Nuevas bases para relanzar las relaciones dominico-puertorriqueñas | Opinión
El próximo 2 de enero, a casi cinco meses de la investidura del presidente dominicano Luis Abinader, el gobernador Electo Pedro Pierluisi tomará posesión de su cargo. Con estos cambios de gobierno, República Dominicana y Puerto Rico tienen la oportunidad de fortalecer sobre nuevas bases los lazos culturales, sociales y económicos que históricamente han unido a sus pueblos.
Para ello es indispensable que las relaciones entre los gobiernos de República Dominicana y Puerto Rico se fundamenten en el reconocimiento mutuo de sus realidades políticas y en el respeto recíproco por sus decisiones políticas internas.
La realidad política de República Dominicana es la de una nación-estado mientras que la de Puerto Rico es la de un territorio en el sistema federal de Estados Unidos. Sin embargo, la diferencia entre las competencias de ambos gobiernos en el ámbito internacional no ha sido óbice para la realización de importantes iniciativas de beneficio mutuo.
Por ejemplo, en 1998 el gobierno de Puerto Rico organizó una cumbre de presidentes de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), el presidente de República Dominicana, y los gobernadores de los estados miembros de la Asociación de Gobernadores del Sur de Estados Unidos (“SGA” por su sigla en inglés) de la cual Puerto Rico es miembro. La cumbre culminó con la firma de la Declaración de Puerto Rico que hizo un llamado a la ampliación del libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana que sirvió para abrir el camino que condujo al establecimiento del DR-CAFTA en el 2004.
También cabe destacar que en 2009 se suscribió la Declaración Conjunta para la Alianza Estratégica República Dominicana - Puerto Rico —una alianza de naturaleza similar a la que los estados de la Florida y Nueva York establecieron con República Dominicana. Fue firmada en Aguadilla, Puerto Rico, con la participación del chargé d’affaires de Estados Unidos en Santo Domingo lo cual supone un reconocimiento del papel que Puerto Rico ha desempeñado en estrechar los lazos de Estados Unidos con República Dominicana.
El respeto por las respectivas decisiones políticas internas supone honrar la voluntad de ambos pueblos expresada mediante el voto directo y las instituciones de sus democracias representativas. Ello es cónsono con dos principios rectores de las relaciones internacionales: la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia de los estados en los asuntos internos de otros.
Lamentablemente, hubo ocasiones en que un gobierno de República Dominicana se unió a otros gobiernos del hemisferio para hacer pronunciamientos lesivos a esos principios con respecto a cómo Puerto Rico debe alcanzar la plenitud de gobierno propio.
En enero de 2016 República Dominicana, como estado miembro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), suscribió a través de su canciller la Declaración Política de Quito en la que ese organismo respaldó la independencia de Puerto Rico. Aunque dicha declaración no incluyó la palabra “independencia”, hizo referencia a la Resolución 1514 (XV), que la Asamblea General de la ONU aprobó el 14 de diciembre de 1960, cuyo nombre formal es Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales.
Además, en junio de ese año, la Misión Permanente de la República Dominicana ante la ONU compareció en representación de la CELAC ante el llamado Comité Especial de Descolonización, encargado de implantar la Resolución 1514 (XV), para expresar apoyo por la labor de ese comité en promover la independencia de Puerto Rico.
Con dichos pronunciamientos se soslayó la Resolución 1541 (XV), aprobada por la Asamblea General de la ONU el 15 de diciembre de 1960, que reconoce que un territorio no autónomo también puede alcanzar la plenitud de gobierno propio mediante la libre asociación con un país independiente, y la integración a un país independiente en igualdad de condiciones políticas —que, en el caso de Puerto Rico, se logra con la admisión como estado de Estados Unidos.
Pero más importante aún, dichos pronunciamientos negaron la voluntad democrática de los puertorriqueños libremente expresada en las urnas. No ha habido elección, plebiscito o referéndum en que los puertorriqueños hayan favorecido la independencia. Lejos de ello, por más de un siglo el gran consenso político en Puerto Rico ha sido preservar la ciudadanía americana de los puertorriqueños y la participación de la isla en el sistema federal de Estados Unidos. No es de extrañar que, a partir de ese consenso, más del 52% de los votantes haya respaldado la admisión de Puerto Rico como estado de Estados Unidos en un referéndum celebrado simultáneamente con las elecciones generales del pasado 3 de noviembre.
Resulta irónico que, al favorecer la independencia de Puerto Rico en aquel entonces, la República Dominicana desechara una realidad política de la isla que le añade gran valor a las relaciones dominico-puertorriqueñas: la participación de Puerto Rico en el sistema federal y aduanal de Estados Unidos. Gracias a ella, al comerciar con Puerto Rico, la República Dominicana puede ganar acceso al mercado más importante del mundo y a los mercados de los países con los que Estados Unidos tiene acuerdos de libre comercio.
Contrario a la narrativa que ha promovido la CELAC, la condición política de Puerto Rico como territorio de Estados Unidos no debe ser tema de discusión en el marco de las relaciones entre Estados Unidos y los países de Latinoamérica sino un asunto que, como ciudadanos americanos, le corresponde resolver a los puertorriqueños ante el Congreso de Estados Unidos.
Respetar la potestad de los puertorriqueños para decir su futuro no solamente contribuirá a afianzar las relaciones dominico-puertorriqueñas sino también a potenciar los beneficios que ambos pueblos deriven de ellas.
José Rodríguez Suárez ocupó el cargo de Secretario Adjunto del Departamento de Estado de Puerto Rico de 1993 a 2000, y de 2009 a 2012.