Opinión

¿Por qué no contratar mercenarios?

Un representante de G4S conversa sobre oportunidades de trabajo con tres soldados, en Melbourne, Florida, en esta imagen de archivo de marzo del 2012.
Un representante de G4S conversa sobre oportunidades de trabajo con tres soldados, en Melbourne, Florida, en esta imagen de archivo de marzo del 2012. Archivo/Miami Herald

Pelear guerras es un asunto muy serio.

Consecuentemente, los Presidentes de EEUU y el Congreso son reticentes a autorizar la utilización de las fuerzas armadas. Sin embargo, EEUU tiene enemigos, y a menudo el interés nacional requiere el uso de fuerza militar sin una declaración formal de guerra. Los lectores pueden insertar aquí el caso contemporáneo que prefieran, por ejemplo, Irak o Venezuela.

Afortunadamente, los Padres Fundadores, con asombrosa premonición, anticiparon que habría momentos cuando sería necesario confrontar enemigos con belicosidad sin involucrarse en una costosa guerra. En el Artículo I, Sección 8, la Constitución otorga los siguientes poderes al Congreso: “Declarar Guerras, autorizar Patentes de Corso y Represalia, y establecer Reglas concernientes a Capturas de Tierras y Aguas”. Esencialmente, una patente de corso y represalia es una licencia gubernamental que autoriza a una entidad privada a cruzar fronteras internacionales y tomar acciones en represalia contra ataques o daños.

Hasta el siglo XIX recibir una patente de corso se consideraba un honor que combinaba patriotismo y beneficios financieros. Actualmente, a menudo pensamos peyorativamente de los mercenarios comprometidos en tales actividades. No obstante, existen grandes y poderosas compañías militares privadas mundialmente que se pueden contratar para acciones bélicas. Estas empresas están formadas mayormente por antiguo personal élite de Tropas Especiales. Por ejemplo, en EEUU, Academi y G4S son dos de las mayores; y en Gran Bretaña, Aegis Defence Services y Control Risks. También hay grandes compañías militares privadas australianas, rusas y sudafricanas.

Como procedimiento, el Congreso autoriza y el Presidente firma una patente de corso autorizando a una entidad privada a realizar operaciones militares con un propósito específico y por un tiempo limitado. El receptor de la patente presenta un depósito comprometiéndose a observar estrictamente las leyes y normas internacionales y aceptando ser procesado en caso de violaciones. Existe siempre el potencial para abusos. Sin embargo, política y prácticamente es más fácil exigir cuentas a una entidad privada que exigírselas a las fuerzas armadas de EEUU.

La última vez que Estados Unidos emitió una patente de corso fue en 1815 durante la Segunda Guerra Berebere, cuando el Presidente James Madison autorizó al buque Grand Turk a combatir contra “buques argelinos, públicos o privados, bienes y efectos, pertenecientes o controlados por el Dey de Argel”. En América del Sur, Bolivia, sin marina, emitió patentes de corso a cualquier buque dispuesto a combatir por Bolivia al comienzo de la Guerra del Pacífico en 1879.

En 2001, tras los ataques del 11 de septiembre, el congresista Ron Paul propuso legislatura garantizando al Presidente autoridad para utilizar patentes de corso y represalia contra terroristas específicos para evitar pelear guerras contra un Estado extranjero. También defendió el uso de patentes de corso para lidiar con piratas somalíes en el Golfo de Adén. El congresista Paul argumentaba que las patentes de corso motivarían a los locales a actuar, haciendo innecesaria entonces la intervención de las fuerzas armadas de EEUU. Lamentablemente, sus propuestas no prosperaron.

El Presidente Trump, y el Presidente Obama antes, han articulado un rechazo a comprometer fuerzas terrestres de EEUU en conflictos que no constituyan una inminente y definitiva amenaza a nuestra seguridad nacional. Botas americanas en el terreno es una condición políticamente cargada que debe evitarse.

Por otra parte, la inacción no es el mejor enfoque de política exterior para una poderosa nación con responsabilidades internacionales. Restablecer una versión moderna de patentes de corso resultaría una nueva herramienta útil al servicio de la política exterior de EEUU. Es una opción totalmente constitucional que mantendría nuestras tropas en casa mientras permitiría acciones militares determinantes cuando resulten necesarias.

Cuando la diplomacia se agota y se requiere acción militar, el Congreso y el Presidente necesitan más de las dos opciones de o una declaración formal de guerra, o la inacción. Actualmente, operaciones encubiertas, u órdenes ejecutivas de dudosa constitucionalidad, son alternativas presidenciales. Pero en algunos casos ninguna de las dos puede ser adecuada.

Entonces, ¿por qué no restablecer patentes de corso? Los Padres Fundadores las incluyeron en la Constitución por buenas razones.

El último libro del Dr. José Azel es “Libertad para novatos”. Correo: Joeazel@me.com.

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