El referéndum catalán

El 1 de octubre se ha convocado un referéndum con una pregunta escueta: si se quiere que Catalunya sea un estado independiente. Además, se añade otro requisito: “de formato republicano”.

Numerosos analistas creen que se avecina un “choque de trenes” espectacular. Según los independentistas, en realidad no habrá tal choque, ya que uno de los trenes evitará al otro que se habrá equivocado de vía. Según el gobierno español, tampoco el choque se producirá ya que lentamente el suflé del proyecto de referéndum en Catalunya se desintegrará. Regresará a una variante más del autonomismo, la fórmula práctica de resolver el centralismo del régimen franquista. Fue lo que sarcásticamente se llamó el “café para todos”.

La situación catalana actual proviene directamente del rechazo en 2010 de un nuevo proyecto de estatuto autonomista (significativamente aprobado previamente por el Congreso español y el Parlament catalán, reforzado por un referéndum). El gobierno español y el Tribunal Constitucional lo rechazaron aduciendo que el preámbulo mencionaba a Catalunya como “nación”.

Nadie sabe bien quién es más culpable. Por una parte, sobresale el gobierno español por negarse a contemplar cualquier negociación que no sea el lento proceso de la reforma constitucional. Por otra, destacan los independentistas catalanes por insistir en un proceso que no ha recibido apenas apoyo alguno internacional. Nadie en la comunidad internacional quiere verse implicado en una disputa que se considera estrictamente interna.

Los argumentos se centran, por parte del gobierno español, en la insistencia de que la legislación constitucional no reconoce más soberanía que la colectiva de España. Los territorios, regiones o autonomías no pueden programar una consulta parcial acerca de una posible independencia. Esa prerrogativa pertenece a todos los ciudadanos españoles en bloque, no solamente a los catalanes. Los independentistas catalanes, por otra parte, consideran que disfrutan de un especial “derecho a decidir”. Es un término acuñado para disfrutar del universal privilegio a “la autodeterminación”, protegido por las Naciones Unidas y el derecho internacional, solamente aplicable a casos de colonialismo.

Los independentistas catalanes centran su reclamo sobre el contraste entre las contribuciones de Catalunya al conjunto español y los beneficios recibidos. Con menos del 15% de la población, Catalunya genera más del 20% del Producto Bruto Interno y el 25% de las exportaciones. Mientras la mayoría de las autonomías del estado español no pueden reclamar una historia bien diferenciada, el sentimiento “nacional” de Catalunya ha ido en aumento en los últimos años. Mientras hace apenas 25 años el porcentaje de los que se consideraban solamente catalanes no rebasaba el 15%, hoy este sector supera el 40%, y una mayoría notable reclama compartir el sentimiento español y catalán.

En cuanto a la supervivencia de un estado independiente, los responsables del proceso de referéndum aducen que Catalunya seguiría siendo parte de la Unión Europea, cuando la legislación comunitaria solamente permite esa pertenencia al formar parte de un estado miembro. Esa categoría solamente pertenece a España, no a sus porciones. Una Catalunya independiente debería ser reconocida por la comunidad internacional, ingresar en las Naciones Unidas, y luego solicitar el acceso en la EU. Sería miembro de la UE cuando todos y cada uno de los estados lo aprobaran.

Los independentistas consideran que los catalanes nunca dejarían de ser europeos. Mientras eso es cierto desde el punto de vista cultural, cesarían de disfrutar del estatuto de ciudadanos de la UE. Serían como los ciudadanos de Noruega o de Moldavia. Catalunya nunca fue miembro de la EU; solamente el estado español.

Mientras, el Parlament catalán ha aprobado una ley que permitiría la adopción, sin debate, de unas leyes fundamentales (“constitución”) declaratorias de independencia si la mayoría del referéndum fuera simplemente superior al 50%. Esta ley va a ser denunciada por el gobierno español al Tribunal Constitucional, con lo cual quedaría automáticamente suspendida. Mientras tanto, el anterior presidente del gobierno catalán, Artur Mas, líder de Convergencia, fundada por el presidente Jordi Pujol, caído ahora en desgracia por corrupción, ha sido inhabilitado, amenaza que pesa sobre la cabeza del actual, Carles Puigdemont, del mismo partido.

Según algunas predicciones, si el proceso de referéndum queda suspendido, la convocatoria de nuevas elecciones catalanas sería la salida lógica. Entre las previsiones electorales se baraja el triunfo de Esquerra Republicana, liderada por Oriol Junqueras, coaligada actualmente a los restos de Convergencia. Pero todo es especulación, pendiente del desarrollo del proyecto de referéndum.

Esta historia fue publicada originalmente el 29 de julio de 2017, 2:23 p. m. with the headline "El referéndum catalán."