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Los demócratas quieren un cambio pacífico y duradero para Venezuela | Opinión

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Venezuela está experimentando una de las peores crisis humanitarias y económicas en la historia reciente del hemisferio occidental. Escasean los alimentos, la desnutrición es generalizada y el sistema médico de la nación ha colapsado.

El diez por ciento de la población venezolana, más de cuatro millones de personas, ha huido del país, miles de personas siguen los pasos de tantos otros que han venido a los Estados Unidos y al sur de la Florida.

A pesar de las severas sanciones impuestas por la administración Trump, los cómplices de Maduro continúan prosperando, mientras nueve de cada diez venezolanos viven en una pobreza desgarradora.

Apoyamos los esfuerzos de esta Administración para unir a la comunidad internacional en respaldo a la decisión de la Asamblea Nacional, la única institución democrática que aún existe en Venezuela, de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino del país hasta que se puedan celebrar elecciones libres, justas y transparentes.

Sin embargo, Maduro todavía reina, y millones de venezolanos aún no tienen alimentos, medicamentos ni electricidad. Entonces, preguntamos: ¿qué sigue, Señor Presidente? Necesitamos un plan más estratégico.

Para romper el estancamiento, los Estados Unidos y la comunidad internacional pueden ejercer aún más presión sobre el régimen para facilitar un cambio pacífico en el liderazgo, exponer las redes corruptas que sostienen al régimen en Caracas y satisfacer las necesidades urgentes y básicas de los pobres y los que pasan hambre. Estos esfuerzos ayudarán a impulsar a las partes a lograr una transición pacífica que no excluya a nadie, ni siquiera a las piezas claves del chavismo, en la promoción de la estabilidad en el País.

Junto al pueblo de Venezuela y con la fuerza de los otros 53 países e importantes organismos regionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de los Estados Americanos, quienes han reconocido a Guaidó, debemos apuntar a un enfoque audaz que exponga las acciones criminales y corruptas que sostienen este régimen para lograr que los que aún son leales a Maduro rompan este ciclo y lo obliguen a dejar el poder.

Primero, todos los países que apoyan a Guaidó deben aumentar la presión financiera sobre aquellos corruptos que continúan apoyando al régimen de Maduro, lo que incluye congelar activos, prohibir viajes y cancelar visas de líderes militares y sus familias. Por la imposición de sanciones a otros regímenes dictatoriales en el pasado, como en el caso de los golpistas de Haití en los años 90, sabemos que cuando individuos leales al régimen y sus familias, esos que escapan a las consecuencias diarias de la mala administración y estragos del gobierno, sienten que sus extravagantes estilos de vida son amenazados, ceden.

Parte de esa presión debe incluir una mayor exposición de la vulgar delincuencia que permite al régimen de Maduro sobrevivir a agobiantes sanciones, esa misma red de criminalidad que mantiene la lealtad de los líderes militares del País. Un nuevo estudio de la Universidad de Defensa Nacional revela que, ante la disminución de los ingresos petroleros, una vasta red criminal que abarca más de 26 países, ha extraído decenas de miles de millones de dólares del gobierno venezolano a través del comercio ilícito de drogas, oro y petróleo. La red de Maduro ha asesinado a disidentes locales, se ha involucrado en la trata de personas y ha causado estragos en el medio ambiente. Más allá del costo humano, 84,000 acres en el sur de Venezuela han sido deforestados mientras el régimen destruye la tierra en una desesperada apuesta por obtener ingresos.

Necesitamos una investigación internacional liderada por los Estados Unidos para rastrear esta red criminal y para nombrar, exponer, avergonzar y procesar a los que aún están involucrados. Dicha acción también puede ayudar a exponer el verdadero papel de Hezbolá, Cuba, Rusia, Irán y las guerrillas colombianas en esta compleja articulación criminal.

Segundo, las naciones que apoyan a Guaidó deben unirse a nuestros aliados regionales para impulsar un apoyo inmediato y generoso a los cuatro millones de venezolanos que han huido del régimen represivo, y los 2,3 millones más que se espera lo hagan para fines de este año. Eso significa cumplir de inmediato con el llamamiento de las Naciones Unidas para obtener casi 1,000 millones de dólares para reasentamiento de refugiados y ayuda humanitaria.

Hemos exigido que la administración otorgue el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a aproximadamente 72,000 venezolanos en los Estados Unidos, pero ante nuestras insistentes solicitudes sólo hemos obtenido silencio. Frente a la inacción injustificada del presidente Trump, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes aprobó el mes pasado un proyecto de ley para otorgar el TPS a los venezolanos en los Estados Unidos, acercándolo un paso más a convertirse en ley.

Tercero, debemos prepararnos para el arduo trabajo que implicará la reconstrucción de Venezuela en una era posterior a Maduro. Si bien la gran riqueza petrolera de Venezuela jugaría un papel importante, será fundamental un gran despliegue de asistencia humanitaria y financiera para ayudar a esa población desesperada que lucha por encontrar alimentos y medicamentos.

Debemos usar nuestra influencia con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional así como el apoyo de nuestros aliados para diseñar un plan sustancial de asistencia posterior a Maduro en favor del proceso de reconstrucción; satisfacer las necesidades de salud, alimentos y educación de las personas; y a prepararse para nuevas elecciones, supervisadas internacionalmente.

Acogemos con beneplácito la aprobación por parte del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de la Ley de Alivio, Asistencia de la Democracia y Desarrollo de Venezuela (Ley VERDAD por sus siglas en inglés), una iniciativa bipartidista. El proyecto de ley del Senado, que incorpora proyectos de ley que introdujimos en la Cámara de Representantes, autoriza 400 millones de dólares en ayuda al pueblo venezolano, restricciones a la venta de armas y sanciones específicas.

Necesitamos aprobar la Ley VERDAD para ayudar al pueblo venezolano a sobrevivir a esta crisis devastadora e impulsar a otros países a que ayuden.

Mientras trabajamos para convertir esta presión en logros, un enfoque hacia Venezuela que respete a nuestros aliados regionales y tome medidas diplomáticas más contundentes contra las redes criminales de Maduro, allanará el camino hacia una transición democrática.

Estas estrategias acompañada a compromisos reales que garanticen recursos para ayudar al país a recuperarse, ofrecen el equilibrio adecuado para lograr un cambio pacífico, democrático y duradero en Venezuela.

Donna Shalala, Debbie Wasserman Schultz y Debbie Mucarsel-Powell representan partes de Miami-Dade y Broward. Escribieron este artículo para el Nuevo Herald.

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