La Florida no debe seguir una agenda antiinmigrante
La Cámara de Representantes de la Florida votó este viernes para aprobar HB 9, un proyecto de ley draconiana derivada directamente del libro de estrategias antiinmigrante de la administración de Trump.
Mientras los proponentes de esta política dependen del miedo hacia los inmigrantes y el crimen para justificar el HB 9, la realidad es que este enfoque dañaría la seguridad pública, impediría una vigilancia policial eficaz y amenazaría los derechos civiles de todos los floridanos. Uno de cada cinco residentes de la Florida es un inmigrante, y casi 1 de cada 8 floridanos es ciudadano americano con al menos un padre inmigrante. Nuestro estado puede hacer algo mejor que adoptar una legislación inconstitucional que usa a los inmigrantes como chivos expiatorios, y que agrava la división entre las autoridades y las comunidades que han jurado proteger.
La HB 9 obligaría a todos los empleados del gobierno de Florida —incluyendo funcionarios electos, agentes de policía e incluso personal de universidades públicas— a actuar como agentes no remunerados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) al exigirles que brinden el máximo apoyo para implementar la ley federal de inmigración, independientemente de sus responsabilidades laborales. Si estos empleados no cumplen con este requisito opresivo, enfrentarían multas de hasta $5,000 por día y una posible suspensión o destitución de sus funciones. Estas disposiciones, por sí solas, trastocarían a nuestros gobiernos estatales y locales al subordinar las funciones normales del gobierno a la agenda de inmigración de Trump.
Según HB 9, los departamentos de policía locales no solo se desviarían de sus responsabilidades principales, sino que además su trabajo para mantener a las comunidades seguras y libres de crimen sería directamente socavado. El proyecto de ley requeriría que la policía local se convierta en agentes de inmigración de facto. Pero cuando se cree que la policía está trabajando con funcionarios federales de inmigración, es menos probable que testigos y víctimas inmigrantes denuncien delitos e información útil, independientemente de que tengan o no estatus legal, por temor a que ellos o los miembros de su familia sean interrogados, detenidos o deportados. Por esta razón, la Asociación de Jefes de Policía de Ciudades Grandes (MCCA, por sus siglas en inglés), el Grupo de Trabajo Presidencial sobre la Vigilancia Policial del Siglo XXI, varios procuradores generales estatales y líderes de vigilancia policial a través del país han adoptado posiciones o políticas que se oponen al enredo de las autoridades locales con el DHS. La HB 9 obligaría a los agentes policiales de todo el estado a intentar luchar contra el crimen en las comunidades de inmigrantes con una mano atada a la espalda.
Finalmente, el proyecto de ley expondría a las ciudades y condados de Florida a costosos litigios por discriminación racial y violaciones a la Cuarta Enmienda, y los contribuyentes asumirían estos costos. Por ejemplo, el proyecto de ley exige las autoridades encarcelar personas sin una orden judicial a petición de ICE (pero a expensas de Florida) por hasta 48 horas después del momento en que esa persona sería liberada, aun si la persona tiene prueba de ciudadanía estadounidense. En los últimos años, las jurisdicciones de California, Colorado, Nueva York, Oregón, Pensilvania, Utah y Washington se han visto obligadas a pagar decenas de miles de dólares por daños y perjuicios en litigios relacionados con las detenciones. No agreguemos Florida a esa lista.
En 2010, Arizona aprobó su ley de “muéstrame tus papeles”, y resultó en boicots a nivel nacional y un golpe devastador a la reputación del estado, sin mencionar los más de dos años dedicados a tratar de defender la ley en los tribunales. ¿Por qué Florida querría repetir el error de Arizona?
HB9 es un intento de rehacer el estado de Florida en la visión de la administración de Trump. En lugar de una medida seria de seguridad pública, es un proyecto de ley descaradamente antiinmigrante que busca facilitar la detención y deportación al mayor número de inmigrantes como sea posible, sin importar los costos en familias deshechas, las libertades civiles y el equilibró de los presupuestos locales y estatales. Los legisladores en el Senado deberían rechazar HB 9 y reenfocar sus energías en los desafíos reales que enfrentan nuestras comunidades.
Abogado de inmigración, ACLU de Florida.
Esta historia fue publicada originalmente el 12 de enero de 2018, 3:16 p. m. with the headline "La Florida no debe seguir una agenda antiinmigrante."