El rey Juan Carlos no ha huido de España ni está acusado de nada

En estos últimos tiempos, la jauría anti-España y antimonarquía opera bajo la siguiente consigna: “sobre el rey emérito cualquier presunción es válida, menos la de inocencia”. O dicho de otra manera “calumniémosle, que algo queda”.

Las calumnias además son más fáciles de inventar cuando parten de algunos elementos verídicos: el amorío entre un rey popular y una joven bella (y trepadora social), que se descubre por un accidente cazando elefantes en África. Gran escándalo político, ruptura del romance; y ella, despechada (e investigada en Suiza por sus negocios particulares), alega a través de un espia corrupto (hoy encarcelado) la supuesta cuenta suiza de Juan Carlos I en la que depositó un regalo de 65 millones de euros de su viejo amigo el rey de Arabia Saudí.

Vamos, que ni el más exitoso guión de Hollywood lograría atraer mayor imaginación de las masas. Ni quienes buscan manchar la institución monárquica y sueñan con derribarla han podido toparse con una ocasión más propicia de explotar para sus nefarios planes.

Ante lo cual, lo primero que conviene enfatizar es lo que Pablo Iglesias, los separatistas y otras sanguijuelas de la politiquería no quieren que se diga ni se recuerde: los españoles le debemos al rey Juan Carlos I nada menos que la democracia.

Nada menos que la transformación más extraordinaria de la nación en siglos. Y sin derramar ni una gota de sangre, con las únicas armas del consenso y el diálogo, magistralmente arbitradas por el rey Juan Carlos con todas las fuerzas del espectro político.

¿Cuántos países pueden enorgullecerse de una transición modélica de dictadura a democracia? ¿Repasamos la geografía de Latinoamérica? ¿Qué tal Cuba? O por la de la propia Europa del ex bloque soviético, todavía a greñas en algunos países e incluso en procesos de involución autoritaria.

Razón por la cual se equivocan quienes resentida y maliciosamente pretenden condenar al rey emérito en la corte de la opinión pública, usando la vil táctica de “culpabilidad preventiva” en vez del derecho a la “presunción de inocencia”.

Por ejemplo, calumniar al rey diciendo “está acusado de varios casos de corrupción”; e incluso utilizar el libelo “delitos de Juan Carlos”, como si fuera un hecho que el monarca ha sido acusado, juzgado y condenado. Nada de lo cual es verdad en absoluto. (Por cierto, al menos un bufete de abogados está estudiando acciones legales contra semejantes irresponsabilidades).

Lo que me lleva al segundo aspecto que hay que aclarar ya de una vez: el rey emérito no está a día de hoy acusado de nada, no es parte de ningún proceso judicial, no está imputado de cargos, y ni siquiera hay abierta una investigación formal sobre las alegaciones de Corinna Larsen, quien sí está imputada por las fiscalías de España y Suiza. Es decir, hasta ahora solo existen innuendos, insinuaciones indirectas.

Por tanto, es falso que su salida de España sea una huida de la justicia, como pretende el insidioso relato propagado —entre otros— por Iglesias y Podemos con el fin de estigmatizar la institución de la Corona y propiciar un cambio de régimen, de Monarquía parlamentaria a República.

Y al mismo tiempo, los podemitas aprovechan la coyuntura para intentar desviar la atención sobre dos investigaciones en su contra, una por serias irregularidades de financiación; y otra que inmiscuye a Iglesias en el llamado “caso Dina”, en manos de la fiscalía de Madrid.

O sea, una bomba de relojería para el actual vicepresidente segundo, cuyo oportunismo antimonárquico ha abierto fisuras dentro del gobierno que preside Pedro Sánchez, quien sí ha manifestado su “inquebrantable compromiso con la Corona y el orden constitucional”. Aunque también presionó a Felipe VI para que el rey emérito se trasladara fuera del palacio de la Zarzuela, donde ha residido 58 años.

Al final hubo un aparente consenso entre los dos reyes y el presidente, en aras de salvar la imagen de ejemplaridad institucional, empañada por la atención mediática a las elucubraciones sobre los deslices personales de Juan Carlos.

No hace falta repetir los detalles de su traslado fuera de España “en estos momentos”, como expresaba en la carta a su hijo indicando que volverá cuando crea conveniente. Pero sí hace falta explicar las especulaciones que circulan sobre si los presuntos 65 millones de euros eran de comisiones, lo cual —de comprobarse— podría ser considerado blanqueo de capital. Mientras que si ese supuesto dinero procede de un regalo solo estaría sujeto —de demostrarse— a las leyes fiscales. Y aún así el periodo de pago de impuestos prescribió hace siete años.

Pero el argumento en sí de las comisiones es ridículo. Se cae de su propio peso que las comisiones en cualquier país del mundo las paga la empresa beneficiada por obtener la licitación de un proyecto. En este caso les hubiera correspondido a las empresas españolas que lograron la adjudicación para construir la línea de trenes de alta velocidad a la Meca, ¡pero no al rey de Arabia Saudí!. Y para colmo, el supuesto regalo de 65 millones tuvo lugar en 2008 y la licitación de la obra en la Meca fue en 2011.

Huele a un argumento falaz. Quizá por ello, las encuestas no reflejan la erosión que las sanguijuelas de la politiquería desean. En el sondeo realizado la semana pasada la monarquía cuenta con el apoyo del 54.9% de los españoles frente al 40.8%.

Las cifras de respaldo reflejan también la permisividad con los pecados de la carne, que no con los del bolsillo. Y como estos últimos no se han demostrado, lo que prevalece es la memoria y el afecto al papel histórico de Juan Carlos.

Cómo olvidar que hizo posible la transición pacífica de la dictadura franquista a la democracia constitucionalista. Que podría haberse quedado con el poder ejecutivo absoluto que Franco le entregó al nombrarle su sucesor, y sin embargo lo cedió.

Supo interpretar los vientos de la historia, y sortearlos cuando soplaban en contra, como ocurrió el 23 de febrero de 1981 (23-F) cuando un grupo de militares intentó hacerse con el poder secuestrando el Parlamento y el Gobierno. En pocas horas el rey aplastó la intentona golpista.

Al amanecer de aquella noche infame y larga del 23-F nació el juancarlismo. Lejos quedaba el apodo de “Juan Carlos El Breve”.

El prestigio y popularidad del rey era tal que incluso entre los partidarios de la República como sistema de gobierno se extendió la frase “no soy monárquico pero soy juancarlista”. Hasta el comunista Santiago Carrillo se declaraba juancarlista. Y no digamos el presidente socialista Felipe González que en repetidas ocasiones ha hablado de los “impagables servicios a España” del hoy rey emérito.

De izquierda a derecha del espectro político su figura ha sido no sólo incuestionable sino muy querida por su personalidad campechana, en especial entre el pueblo llano.

Por eso las supuestas andanzas de última hora del rey emérito, aún si fueran ciertas, difícilmente podrán eclipsar la labor de casi cuatro décadas (1975-2014) en las que ejerció como árbitro de la política doméstica y gran embajador en el exterior.

Periodista y analista internacional. Twitter: @TownsendRosa.

Esta historia fue publicada originalmente el 12 de agosto de 2020, 1:54 p. m..