Opinión

Doctores cubanos, una empresa moderna de esclavitud

La doctora cubana Ramona Matos participa en el anuncio de la demanda contra la Organización Panamericana de la Salud, acusada de participar en el supuesto tráfico humano de doctores cubanos, el 30 de noviembre de 2018, en Doral, Florida.
La doctora cubana Ramona Matos participa en el anuncio de la demanda contra la Organización Panamericana de la Salud, acusada de participar en el supuesto tráfico humano de doctores cubanos, el 30 de noviembre de 2018, en Doral, Florida. mocner@miamiherald.com

A lo largo de los últimos meses, ha habido cada vez más pruebas de cómo Cuba interviene en el Hemisferio occidental. ¿La contribución central de Cuba? Su pueblo. Ya sea a través del narcotráfico, el apoyo a operaciones militares extranjeras, o la respuesta a las necesidades humanitarias con el suministro de médicos, el régimen cubano se está beneficiando de miles de millones de dólares a través del trabajo humano forzado.

El ejemplo más atroz es también el más lucrativo. Durante décadas, el programa de Médicos Cubanos ha sido implementado para supuestamente ayudar a “los pobres, oprimidos y aquellos que de otra manera no tendrían acceso a la atención médica” en más de 60 países alrededor del mundo. Sin embargo, ellos nunca estuvieron de acuerdo con sacrificar el 90 por ciento de sus salarios, proselitar a sus pacientes con propaganda política, y adherirse a un estricto toque de queda cada noche.

En Brasil, el programa es conocido como “Mais Médicos”. Instituido en el 2013, fue la respuesta de la entonces presidenta Dilma Rousseff a los disturbios a nivel nacional por servicios médicos inadecuados. La justificación legal fue traer a miles de médicos de otros países a comunidades remotas y desatendidas en Brasil.

A primera vista, podría parecer que todos los médicos estaban cumpliendo el mismo papel. Pero, cuando la Dra. Ramona Matos Rodríguez llegó a Brasil, rápidamente se dio cuenta de que a los médicos cubanos le pagaban mucho menos y los términos eran diferentes para ellos comparados a los demás médicos del programa.

La Dra. Rodríguez recuenta cómo ella y sus colegas fueron obligados a firmar contratos otorgando al Ministerio de Salud de Cuba un poder notarial sobre sus acciones en Brasil. Se le pidió que utilizara una tarjeta especial de persona física en lugar de su pasaporte, y se le prohibió ir a cualquier parte sin permiso de “asesores”. También explicó que se le ordenó actuar como un peldaño de apoyo para las operaciones paramilitares, siempre y cuando sea necesario.

Después de muchos meses considerando los aterradores riesgos de escape, la Dra. Rodríguez decidió tomar acción. En el 2014, ella condujo 12 horas desde un pequeño pueblo en la Amazonas hasta Brasilia, con funcionarios de la inteligencia cubana en sus talones. Después de llegar a salvo a la Embajada de Estados Unidos, solicitó asilo bajo un programa especial de libertad condicional que fue terminado en el 2016 bajo el Presidente Barack Obama.

Para decirlo claramente, la Dra. Rodríguez fue víctima de una empresa de tráfico humano.

Bajo el pretexto de una misión humanitaria y médica, ella y muchos otros fueron utilizados como peones. Con el fin de evadir restricciones en la legislación brasileña, Rousseff y el régimen de Castro se dirigieron a la Organización Panamericana de la Salud (OPS o PAHO por siglas en inglés), que está bajo el sistema de las Naciones Unidas, para organizar el acuerdo. Con sede en Washington D.C., la OPS recibe la protección de la ley estadounidense y millones de dólares anualmente de los contribuyentes de este país.

En colaboración con Cuba y funcionarios del gobierno brasileño, la OPS creó el programa “Mais Médicos” — un esquema en el que Brasil le pagaría a la organización por el servicio de médicos cubanos, a cambio de la administración del programa en Brasil. Usando su cuenta bancaria en Washington D.C., la OPS enviaba más del 85% de la cantidad del programa a La Habana, pagando a los médicos alrededor del 10%. El restante 5% se guardaba en la cuenta bancaria de la OPS en los EEUU.

Esto se traduce a que, en los últimos cinco años, la OPS se embolsó más de $75 millones para sí misma, y Cuba se benefició de aproximadamente $1,300 millones que pasaron a través de las cuentas bancarias de Estados Unidos.

Como ha demostrado la historia, el tráfico humano de su propio pueblo no es nada nuevo para el gobierno cubano. Durante décadas, el régimen comunista cubano ha obligado a miles de sus profesionales médicos a realizar misiones en el extranjero y se ha embolsado entre $8,000 millones y $11,000 millones— más de la mitad de su presupuesto anual.

La atención médica es un asunto humano, no un negocio de comercio, como lo señaló un reciente artículo publicado en el New York Times. En el fue detallado cómo los médicos cubanos que trabajaban en Venezuela se vieron obligados a negar la atención médica de los ciudadanos venezolanos pobres y de grave enfermedad, con el fin de forzar el apoyo a la elección del dictador Nicolás Maduro.

Es terrible que una organización que opera desde la capital de nuestra nación pueda estar facilitando la esclavitud y empeñando esta acción como un acto humanitario. Estamos desalentados con el hecho de que esta misma entidad está usando el sistema judicial para cubrirse en los tribunales con inmunidad.

Como abogados que confían en el imperio de la ley, reconocemos que bajo el reglamento de Inmunidades de las Organizaciones Internacionales (IOIA), organizaciones como la OPS deben tener inmunidad para llevar a cabo sus funciones legítimas. Sin embargo, la ley no protege sus actividades comerciales. Y no las protege, ni debe protegerlas de conductas criminales o violaciones de normas de derecho internacional establecidas desde hace mucho tiempo.

Las personas no son productos para ser comprados y vendidos, particularmente para financiar las actividades de un régimen opresivo y totalitario.

Hacemos un llamado a la OPS para que acepte la responsabilidad de sus acciones al desempeñar un papel clave en un esquema de tráfico humano que ha impactado negativamente las vidas de casi 100,000 médicos cubanos.

Y también le pedimos al gobierno de Estados Unidos que examine seriamente estas infracciones y haga responsables a sus socios globales de acciones criminales.

María D. García es abogada en el bufete Kozyak Tropin & Throckmorton, y enfoca su práctica en la ley de salud y litigios comerciales. Actualmente es la presidenta del Cuban American Bar Association. Hugo Acha es un abogado de Derechos Humanos y un reconocido experto en temas de defensa y seguridad regional. Actualmente es el principal asesor de investigación de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.

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