Regalo de año nuevo: 800,000 trabajadores federales sin salario

Desde el año 1976, el gobierno federal se ha paralizado 21 veces, 13 de ellas en gobiernos republicanos y ocho en gobiernos demócratas. Este proceder ha sido utilizado como una herramienta política por ambos partidos con consecuencias funestas, sin que hasta ahora haya alcanzado proporciones dantescas. Sin embargo, las repercusiones pueden ser importantes y pudieran degenerar en un caos, veremos.

Junto con la orden ejecutiva del presidente Donald Trump expedida el pasado viernes deteniendo el pago a los trabajadores federales no esenciales, también se suspendió el aumento pautado previamente a estos empleados del 2.1 por ciento, el cuál iba a tomar efecto a partir de enero de 2019. Ya en el mes de agosto, el Presidente había manifestado en una carta a senadores y representantes que este aumento era “inapropiado”. El Presidente escribió entonces, “debemos esforzarnos en mantener nuestra nación en una ruta sostenible y el presupuesto nacional no puede absorber este incremento”.

Desde luego, un 2.1 por ciento de aumento a 800,000 empleados es una cantidad importante. Si el salario promedio de ellos es por ejemplo $4,000 mensuales, el importe del aumento sería $67 millones mensuales. Sobre este particular, Trump hizo referencia a su autoridad para ajustar los pagos en caso de “una emergencia nacional” o una condición económica que afecte el bienestar general.

No obstante, la pregunta que se impone es, ¿acaso este aumento representa más que la disminución de ingresos por la rebaja en los impuestos federales? Como sabemos, el déficit fiscal se incrementó este año en $779,000 millones.

Referente a los 800,000 empleados que dejarán de cobrar sus salarios a partir de enero, Trump afirmó el jueves pasado que la mayoría eran demócratas; sin embargo, no mostró pruebas que esto fuera verídico. Lo cierto es que la ley “Hatch” de 1939 prohíbe a los empleados federales actuar en forma partidista.

Para ayudar con las dificultades económicas que enfrentarán los empleados por la falta de dinero a partir de enero, la Oficina de Personal federal proporcionó un modelo de carta que los trabajadores podrían enviar a sus acreedores, tales como bancos, tarjetas de crédito y similares, donde solicitan un monto inferior a pagar, e incluso, un plan de pagos si el cierre del gobierno llegara a extenderse.

En cuanto a las otras funestas consecuencias de este cierre de gobierno, también están estas tribulaciones. Se dice que un cierre parcial del gobierno hasta por cuatro semanas, significaría una disminución de un 1.4 por ciento del crecimiento trimestral de EEUU, un porcentaje importante porque es casi la mitad del crecimiento en el período. O sea, habrá una breve desaceleración de la economía ya que el consumo en los hogares y negocios decaería. Los intereses de mora aumentarían para financiar la tardanza de pagos, así como los “late fees”.

El ya tradicional pujo de los partidos por el techo de la deuda utilizando la presión de cerrar el gobierno, no hace sino crear incertidumbre, la cuál es negativa para los mercados, ya que siendo EEUU el mayor deudor del mundo, nos preguntaríamos, ¿qué pasaría si EEUU no puede pagar su deuda? ¿Continuará eternamente refinanciándose, o sea, cancelando solo los intereses y renovando el capital adeudado? Ya los bonos de EEUU en manos de China y Japón por $1.19 billones y $1.10 billones respectivamente, ejercen un peso nada saludable sobre las decisiones soberanas que adopta EEUU y que se relacionan con esos países.

Un cierre de la Administración también afecta a los países hispanos, particularmente a México y Centroamérica que son los mas vinculados a EEUU. Un fortalecimiento de sus monedas significaría una reducción en sus exportaciones, rubro vital para sus economías agrícolas que exportan mayormente a EEUU.

Y para efectos del turismo sería catastrófico porque involucra a más de 401 parques nacionales, y 19 museos y galerías, así como el Zoológico Nacional operado por la Institución Smithsonian, los cuáles tienen unos 700,000 visitantes diarios.

Vistos los efectos considerables que se desprenden de un cierre del gobierno, son varias las medidas que se pueden adoptar en busca de una solución. Sabemos que si el Presidente no logra un acuerdo con los senadores y representantes, simplemente tiene el poder de vetar el presupuesto federal propuesto por ellos, de manera tal que la ausencia de su firma elimina la asignación de fondos federales para la operación de cada departamento.

Pensamos que una responsabilidad de tanta magnitud como esta, no debería estar en manos de una sola persona. Por ejemplo, en Europa, si no se aprueba el presupuesto, se desencadena de inmediato una elección. Incluso, si no se aprueba un presupuesto, automáticamente entra en vigencia el presupuesto del año anterior.

Por lo demás, somos de la opinión que en caso de paralizarse los pagos a los empleados, debería modificarse la ley actual para empezar por eliminar el pago a los senadores y representantes en primer lugar.

Quizás este método elemental sea el que finalmente evite la existencia de mas cierres administrativos en el futuro.