Opinión

Histórica condena al independentismo catalán

Miles de manifestantes a favor de la independencia de Cataluña marchan en el pueblo de Navas, España, el miércoles 16 de octubre de 2019.
Miles de manifestantes a favor de la independencia de Cataluña marchan en el pueblo de Navas, España, el miércoles 16 de octubre de 2019. AP

Al verse derrotados esta semana por la justicia española, los agitadores que manejan los hilos del independentismo catalán han recurrido a la movilización de sus masas como un último desafío al orden constitucional.

Barcelona arde en llamas y violencia. La incendian irónicamente los mismos que dicen querer liberarla de España. Dispuestos a empujar a toda Cataluña al suicidio, antes que acatar la ley. Que acatar la histórica sentencia del Tribunal Supremo condenando esta semana a 12 líderes separatistas a duras penas de prisión.

El jueves mismo, en una nuevo órdago contra el Estado de Derecho, el presidente del gobierno catalán (Generalitat), Quim Torra, dobló la apuesta de confrontación pidiendo “más desobediencia civil” y convocando un “nuevo referéndum” para independizarse de lo que él llama “la jaula”, refiriéndose a España.

Torra y sus camaradas pretenden convertir en mártires a los 12 condenados por sedición. Usarlos como señuelo para instigar la furia de las masas subyugadas por el nacionalismo secesionista.

Pero lo que están exhibiendo —más que nunca— es la verdadera cara del separatismo: el odio por el odio, aunque les cueste el futuro. Aunque acaben en lo que más temen: la ruina y el aislamiento. Y aunque en ese empeño arrastren a la otra mitad de Cataluña, opuesta a la independencia. De esta mitad nada se escucha porque vive callada, o mejor dicho acallada por la intimidación del otro bando.

Quienes no se han callado son las cientos de empresas que progresivamente han huido a otras ciudades españolas. Ni los miles de turistas que han cancelado sus reservas. ¿Quién quiere arriesgarse a visitar Barcelona? ¿Quién se atreve a abrir un negocio para que le rompan las vidrieras, como está ocurriendo en las oficinas bancarias y tiendas del Paseo de Gracia y en otras calles barcelonesas?

La quimera independentista es la historia de un engaño. Comenzó hace siete años y desde entonces ha condicionando la vida pública española. Y el próximo 10 de noviembre puede condicionar los votos de los ciudadanos para elegir un nuevo gobierno y parlamento de España.

Mucho dependerá de la gestión política de la crisis. En especial de cómo maneje la situación el presidente en funciones, el socialista Pedro Sánchez, que puede resultar el mayor beneficiado o el peor perjudicado. Y también depende como es lógico de la reacción de los demás partidos, que tratarán de sacar réditos políticos.

Ya desde el flanco conservador los partidos Popular (PP), Ciudadanos y Vox están presionando a Sánchez para que “intervenga” la autonomía catalana aplicando el artículo 155 de la Constitución (como ya hizo Mariano Rajoy en 2017). Es decir, que tome temporalmente las riendas del gobierno de Cataluña, hasta encontrar una salida a la grave situación actual. También le piden que aplique con urgencia la Ley de la Seguridad Nacional para detener la violencia callejera.

Mientras que en la extrema izquierda, el partido Unidas Podemos, considera que la sentencia del Supremo es “la excusa perfecta” para que los socialistas se alíen con los populares. Mal que le pese al cada vez más impopular líder podemita Pablo Iglesias, un pacto PSOE-PP sería una solución para “desatascar” la parálisis política en un país abocado a celebrar sus segundas elecciones en menos de un año.

El pulso España-Cataluña es una batalla con múltiples frentes. El más obvio es el político, pero el más importante es el de la imagen.

En octubre de 2017, en pleno clímax del referéndum independentista, parecieron ganarla los sublevados con una campaña mediática a nivel internacional. En octubre de 2019 la suerte parece habérseles volteado. Ni diplomáticos extranjeros ni periodistas han acudido a convocatorias de la Generalitat para contar su versión.

Y en el colmo del ridículo, a una rueda de prensa en la “embajada catalana” de Berlín, otrora centro de activismo proindependentista, solo acudió un periodista freelance. La imagen de la sala vacía es una metáfora perfecta del fracaso.

Los tiempos han cambiado. El Tribunal Supremo se ha pronunciado. La Unión Europea apoya la unidad territorial de España. Pero el independentismo no quiere enterarse. Siguen reivindicando su teatro de política ficción con sus “marchas por la libertad”. Como si España fuera una dictadura, cuando es justo lo contrario, una vibrante democracia, un estado de derecho en el que los ciudadanos disfrutan de todas las libertades.

La sentencia condenatoria al independentismo ha sido sin duda uno de los acontecimientos más importantes de la España democrática, pero no resuelve la crisis institucional. La salida al laberinto es política.

Periodista y analista internacional. Twitter: @TownsendRosa.

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