No se deben permitir encapuchados en las protestas
A través de los años en las protestas mundiales y con mayor énfasis en las manifestaciones latinoamericanas, es común observar la presencia de elementos encapuchados cuya misión es causar destrozos a la propiedad pública y privada a fin de generar malestar en la población.
Nos preguntamos, ¿por qué los gobernantes de turno permiten semejantes salvajadas? ¿Acaso las autoridades no tienen entre sus obligaciones preservar el orden público y proteger la institucionalidad? Recordemos que los ejércitos no solo están para defender a sus países de una agresión extranjera armada. También están para defender las agresiones internas, que incluso, también pueden ser foráneas. Esto sería una forma de guerra más disimulada, pero igualmente se debería enfrentar.
El caso chileno ejemplifica esta problemática. Durante semanas no han cesado los disturbios en Chile, los negocios continúan siendo saqueados y los bienes públicos destrozados. Ante una debacle de esta magnitud, muchos se preguntan dónde está la figura del presidente Sebastián Piñera, quien supuestamente debería ser el garante de la institucionalidad.
Piñera ha asumido una posición de “paños tibios” o de “alivianar la olla de presión”, incluso, ha reconocido los excesos del gobierno en la supuesta represión de los disturbios. Tal vez, la acción más enérgica que ha realizado, es enviar al parlamento un proyecto de ley que endurece las penas para los delitos de desorden público, cuya condena se incrementaría para los encapuchados.
En vista que lo anterior no ha funcionado, por el contrario, los manifestantes han logrado crecer en número, somos de la opinión que Piñera debería asumir una posición más frontal y acusar a muchos de ser delincuentes o mercenarios pagados por gobiernos comunistas.
Desde luego, esperamos que Piñera, quién es uno de los hombres más acaudalados de Chile, no esté actuando de esta forma para defender sus negocios.
Colombia desde hace días también está siendo asediada por las huestes de Castro y Maduro. Bogotá, Cali y Medellín han sido las más afectadas. De estas tres, solo Medellín no ha establecido un toque de queda para controlar los disturbios. Para esto hay una explicación muy interesante.
El 12 de noviembre, un nutrido grupo de ciudadanos durante una rueda de prensa dio lectura a una carta dirigida al Brigadier General Eleazar Camacho Jiménez, comandante de la Policía Metropolitana de Medellín. En dicha carta se establece que un numeroso grupo de personas han constituido una Organización Civil para defender a la ciudad durante los disturbios esperados en el paro anunciado para el pasado 21 de noviembre. El grupo denominado “Resistencia Civil Antidisturbios” (RCA), se identificaría con chalecos reflectivos y acompañaría a la fuerza pública para defender a la ciudad.
El llamado literalmente rezaba “No se dejen vencer del miedo, salgan a defender nuestro patrimonio y nuestra ciudad”. Y terminaron su alocución pública con una sentencia lapidaria: “Las naciones no se pierden porque las ataquen, sino porque los que dicen amarla, no la defienden”.
Quizás por esta patriótica actitud de los ciudadanos de Medellín, en esta ciudad el vandalismo no ha alcanzado la violencia experimentada en otras ciudades del país. Tal como lo expresó el Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, “Es el trabajo en equipo de una ciudad”.
Las protestas de los ciudadanos en una democracia son precisamente manifestaciones públicas que les permite el sistema para demostrar pacíficamente su descontento. En nuestro caso en la Florida, y más específicamente en Miami, una protesta bien orquestada por la proliferación de los peajes electrónicos sería bien recibida. Y desde luego, sería pacífica porque el vandalismo contra propiedades públicas o privadas, es inaceptable en EEUU. Por eso la gran nación americana es un ejemplo de estabilidad para el mundo.
Pero en los países latinoamericanos cada vez abundan más los encapuchados en las protestas, cuyas acciones regularmente son las más violentas. Se sabe que los terroristas de antaño son los encapuchados de hoy. Países como Argentina han aprobado leyes antiterroristas en el pasado. Pero es necesario que también todos los países latinoamericanos terminen de tipificar como delito el hecho de cubrirse el rostro en una manifestación pública. En ese sentido se debería reformar el código penal.
Pero también las ciudades pueden acelerar la justicia, dictando ordenanzas locales para prohibir las capuchas en las protestas.
Simplemente, si quieren protestar contra algo que existe y tiene nombre, tienen que hacerlo personas que tengan nombre y que por ende se identifiquen.
De lo contrario, la presencia de encapuchados anarquistas en las protestas deben ser prohibidas y punto. “Muerto el perro se acabó la rabia”.
Economista y periodista. Twitter: @DeYURRE.