Por el derecho al voto de casi todos los exconvictos

​El próximo 6 de noviembre votaré sin reservas a favor de la Enmienda 4 a la Constitución de la Florida. Si la aprueban al menos el 60 por ciento de los electores la iniciativa enmendaría una injusticia desaforada: Le restauraría el derecho al voto a más de un millón de hombres y mujeres, ciudadanos estadounidenses residentes del estado, que han cumplido sus condenas, incluyendo las variantes de la libertad condicional (el “parole” y “probation”, como se conocen en inglés). Estos exconvictos privados del derecho al sufragio fueron sentenciados por cometer crímenes clasificados como delitos graves (“felonies” como se les llama en el derecho penal angloamericano). Quedarían excluidos de los beneficios de la Enmienda 4 los exconvictos que han sido condenados por asesinato y delitos sexuales graves. (felony sexual offenses)

La Florida es uno de los pocos estados que les niega en perpetuidad el derecho al voto a los sentenciados por delitos graves que han cumplido íntegramente sus condenas. Se trata de personas que, en su gran mayoría, no han cometido crímenes violentos. Más de la mitad son un producto de la calamitosa guerra contra las drogas. Para conseguir la restauración del derecho al sufragio estos exconvictos tienen que someterse a una lenta, difícil y complicada ordalía. Tras pasar por pruebas burocráticas de fuego y agua deben solicitarle la clemencia a una junta conformada por el gobernador y miembros de su gabinete. La junta se reúne cuatro veces al año y solamente atiende entre 50 y 75 casos en cada una de sus sesiones. Aprueba menos de la mitad de las solicitudes en un estado donde más de 12 mil personas aguardan la vista con esta junta inmisericorde.

Los que defienden privar del derecho al voto a quienes han “pagado su deuda con la sociedad”, en las palabras de un cliché socorrido, están defendiendo la pena de muerte civil (el civiliter mortuus), un castigo de origen romano que también se empleaba en la Europa medieval. Según varios historiadores de la Constitución floridana, la primera versión estatal de la muerte civil, la cual se promulgó en la Constitución de 1868, tenía el propósito de negarles al voto al mayor número posible de ex esclavos negros. Una enmienda constitucional aprobada en 1968 se limitó a “modernizar” el lenguaje y la intencionalidad racista, discriminatoria del documento original.

Algunos políticos que hoy se oponen a la restauración del derecho al voto a los “felones” que han cumplido íntegramente sus condenas, afirman que medidas como la Enmienda 4 son maniobras sectarias impulsadas por los demócratas para aumentar el número de adeptos en las elecciones. Aunque sea cierto, la legitimidad y la justificación de una ley no pueden descansar sobre lo que le conviene o no le conviene a un partido político. No soy demócrata y me tiene sin cuidado cómo votarían los exconvictos que recuperan su derecho al sufragio. Lo que me importa es eliminar un castigo injusto que no sirve un propósito penal racional y dificulta aún más la rehabilitación del exconvicto. De ahí que respalden mi punto de vista intelectuales conservadores, políticos de todos los partidos, expertos conocedores de la administración de la justicia en Estados Unidos, funcionarios veteranos del sistema penitenciario y un ex jefe de los abogados del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés)

En el 2002 el Tribunal Supremo de Canadá derogó la legislación federal que prohibía a los exconvictos votar. El gobierno canadiense sostenía que la privación del voto está justificada porque aumenta “la responsabilidad cívica y el respeto del imperio de la ley” cuando en realidad hace todo lo contrario. Me sumo completamente a la respuesta del Tribunal resumida por el juez McLachlin. Entre otras cosas, el magistrado señalaba que “la legitimidad de la ley y la obligación de obedecer la ley se derivan directamente del derecho de todo ciudadano a votar. Denegar el derecho a votar es perder un medio importante de enseñarles los valores democráticos y la responsabilidad social [...] Además la negación del derecho de voto sobre la base de atribuirle indignidad moral al exconvicto es incompatible con el respeto de la dignidad de cada persona”.

Esta historia fue publicada originalmente el 28 de enero de 2018, 3:04 p. m. with the headline "Por el derecho al voto de casi todos los exconvictos."