Opinión

El derecho al voto de los nicas en el exterior es una prioridad

Una mujer participa en una marcha para exigir la liberación de los presos políticos, el 28 de julio en Managua, Nicaragua.
Una mujer participa en una marcha para exigir la liberación de los presos políticos, el 28 de julio en Managua, Nicaragua. AP

Aunque no existe una fecha exacta de las primeras migraciones de nicaragüenses, estas se remontan a unos 5,000 años atrás con las huellas de Acahualinca.

Desde entonces a la fecha actual se han producido muchas, siendo por causas más políticas que por desastres naturales, llegando a la última diáspora provocada por la crisis social, económica y política a causa de la imposición de la dictadura de Daniel Ortega y su negativa a apartarse del poder, prácticamente ya rondando los 40 años y esta vez con la represión popular ejercida desde el 18 de abril de 2018.

Estas son razones más que suficientes para hacer un alto en el camino y reflexionar sobre el devenir de más de dos millones de nicaragüenses dispersos por el mundo, temas a debatirse en el próximo III Foro de la Diáspora Nicaragüense a celebrarse en Miami este sábado, 17 de noviembre.

Pero este III encuentro es de mucha trascendencia para la realidad actual que vive Nicaragua, tristemente una repetición más de la realidad caudillista latinoamericana. Además de debatir sobre el proceso jurídico de la cedulación y voto exterior, se analizarán temas cruciales como la salida de Ortega —lo que hasta hoy ha sido imposible a pesar de las condenas resolutorias de los organismos internacionales, que no han servido para nada como tampoco ciertas complacencias globales de gobiernos centroamericanos y organismos regionales como el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

Pero además en dicho encuentro se analizarán las pistas para una coalición nacional, efectiva y no de siglas ni de marrullas organizacionales que no tienen ningún peso específico, para llamar la atención del pueblo votante, con el estímulo de los hermanos del exterior, y ser una real alternativa electoral de centro-derecha que tumbe al sandinismo, replegándolo a una mínima expresión y evitando que vuelva a ser el típico chantajista de nuevos gobiernos democráticos.

Toda diáspora genera sus propias dinámicas, holística y vivencias. En este sentido la nicaragüense contiene en sus venas el antisandinismo en una mayor proporción, pues sigue siendo la más grande numéricamente hablando a causa de la pavorosa masificación marxista que desde julio de 1979 impusieron de una forma atroz, prepotente y visceral.

Esta diáspora es la hermana menor de la cubana y distinta a la salvadoreña, que tiene en sus fueros orígenes izquierdistas dentro de Estados Unidos, país en donde ahora mismo se fortalece la venezolana dado el fracaso contundente del chavismo.

Sobre Nicaragua, desde 1989 como parte de un acuerdo entre la contrarrevolución armada y el gobierno sandinista, se acordó impulsar en las elecciones siguientes el voto del exterior, lo que en términos reales era difícil, pues las condiciones de un país en postguerra no lo habrían permitido a cabalidad. Posteriormente los gobiernos de transición contaron con la zancadilla sandinista para que esta votación, legítima y oportuna para la consolidación de la democracia, no se efectuara.

Han transcurrido desde ese acuerdo casi 30 años, y tanto la cedulación como el voto de los nicas en el exterior siguen siendo una falacia y un entuerto del cual son responsables los sandinistas en primera instancia, y luego sectores de la derecha nicaragüense que no presionaron desde sus gobiernos, como debieron hacerlo, para que se llevara a cabo, permitiéndole a Ortega ese capricho de no implementarlas.

Da risa algunas justificaciones —salidas de baño u ocurrencias — emitidas por Roberto Rivas, ex presidente y corrupto mayor del Consejo Supremo Electoral (CSE), al decir que los procesos eran muy costosos, añadiendo que había que pagar páginas enteras en los periódicos más influyentes de los países donde viven los nicaragüenses.

Nada más falaz que ese argumento, pues se trata, con buena voluntad, siendo ya aprobada la ley en Nicaragua, de establecer una normativa protocolaria entre la Asamblea de Diputados, el Ministerio de Hacienda y las embajadas y consulados regados por el mundo a través de la Cancillería, para abrir los registros de los ciudadanos, verificarlos y efectuar el proceso electoral como lo hacen millones de personas pertenecientes a naciones verdaderamente democráticas, libres y respetuosas de los derechos humanos electorales de sus gentes.

En Acahualinca, donde dejó su huella el bisonte milenario en diásporas prehistóricas desde Nicaragua, centro de las Américas, ojalá que en este siglo XXI los nicaragüenses seamos capaces de dejar una huella civilizada y democrática para las nuevas generaciones.

Ariel Montoya es escritor y periodista nicaragüense radicado en Estados Unidos. Correo: arielperse@gmail.com.

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