RAMÓN A. MESTRE: Tragaperras para todos
De momento, el hatajo de ineptos que controla la cámara baja de la legislatura floridana no va a normalizar las incongruentes leyes que regulan (o criminalizan) los juegos de azar en la Florida. En ese sentido la llamada adicción al juego es una parienta cercana de algunas patologías que afligen a cierto tipo de político obsesionado con apostar por la inercia oportunista. Los síntomas están a la vista cada vez que sesionan estos personajes en Tallahassee.
Pero es posible que la sentencia de un tribunal de apelación impulse a los legisladores a encarar algunas contradicciones en las normativas relacionadas con loterías, maquinitas, casinos lite, bingos, juegos de barajas y apuestas. A finales del mes pasado, dos magistrados de la corte de apelación del primer distrito judicial enredaron todavía más el desmadre en torno al juego lícito en el estado. El tribunal sentenció que el gobierno estatal estaba obligado a autorizar las máquinas tragaperras en un hipódromo del campestre condado de Gadsden. Una comarca colindante con Georgia cuya población no sobrepasa las 50 mil almas. Pese a que la inmensa mayoría de los residentes de Gadsden votaron a favor de las máquinas tragaperras, la fiscal estatal Pam Bondi y los burócratas del Departamento de Regulación de Profesiones y Negocios (DBPR por sus siglas en inglés) se negaron a concederle el permiso al hipódromo del pueblo. Bondi y los funcionarios del DBPR alegaban que las máquinas tragaperras estaban prohibidas según una ley del 2009 que sólo las autorizaba en el Hipódromo de Hialeah, aunque no estuviese entre los hipódromos y canódromos nombrados en una enmienda constitucional aprobada por los votantes en el 2004. La enmienda legalizaba las máquinas tragaperras exclusivamente en los pari-mutuels de Broward y Miami-Dade. La ley del 2009 incluyó a Hialeah con el vidrioso argumento de que el hipódromo aún no estaba abierto cuando se aprobó la enmienda.
Con todo, los condados de Brevard, Hamilton, Lee, Palm Beach, Washington y Gadsden han votado a favor de las máquinas tragaperras. Pero ante la negativa del estado, sólo los ludópatas gadsdenios han acudido a los tribunales. Ganaron, como tenía que ser, porque los magistrados supieron desmontar la arbitraria interpretación de las leyes que han hecho Bondi y el DBPR.
Tras la sentencia los Seminoles deben de estar celebrando pues, según el convenio entre el estado y los indígenas, la tribu no tiene que hacerle pagos al fisco (un total de mil millones en cinco años a partir del 2010) si el gobierno autoriza las máquinas tragaperras en cualquier condado que no sea Miami-Dade y Broward. Se supone que en estos momentos la legislatura esté negociando un nuevo convenio con los Seminoles que le daría a la tribu el derecho exclusivo en la Florida de operar algunos juegos de naipes como el blackjack. Sería la concesión de otro monopolio indígena, la bendición oficial de un supuesto “vicio” en un estado cuyos legisladores son incapaces de presentar argumentos coherentes para justificar la prohibición de algunos juegos y la entusiasmada legalización de otros.
En realidad, lo que tiene que hacer el gobierno de la Florida es seguir el ejemplo iluminado del Reino Unido. Empezando por la eliminación, en el sector del juego, de los monopolios, los cuales incluyen casinos indios y loterías estatales: y la legalización, a través de un estricto marco de regulación y alta tributación, de loterías, casinos, centros de apuestas, garitas de bingo y salones de maquinitas. Como señaló hace más de setenta años la británica Royal Commission on Betting, Lotteries and Gaming (la Comisión Real sobre Apuestas, Loterías y Juego) el costo social del juego puede ser alto. Pero el costo de la prohibición en un régimen como el floridano, amparado en leyes contradictorias, hipocresía y corrupción, es más alto todavía.
Esta historia fue publicada originalmente el 15 de junio de 2015, 0:20 p. m. with the headline "RAMÓN A. MESTRE: Tragaperras para todos."