el crecimiento genera recursos que pueden aprovecharse para las inversiones en las personas y el medio ambiente.

Pero estos ambiciosos planes están cargados de riesgos sin evaluaciones de impacto en los derechos humanos. Los proyectos carreteros, como las grandes represas y gasoductos, han sido pararrayos para las violaciones a los derechos humanos en África, Asia y otros lugares.

Los planes maestros de la infraestructura regional, que han eludido en gran medida un debate público, abarcan hasta 100,000 kilómetros de nuevas carreteras en África y 579 nuevos proyectos en América Latina, incluyendo carreteras, presas hidroeléctricas y oleoductos. La Iniciativa de China de un Cinturón, un Camino, respaldada por el Fondo de la Ruta de la Seda de USD 40B, el Banco Asiático de Inversión en la Infraestructura y el Banco de Desarrollo de China, se extiende a través de 65 países e incluye enlaces de transporte a través de zonas asoladas por el conflicto de Myanmar, Pakistán y el Valle de Fergana en Asia Central. El Corredor Industrial de Delhi-Mumbai, el proyecto más grande de infraestructura en el mundo, puede afectar hasta a 180 millones de personas. Los conflictos de tierra alrededor de la agroindustria y de los proyectos extractivos en Indonesia fueron recientemente descritos como una “brutal guerra de clases”. El Oleoducto de Dakota se está convirtiendo en otro punto álgido.

Lamentablemente, en este contexto, los derechos humanos suelen quedarse en meras palabras. En el mundo machista de la mega-infraestructura, el éxito se mide por el tamaño y la velocidad, alentando la negación de los derechos humanos en lugar de la debida diligencia. Con una franqueza que desarma, el presidente del Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura ha descrito a las personas que se resisten al reasentamiento forzoso como “irracionales” y afirma que las familias deberían estar dispuestas a “sacrificarse” por el interés público. La posibilidad del reasentamiento siguiendo las normas internacionales en derechos humanos parece ajena a esta visión del mundo.

El G20 y las instituciones de financiamiento para el desarrollo deben corregir este curso urgentemente.

Es hora de levantar el velo de los planes de infraestructura regionales y nacionales y romper las paredes entre las inversiones, el financiamiento a la infraestructura y los derechos humanos. Es hora de que una agenda de inversión de infraestructura sea segura y sostenible.

En primer lugar, ningún proyecto importante de infraestructura debería ser financiado sin una deliberación total y una consulta pública, libres de intimidación o coerción con las comunidades directamente afectadas.

En segundo lugar, todo el desarrollo de las instituciones financieras debe tener políticas que explícitamente se comprometan a respetar la normativa internacional de los derechos humanos, incluyendo las libertades de opinión, expresión, asociación y reunión pacífica. Donde las leyes nacionales e internacionales establecen normas diferentes, el nivel más alto debe ser respetado.

En tercer lugar, desde su inicio, todos los nuevos proyectos deben someterse al examen debido de los derechos humanos, incluyendo un análisis de la línea base del espacio de la sociedad civil, así como los riesgos de represalias, con indicadores y puntos claros de acción en respuesta a la evolución de la situación de los derechos humanos.

En cuarto lugar, todas las instituciones de financiamiento para el desarrollo, así como sus mecanismos independientes de rendición de cuentas, deben tener políticas y procedimientos claros, transparentes y aplicables para gobernar sus evaluaciones y las respuestas posibles a los riesgos de intimidación y represalias.

En quinto lugar, todas las instituciones financieras de desarrollo y sus mecanismos independientes de rendición de cuentas, deben recabar y publicar sistemáticamente informaciones sobre intimidación, coacción y represalias en relación con sus actividades, y detallar qué acciones se están tomando para enfrentarlas.

Por último, cada institución financiera para el desarrollo debería establecer mecanismos de reclamo independientes, accesibles y eficaces, con el fin de garantizar que aquellos cuyos derechos han sido violados reciban una pronta y justa reparación. La rendición de cuentas y la existencia de remedios efectivos deben ser componentes básicos de los contratos de inversión, así como también el desarrollo de diálogos sobre políticas de desarrollo y asistencia técnica.

Estas medidas no resolverán todos los problemas, particularmente donde la impunidad es endémica. Pero nada cambiará si los incentivos y las consecuencias permanecen estáticos. Las instituciones financieras de desarrollo y los inversionistas, implementando estas medidas en conjunto, pueden ayudar a alterar el status quo y abrir el espacio para el cambio, evitando la complicidad en las violaciones de los derechos humanos.

Es el momento de volver a imaginar la infraestructura como si la gente y el medio ambiente importaran.

Esta historia fue publicada originalmente el 5 de marzo de 2017, 8:03 p. m. with the headline "Reduciendo el riesgo de la infraestructura para las personas."