Opinión

España, una democracia resistente

Personas que se oponen a la independencia de Cataluña marchan por las calles de Barcelona el 22 de septiembre del 2017.
Personas que se oponen a la independencia de Cataluña marchan por las calles de Barcelona el 22 de septiembre del 2017. Getty Images

España atraviesa una crisis constitucional por el intento de secesión puesto en marcha por el gobierno de Cataluña y la coalición independentista que lo sustenta.

Este ataque a una democracia constitucional y europea bien asentada tiene aún mayor gravedad que el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, cuando el teniente coronel Tejero secuestró al gobierno español y a los diputados al Congreso durante unas largas horas. El desenlace entonces, gracias a la acción decidida del rey don Juan Carlos, unió a las fuerzas políticas y aceleró la modernización de las fuerzas armadas.

La crisis desatada en Cataluña es un desafío frontal al Estado de Derecho, negando la vigencia de la Constitución de 1978 y el Estatuto de Autonomía catalán. Por ahora, este terremoto político ha servido para demostrar la fortaleza de la democracia española.

El gobierno español ha frenado el camino hacia la secesión iniciando el procedimiento constitucional previsto para garantizar el cumplimiento de la ley en las comunidades autónomas.

Los partidos constitucionalistas se han unido y han decidido que debe ser una oportunidad para mejorar el sistema de descentralización territorial previsto en la Constitución, que necesita actualizarse entre otras cosas porque se puso en marcha sin contar con las realidades de la integración europea.

Los antecedentes inmediatos de la crisis son conocidos. A pesar de tener un nivel de autogobierno muy desarrollado y un reconocimiento de sus símbolos y su identidad como nunca había sucedido en la historia, los líderes independentistas catalanes han optado por tensar al máximo la relación con el resto de los españoles. Han buscado la exaltación nacional de una comunidad homogénea, un proyecto ligado al peor pasado europeo, fundado en la exaltación romántica de un grupo por encima de los demás.

De este modo, el presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, convocó para el 1 de octubre un referéndum de autodeterminación que iba en contra de la legalidad internacional, europea y nacional. El Tribunal Constitucional español suspendió las supuestas leyes catalanas que lo amparaban, tramitadas de urgencia y sin respetar los principios parlamentarios.

La Constitución española se puede reformar incluso para cambiar su definición de un único titular de la soberanía, el pueblo español, pero no se puede ignorar de este modo. Aún así, el día previsto hubo un simulacro de votación para independizar Cataluña, sin garantía alguna.

Los organizadores de la farsa consiguieron presentarla en algunos medios internacionales como un acto de rebeldía popular frente a una acción policial excesiva. Lo cierto es que todas las fuerzas de seguridad habían recibido la orden judicial de impedir la votación.

Buena parte de la policía catalana se negó a actuar y dejó que fueran los efectivos de la policía nacional y la guardia civil los que, sin medios suficientes, tratasen de cumplir estas tareas. Como resultado de las cargas policiales, dos personas fueron hospitalizadas, nada que ver con los 900 heridos de la propaganda independentista.

En esta segunda crisis de la democracia española también está siendo esencial el papel de la Corona. Tras el supuesto referéndum, el proceso secesionista había mutado en pulsión revolucionaria y alentaba el choque en las calles para hacer efectiva la autodeterminación, sin importarle la falta de apoyo de la mayoría o el nulo respeto a los procedimientos.

El rey don Felipe VI hizo una intervención muy firme en la que señalaba que lo primero era recuperar el orden constitucional. El Derecho no puede dejar de aplicarse en una parte de España.

Otro elemento clave para entender lo que ocurre estos días es el respaldo pleno de la Unión Europea y sus Estados al gobierno español. El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, ha explicado que en Europa cualquier identidad colectiva debe poder ser asociada a otras identidades.

En el caso de Cataluña, una combinación extrema de nacionalismo y populismo ha querido romper la pertenencia de este territorio tanto a la España constitucional como a la Europa integrada. La integración política y económica se puso en marcha hace casi setenta años precisamente para evitar los excesos del nacionalismo con instituciones comunes en una Comunidad de Derecho. Ningún Estado europeo alienta el separatismo, que se contagiaría fácilmente, y nadie quiere una Europa con cien Estados, inestable e ingobernable, como ha sugerido el propio Juncker.

Por otra parte, por primera vez un millón de ciudadanos han salido a la calle en Cataluña para manifestarse en contra de la independencia, enarbolando las banderas europea, española y catalana en armonía.

Además, en estos últimos días muchas empresas con sede en Cataluña han votado con los pies y se han marchado del territorio que reclamaba la desconexión del mercado estatal y, por lo tanto, del europeo.

Al gestionar esta crisis desde el Derecho y con apertura a la reforma constitucional, España puede hacer una contribución a una esfera internacional cuyas reglas del juego sufren la amenaza de demasiados brotes nacionalistas.

José M. de Areilza Carvajal es profesor de ESADE en España.

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