Necesitamos justicia para los líderes ambientalistas asesinados

Latinoamérica es una de las regiones del mundo que más ha sufrido con la polución y que menos protege al medioambiente. Muchas fábricas se ubican cerca de poblaciones muy pobres y sin mucho derecho de opinión frente a los gobiernos centrales. Emiten sus gases u otros tóxicos, sin protección para sus habitantes, ríos o mares.

Peor aún, uno de los problemas más graves que presenciamos en nuestros países de origen latinoamericano es que los ambientalistas y líderes cívicos en muchos casos han sido asesinados. En mi carrera periodística he visto casos y licitaciones de grandes empresas como por ejemplo una petrolera estadounidense en una ocasión, empresa a la cual se le acusaba de maltrato a los indígenas de Ecuador.

Esta semana 12 países de Latinoamérica han firmado un tratado clave para la lucha por el bienestar ambiental de la región. El acuerdo de Escazú, es según afirma la entidad World Resources Institute, un momento histórico. Firmado por Antigua y Barbuda, Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, México, Panamá, Perú, St. Lucia, y Uruguay, con mas países en expectativa para firmar hasta el cierre de esta columna.

Sesenta por ciento de las muertes de ambientalistas son en Latinoamérica. El acuerdo debería mandar el mensaje claro de que los países participantes defenderán los derechos de las personas que abogan por un ambiente sano, sin sentir temor por sus vidas.

Para algunos críticos de estos acuerdos el problema es que los gobiernos de muchos países latinoamericanos no ven el medioambiente como uno de sus principales problemas, y hay algunos que hasta fomentan el posicionamiento de empresas en zonas en donde no se respeta los factores ambientales.

Conozco bien el caso de una gasificadora en Colombia que está ubicada cerca de un pueblo, fuera de los estándares internacionales de posicionamiento de este tipo de empresas. El gobierno, violando el código internacional lo ha permitido ya por varios años. Activistas del pueblo han sido escuchados en diferentes audiencias, pero no ha servido de nada. Colombia hasta el cierre de esta columna no había firmado el acuerdo.

Otro caso colombiano también fue publicado por la misma entidad que cito en este artículo, en un pueblo cerca del río Cauca, activistas este año abogaban por su derecho a vivir de la pesca y otras actividades que dependen del río. La contaminación de una hidroeléctrica se presume ha complicado las condiciones. La activista han recibido numerosas amenazas de muerte.

Estas son las amenazas que el convenio detendrá, o tratará de parar. El apoyo gubernamental y la lucha por la igualdad en Latinoamérica de condiciones y derechos humanos debe ser inminente.

Aplausos en esta ocasión a los líderes que firmaron.

Sabina Covo es presentadora de TV Y radio. Twitter: @sabinacovo.