Sometidos al mando absoluto de la minoría en Washington

Ahora que la saga Kavanaugh casi ha desaparecido de la vorágine noticiosa diaria, es momento para analizar más detenidamente su trasfondo sísmico. No ha sido simplemente otra guerra entre las tribus partidistas. Ni tampoco solo un forcejeo del machismo de la casta privilegiada que se arroga el derecho al poder, el good old boy network, contra las sublevadas del movimiento #MeToo. Ha sido una operación política de gran calado.

Con el nombramiento del juez Brett Kavanaugh a la Corte Suprema, la infección del virus trumpista se ha propagado a las tres ramas de gobierno —ejecutiva, legislativa y judicial— y tendrá graves y prolongadas secuelas para la nación.

La más funesta de ellas es la instauración de facto de un régimen autárquico que, para mayor agravio, representa a la minoría de los ciudadanos de Estados Unidos, en vez de a la mayoría, como debiera ser en una democracia. Y no solo debido a que Donald Trump fuera electo con tres millones menos de votos que su contrincante, sino también porque los senadores republicanos que elevaron a Kavanaugh recibieron colectivamente menos de 50 millones de votos populares; mientras que a los senadores demócratas que se opusieron al juez les votaron 80 millones de ciudadanos. ¡Tremenda diferencia!

Así es que ni Trump ni los senadores de su partido representan la voluntad de la mayoría del pueblo americano. A pesar de lo cual imponen sus decisiones con total desprecio de lo que en una democracia significa “gobernar para todos”.

Kavanaugh es una de esas imposiciones de un partido que fue conservador pero ha vendido su alma al dios de la avaricia del poder. Con Kavanaugh han llegado al climax de ese sometimiento de la mayoría a la minoría. Porque con él son ya cuatro de los cinco jueces del bloque conservador de la Corte Suprema que han sido nombrados al cargo vitalicio por un presidente y/o senadores con la minoría del voto popular. Los otros tres son Neil Gorsuch, Samuel Alito y Clarence Thomas.

El resultado es una Corte Suprema que, con su inmensa autoridad, se encamina a moldear la sociedad americana a imagen de Trump por las próximas décadas. Es incalculable el impacto que pueda tener en las vidas de los 330 millones de habitantes la agenda trumpista de etnonacionalismo y poder corporativo sin restricciones.

Pero a este grado de absolutismo en Washington no se habría llegado únicamente con la “borrachera” de poder republicana, de no haber existido también un sistema electoral obsoleto, del siglo XVIII, que el “Grand Old Party” es experto en manipular.

Aunque ebrios están, como evidencia el trueque que han hecho de sus principios conservadores (comercio libre, énfasis en política exterior y defensa nacional robustas, respeto a las agencias de inteligencia y policiales, etc.) por un relativismo moral que sirve de escudo para ejercer el poder crudo y duro. Todo ello engañando a sus masas crédulas con carnaza demagógica populista, como el aborto o el muro en la frontera.

El sistema del siglo XVIII del que hoy se benefician sorteando sus lagunas legales, se estableció en aquella época para proteger a los pequeños estados de los grandes, pero actualmente produce el efecto contrario. El sistema asigna dos senadores a cada estado, con independencia del tamaño de su población, lo cual favorece desproporcionadamente a los estados rurales frente a los urbanos.

Por ejemplo, los 40 millones de personas que viven en California están representados por el mismo número de senadores (dos) que los 740,000 que viven en Alaska. O los 20 millones de Nueva York cuentan igual a efectos del Senado que los 755,000 de Dakota del Norte. Algo a todas luces injusto.

Tanto esa fórmula para elegir senadores como la del Colegio Electoral para elegir el presidente son partes de un sistema que pone en tela de juicio la democracia representativa en Estados Unidos. Y cuya legitimidad es debatible. De igual manera que la entrada de Kavanaugh al más alto tribunal de la nación arroja una nube de duda sobre la legitimidad de esa institución.

Incluso pensadores ultraconservadores como William J. Bennett la cuestionan: “Es la segunda vez en nuestra historia que el país está tan dividido, y me preocupa mucho la legitimidad de la Corte Suprema”, dijo Bennett tras el ascenso de Kavanaugh, comparando el momento actual con el que precedió a la Guerra Civil.

Cómo acabará la polarización social atizada incesantemente por el “divide y vencerás” de Trump es aún un enigma, pero el tribalismo incendiario que ha detonado se asemeja a una guerra civil sin balas.

Y, a menos que las elecciones de noviembre frenen la agenda trumpista, se cumpliría el peligro del que alertaron los autores de la Constitución: la tiranía de la mayoría en el gobierno. Solo que no imaginaron que 231 años después el peligro provendría irónicamente de la “tiranía de la minoría”.