No permitamos que bloqueen el derecho al voto de los ex convictos en Florida

La Florida es un estado que no perdona.

Por más de 150 años, a las personas condenadas por delitos graves se les ha quitado el derecho al voto como parte del castigo, según lo que indica la Constitución estatal.

A primera vista, se puede argumentar que es una penalidad apropiada dada la gravedad del crimen. El problema ocurre después, cuando estas personas cumplen sus condenas e intentan reincorporarse a la sociedad con la esperanza de volver a tener el derecho a sufragar. Pero en la Florida, eso es casi imposible de recuperar.

Con la intención de corregir esta histórica injusticia, la Enmienda 4 fue aprobada por los electores en noviembre del año pasado con un respaldo contundente: recibió casi el 65 por ciento de los votos (más de 5.1 millones de personas).

Los votantes estaban de acuerdo con el propósito de la enmienda, que especificaba que una vez cumplida la condena, a los ex convictos se les debía restituir el derecho al voto. Más de 1.2 millones de ex convictos se verían beneficiados por esta medida, con la excepción de los que fueron condenados por violación o asesinato.

Pero algunos políticos no piensan de esa manera. Ellos no deben interferir con la voluntad de los floridanos.

Representantes y senadores republicanos han introducido un proyecto de ley en la Legislatura de la Florida que obstaculizaría la inscripción electoral de estas personas. De ser aprobado, el proyecto obligaría a los ex presidiarios a pagar cualquier multa o deuda que tuvieran pendiente antes de poder inscribirse legalmente para votar. Este requisito aplicaría incluso en casos en donde el juez no haya ordenado pagar dichas deudas como parte de la sentencia.

Al imponer este tipo de requisito, básicamente estarían impidiendo que la gran mayoría de estos ex presidiarios pudieran volver a votar. Algunas de estas multas pueden ser de hace varias décadas, extremadamente caras o simplemente impagables para personas que están tratando de reconstruir sus vidas.

Este proyecto ha sido denunciado por legisladores demócratas y activistas como un regreso al inconstitucional “poll tax” (impuesto electoral), un recurso usado en el sur de Estados Unidos a mediados del siglo XIX que obligaba a todos los ciudadanos a pagar una tarifa para votar. Pero esta era una maniobra usada específicamente para excluir a los ciudadanos negros, quienes en su gran mayoría eran pobres y no tenían los recursos para pagar la tarifa antes de votar. La Enmienda 24, ratificada en 1964, prohibió esta práctica.

Los republicanos justifican está acción citando el lenguaje de la Enmienda 4 que dice que el derecho al voto debe ser restituido “una vez que todos los términos de la sentencia, incluyendo la libertad condicional y periodo probatorio, hayan sido cumplidos”. Aunque no especifica el pago de todas las deudas y multas pendientes, deja abierta la posibilidad de que se debe obligar a saldar estas cuentas.

Se entiende que es importante clarificar los requisitos para inscribir a estos nuevos votantes, y tendría sentido excluir a aquellos ex prisioneros que todavía no hayan indemnizado a sus víctimas, según la orden de un juez. Pero esta situación no aplicaría a la mayoría de los ex convictos.

Dos ejemplos ilustran lo injusto que sería aplicar este requisito. Coral Nichols fue condenada por robo en gran cuantía y debe pagar $190,000 en multas. Ella hace pagos de $100 mensuales pero a ese ritmo terminará de saldar la deuda en 190 años.

Otra mujer, Karen Leicht, que fue condenada por cometer fraude a través de aseguradoras, debe $59 millones. Ambas mujeres ya cumplieron sus condenas. Ambas mujeres merecen que recuperen su derecho al voto.

Desde que la ley original fue aprobada en 1839, la suspensión del derecho al voto de personas condenadas por delitos graves era automática en la Florida. Históricamente esto ha afectado de manera desproporcionada a ciudadanos afroamericanos, y sus efectos todavía se sienten hoy día. Por ejemplo, se estima que aproximadamente uno de cada cinco ciudadanos afroamericanos tenía prohibido votar en la Florida en el 2018.

Para recuperar el derecho al voto, un comité encabezado por el gobernador del estado se encargaba de escuchar las solicitudes y decidir si autorizaba restituir este derecho. Pero más del 90 por ciento de las solicitudes eran rechazadas.

La aprobación de la Enmienda 4 representó una gran oportunidad de corregir la gran injusticia de desterrar permanentemente a las personas que cometieron graves errores y que posteriormente pagaron con la cárcel por sus delitos. No podemos permitir que esto continúe.

Este proyecto de ley fue aprobado a mediados de marzo por comités de la Cámara Baja y del Senado, y todavía no hay una fecha para que sea considerado por la Legislatura en pleno.

Todavía es posible llamar a tu senador o representante estatal y exigir que se respete la voluntad de los electores de la Florida.

Estados Unidos es un país de oportunidades, que premia a las personas que se esfuerzan y trabajan duro. También es un país que permite que las personas que hayan cometido errores tengan la oportunidad de reconstruir sus vidas.

Esto es exactamente lo que están tratando de hacer 1.2 millones de residentes de la Florida. Después de una larga batalla electoral, la Enmienda 4 les devuelve la esperanza a estas personas. Eso es lo que quieren los electores y tiene que ser cumplido.

Debemos hacer todo lo posible para que no les roben esta victoria.