Opinión

Israel: sanciones económicas

Manifestantes palestinos escapan del gas lacrimógeno disparado por tropas israelíes durante una protesta en el límite de la Franja de Gaza con Israel, el 3 de agosto.
Manifestantes palestinos escapan del gas lacrimógeno disparado por tropas israelíes durante una protesta en el límite de la Franja de Gaza con Israel, el 3 de agosto. AP

Los israelíes van a intentar, una vez más, resolver el conflicto árabe israelí de un nuevo modo: sanciones económicas.

Los enemigos mortales usualmente pelean a muerte, evitando la aniquilación recíproca, y la colaboración.

Las relaciones del Estado de Israel y la Autoridad Palestina son totalmente atípicas, esencialmente, por la negativa árabe de reconocer a Israel como un Estado Judío establecido en sus tierras ancestrales, con derecho a vivir en ellas y a defenderlas de la manera que sea necesaria.

Son poco conocidos los lazos de colaboración que existen entre el gobierno israelí y la Autoridad Palestina en los órdenes de seguridad, económico, administrativo y de suministro de agua y energía. Estos vínculos van desde el cobro de impuestos pertinentes por parte del Estado Israelí que luego se transfieren a las arcas de la AP para su uso en lo que ellos decidan necesario.

La colaboración de seguridad entre el gobierno israelí, la AP y el gobierno jordano viene funcionando desde los acuerdos de Oslo, colaboración de seguridad que, además, consiste en que la Autoridad Palestina debe informar sobre la recolección de armas ilegales, arrestar a sospechosos de terrorismo y criminalizar la importación, fabricación, venta sin licencia, además de la adquisición, así como posesión de armas de fuego y municiones.

La Autoridad Palestina, supuestamente, debe advertir al gobierno israelí cuando tienen conocimiento de algún acto terrorista. Fundamentalmente, esta función es de la policía palestina, equipada y entrenada por Israel, incluyendo los miles de colaboradores que las Fuerzas de defensa israelí y el Shin-Bet tienen entre la población civil palestina.

En mayo de 1995, la AP adquirió jurisdicción sobre banca, energía, industria y trabajo en Judea y Samaria. También consiguieron la transferencia ulterior de poderes y responsabilidades en el comercio y la industria, gas, petróleo, seguros, servicios postales, gobiernos locales y agricultura, donde también existe una estrecha colaboración con el gobierno israelí. Es tan importante para su sobrevivencia que, recientemente, Abas hizo las siguientes declaraciones desde su cuartel general en Ramallah: “… La relación de seguridad... y lo digo en público, la coordinación de seguridad es sagrada, es sagrada. Y la continuaremos, ya sea que estemos en desacuerdo o no estemos de acuerdo con la política”

Al parecer, algunos aspectos importantes de la relación Israel-Autoridad Palestina están a punto de cambiar, drásticamente.

El Gobierno de Israel comenzará a retener activos de la Autoridad Palestina como castigo a su abominable práctica de pagar estipendios a los prisioneros terroristas palestinos en Israel, sus familias y las familias de terroristas palestinos muertos o heridos en enfrentamientos con israelíes.

Israel recauda los impuestos, en nombre de la Autoridad, de las ganancias de los jornaleros palestinos, comerciantes que viven en el territorio palestino, pero que hacen negocios en Israel, y de las aduanas en las importaciones palestinas, a través de los puertos israelíes. Israel recauda más de $100 millones al mes en aduanas y otros impuestos a nombre de la Autoridad Palestina.

Luego de una votación emocionalmente saturada que hizo cruzar las líneas partidarias, el Knesset israelí aprobó el lunes por la noche la legislación que exige a las autoridades israelíes retener una parte de las transferencias mensuales de ingresos fiscales que Israel recauda en nombre de la Autoridad Palestina respaldada por Occidente, en virtud de acuerdos de paz provisionales anteriores.

La Autoridad Palestina describe, cínicamente, estos pagos como parte del bienestar social necesario, ya que muchos palestinos veneran a los prisioneros, como “presos políticos” y a los fallecidos “mártires” por la causa palestina como héroes. Se ha comprobado que estos estipendios fomentan la violencia y recompensan el terrorismo dado que, debida a la altísima tasa de desempleo en los territorios, producto de la tremenda corrupción de la AP, algunos toman el camino del terrorismo para asegurar el sustento de sus familias. Más de 300 millones de dólares, lo cual es, aproximadamente, el 7% del presupuesto anual de la Autoridad Palestina es lo que reciben estos canallas.

La cantidad que se retendrá cada mes equivaldrá a la doceava parte de la cantidad total de estipendios pagados a los terroristas y sus familias por la Autoridad Palestina en el año anterior. Según la ley, el gabinete israelí puede decidir si, o cuándo, liberar los fondos congelados, pero sólo después de que el Ministerio de Defensa determine que la Autoridad Palestina, encabezada por el presidente Mahmoud Abbas, ha dejado de pagar los estipendios a los terroristas y a sus familiares.

La ley fue aprobada por una votación de 87 a 15 en el parlamento de 120 escaños. El resto estuvo ausente. Nadie se atrevió a votar en contra.

Veremos qué resultados nos da esta nueva ley. Quizás les convenza, de una vez por todas, que lo que más les conviene es hacer la paz con Israel. ¿A Ud no le parece? A mí, sí

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