El derecho a morir con dignidad
A pesar del tratamiento médico que le dispensaron; a pesar también de sus deseos de vivir y del apoyo incondicional de su familia, mi amigo Antonio finalmente murió de cáncer pulmonar.
Estuvo entrando y saliendo de los hospitales hasta que cuando ya no fue posible una cura o una remisión a largo plazo, fue llevado a un hospicio.
En Estados Unidos casi un 50% de quienes buscan servicios de hospicio son personas que se enfrentan a las etapas avanzadas del cáncer.
Los hospicios brindan apoyo médico, psicológico y espiritual para que los pacientes, ya en espera de la muerte, tengan paz, comodidad y dignidad.
Pero eso, a veces, no es suficiente. Mi amigo Antonio sufrió mucho. Ya en sus últimos momentos, sin poder respirar, pedía a gritos que lo dejaran morir.
Después de su muerte no he dejado de preguntarme si él hubiese preferido tener el derecho a disponer con libertad de su vida y poder elegir el momento y los medios para finalizarla.
Pero también pienso que aunque ese hubiese sido su deseo, no habría podido realizarlo porque aquí en la Florida la llamada “muerte asistida” es ilegal.
Ya varios estados tienen leyes que garantizan el derecho a morir con dignidad. El primero que legisló en ese sentido fue Oregón. Le siguieron Washington, California, Colorado, el Distrito de Columbia, Hawaii, Maine, Nueva Jersey y Vermont.
Otros 18 lo están considerando y 23, entre ellos la Florida, no piensan ni siquiera legislar sobre una cuestión tan importante como el derecho de los adultos mentalmente competentes pero con una enfermedad terminal, a que legalmente puedan obtener medicamentos que les permitan morir en sus propios términos.
El debate sobre este delicado tema de la “muerte asistida” comenzó en 2014 cuando la joven Brittany Maynard, afectada con un tumor cerebral inoperable decidió terminar su vida en lugar de enfrentar una larga y dolorosa batalla contra un cáncer agresivo.
Sin embargo, Brittany, que era residente de California se vio forzada a mudarse a Oregón porque en su estado no le era permitido ejercer la opción de “morir con dignidad”.
La publicidad que su caso generó hizo que muchos estados legalizaran, aunque con diferentes nombres y cláusulas, la muerte asistida.
En Colorado, por ejemplo, la ley autoriza que “un adulto que cumpla con ciertos requisitos y que haya sido certificado por un médico de que sufre una enfermedad terminal, pueda ordenar y tomar por sí mismo medicamentos para morir”.
En Hawaii, “Our Choice, Our Care Act”, que fue convertida en ley en abril de 2018 les da a las personas “mentalmente capaces con seis o menos meses de vida la opción de tomar medicamentos que les permitan morir tranquilamente mientras duermen”.
En algunos estados las especificaciones de la ley son más explícitas que otras, como en Maine, donde las personas que cumplen los requisitos (mentalmente capaces, enfermedades terminales, etc.) deben pasar dos períodos de espera, obtener dos opiniones médicas y solicitar oralmente y por escrito sus peticiones.
En realidad, a pesar de las diferencias en la redacción de los textos y en la extensión sus especificaciones, la esencia de esas leyes es la misma: garantizar el derecho a morir con dignidad.
Que es quizás la forma en que habría deseado morir mi amigo Antonio si hubiese tenido la posibilidad de hacerlo.
Manuel C. Díaz es un escritor cubano. Correo: manuelcdiaz@comcast.net.