Opinión

La regla de ‘carga pública’ es una guerra contra las minorías

Decenas de personas protestan contra la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS), el miércoles frente a un tribunal en Boston.
Decenas de personas protestan contra la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS), el miércoles frente a un tribunal en Boston. AP

La nueva batalla en la guerra de Donald Trump contra las minorías llega encarnada en la nueva regulación de “carga pública” dirigida a inmigrantes con estatus migratorio legal que llegan cada año a Estados Unidos o aquellos que quieran ajustar su estatus.

Si no llenan ciertos requisitos económicos y sus ingresos suponen que pueden depender de programas públicos, no serán admitidos. Incluso, los que ajusten su estatus podrían estar sujetos a la deportación si se convierten en “carga pública”.

Es decir, la idea es crear otro cerco a quienes el presente gobierno ha escogido como chivo expiatorio de todos los males de un país que se está desconfigurando desde la amoralidad, la corrupción y el racismo, como si esa fuera su propuesta de “revolución histórica” con la que, sin embargo, estaría pasando al ámbito de las sociedades derrotadas por sí mismas, y ante los ojos del mundo.

Si se pasa revista por todas las acciones de Trump, se verá que el primer objetivo central han sido los indocumentados y los refugiados, especialmente latinoamericanos. Sus planes de “disuadir” la inmigración indocumentada se cimentan en la crueldad.

Y aunque solicitar asilo es un derecho, Trump ha utilizado toda su artillería para que el proceso sea imposible para esos refugiados, con la finalidad de que se queden en México o retornen a sus países, muchas veces expuestos a una posible muerte.

Es esa, precisamente, la parte más siniestra de este “plan maestro” ideado para intimidar a generaciones futuras de inmigrantes pobres y necesitados, a fin de privilegiar al inmigrante con recursos económicos que, en realidad, no tendría por qué salir de sus respectivos países si su situación es inmejorable. Pero el racismo es así y se mide por su amplitud y por su cinismo.

Dentro de ese objetivo central que son los indocumentados, figuran los 11 millones que ya viven aquí, en su mayor parte durante más de una década, tienen hijos estadounidenses, trabajan, pagan impuestos, y son parte esencial de diversas industrias vitales para nuestra economía.

A ellos los golpean con redadas, ya sean de menor escala, o de gran escala como las que se llevaron a cabo la semana pasada en Mississippi. Su “crimen” consiste en trabajar y contribuir a la economía de Estados Unidos y pagar impuestos por beneficios que nunca verán, como el Seguro Social.

Según la New American Economy, en 2016 los indocumentados contribuyeron $13,000 millones al fondo del Seguro Social, y 3,000 millones al Medicare. Pero al usar números de Seguro Social falsos o pertenecientes a otra persona, el trabajador indocumentado no tendrá derecho a solicitar estos beneficios aunque haya pagado por ellos.

De acuerdo con el Migration Policy Institute (MPI), “la confusión y la incertidumbre creada por la regla (de carga pública) en el presente clima migratorio podría tener grandes efectos, provocando que muchos (inmigrantes que viven aquí legalmente) se den de baja de los programas de beneficios públicos o no los utilicen de ahora en adelante”.

Aunque la regla de la “carga pública” sea frenada en los tribunales, ya Trump y su asesor “antiinmigrante en jefe”, Stephen Miller, lograron su doble objetivo: seguir aterrorizando inmigrantes y demostrarle a su base que la agenda antiinmigrante va viento en popa. Claro que no le dicen a esa misma base que el recurrir a la asistencia social no conoce fronteras étnicas, y que también la comunidad blanca es beneficiaria de todo ello, como lo demuestra estudio tras estudio. Basta saber que en programas como Medicaid, en 2016 el 43 por ciento de los beneficiarios fueron blancos, frente al 30 por ciento de hispanos. O que en el SNAP, el programa de asistencia nutricional, ese mismo año, 36.2 por ciento de sus beneficiarios fueron blancos, frente al 17.2 por ciento de hispanos. Y como esos, otros programas presentan datos que se contraponen al prejuicio y al estereotipo.

Tampoco le dicen a su base que la hispana es una cultura del esfuerzo, y que estirar la mano para obtener algo no es su estilo de vida. Es una comunidad que se abre paso aprendiendo y aportando, con la plena consciencia de que la tenacidad es una de sus más destacadas características.

Así, en esta guerra es de anticiparse que los futuros objetivos sean los ciudadanos naturalizados porque ya desde el año pasado el gobierno de Trump anunció la iniciativa para desnaturalizar a aquellos que se pruebe mintieron en sus solicitudes.

Después de los naturalizados están los ciudadanos, los hispanos que forman parte de la fibra de esta nación desde antes de su fundación y que ahora viven con miedo porque en la era de Trump ser latino y minoría nos hace objetivo del prejuicio de este presidente que alimenta el supremacismo blanco, como el que segó la vida de 22 personas en El Paso, Texas, días atrás, en su mayor parte hispanos.

Si la guerra contra inmigrantes y minorías se intensificará según avance la contienda electoral, solo Dios sabe lo que nos espera como minorías en un segundo mandato de este presidente.

Asesora ejecutiva de America’s Voice. Twitter: @maribelhastings.

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