Puerto Rico puede ayudar a romper la dependencia farmacéutica de China | Opinión
La pandemia del coronavirus ha puesto al descubierto el precario estado de las cadenas de suministro farmacéuticas de Estados Unidos.
Nosotros estadounidenses finalmente hemos comenzado a darnos cuenta de cuánto dependemos de China, un competidor geopolítico cada vez más hostil, en la proveeduría de medicamentos esenciales que salvan vidas. Es fundamental que eliminemos o al menos atenuemos esta dependencia peligrosa.
Afortunadamente, con Puerto Rico, el corazón palpitante de la fabricación de medicamentos en Estados Unidos, tenemos la herramienta para hacerlo. La reconstrucción de la industria farmacéutica de Puerto Rico podría ser la mejor solución a este grave problema.
Esta situación preocupante no debería sorprendernos. Hace más de un año, la directora del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de la FDA, Janet Woodcock, testificó sobre esta preocupación ante el Congreso. Ella señaló específicamente el aumento de instalaciones chinas que producen ingredientes farmacéuticos activos (API, por sus siglas en inglés) —“los medicamentos actuales que luego se formulan en tabletas, cápsulas, inyecciones, etc.”— durante la última década.
Woodcock admitió que la agencia carece de la información necesaria para realizar un análisis de brechas que es necesario para determinar qué tan rápido Estados Unidos podrían sustituir la producción en caso de que China dejara de suministrar API.
El informe anual de 2019 de la Comisión de Revisión de Seguridad Económica de los Estados Unidos y China también advirtió que Estados es tan “fuertemente dependiente ...” que Beijing podría “usar esta dependencia como arma económica y cortar el suministro de medicamentos críticos” para dañar a Estados Unidos, si fuese así deseado. El informe de este año fue aún más lejos, instando al Congreso a “considerar el establecimiento de un esfuerzo similar al del ‘Proyecto Manhattan’ para garantizar que el público estadounidense tenga acceso a suministros seguros y protegidos de medicamentos y equipos médicos críticos [...]”.
No siempre fue así. Estados Unidos pudiera cubrir sus necesidades de medicamentos a través de Puerto Rico. Exenciones fiscales de diseño específico y aprobadas en la década de 1970 convirtieron la isla en uno de los principales productores mundiales de API y en el gabinete médico de facto de la nación. Sin embargo, esas exenciones fiscales comenzaron a eliminarse gradualmente en la década de los noventa, expirando por completo en 2006.
Se terminaron debido a preocupaciones de que las empresas no estaban pagando su parte y que los puertorriqueños mismos no se beneficiaban proporcionalmente. Aunque fue bien intencionada, la iniciativa, combinada con décadas de mala gestión presupuestaria, ayudó a producir una recesión profunda, pérdidas de empleos y niveles de pobreza masivas y una deuda aplastante.
Incluso ahora, San Juan está lidiando con lo que es esencialmente una bancarrota a nivel estatal y una crisis humanitaria de lenta evolución (agravada por el huracán María, los terremotos recientes y ahora, el COVID-19).
La reconstrucción de la industria farmacéutica de Puerto Rico podría reactivar la economía de la isla, reubicar la fabricación de medicamentos y reducir la peligrosa dependencia de Estados Unidos de China en los APIs.
Como dijo el senador Marco Rubio (R. FL) en un discurso en la Universidad de Defensa Nacional el año pasado:
“¿Cuán seguros o prósperos pueden ser los Estados Unidos si no podemos desarrollar la industria pesada, la fabricación farmacéutica y la tecnología avanzada? Los formuladores de políticas estadounidenses deben aplicar políticas que hagan que nuestra economía sea más productiva al identificar el valor crítico de sectores industriales específicos y estimular la inversión en ellos”.
El senador Rubio tenía razón y sus sugerencias podrían ser aplicadas de formas diversas.
En primer lugar, el gobierno de los Estados Unidos debe proporcionar fondos para iniciativas (como BioFabUSA) que se centren en mejorar los procesos de producción existentes. Esto podría reducir los costos de producción de medicamentos, incentivando a las compañías farmacéuticas a reubicar la fabricación nacional. Esta medida es consistente con lo propuesto por la Dra. Woodcock, quien en su testimonio, indicó que:
“… tecnologías de fabricación avanzadas podrían permitir que la fabricación de productos farmacéuticos con sede en los Estados Unidos recuperen su competitividad frente a China […] Algunos ejemplos de tecnologías de fabricación avanzadas transversales incluyen la fabricación continua y la impresión 3D. La tecnología de fabricación avanzada, que la FDA apoya a través de su Programa de Tecnología Emergente (ETP), tiene una huella de instalación más pequeña, un impacto ambiental más bajo y un uso más eficiente de los recursos humanos ...”.
En segundo lugar, el Congreso podría aprobar una versión modificada de las exenciones fiscales de la década de 1970, con estipulaciones que las empresas inviertan en la economía y el desarrollo de Puerto Rico. Una idea sería crear un fondo especial, financiado con un porcentaje de los impuestos pagados en Puerto Rico, para financiar la infraestructura pública de la isla.
En tercer lugar, los legisladores deberían revisar las leyes y reglamentos que impiden o limitan el crecimiento y el desarrollo económico. La Ley Jones de 1920, por ejemplo, exige que cualquier envío de mercancías entre puertos americanos deben ser realizados en barcos con bandera estadounidense. Esto da como resultado un aumento significativo de los costos, lo cual es excelente para las compañías navieras pero no para los ciudadanos estadounidenses, especialmente los de Puerto Rico. Es hora de cambiar esa ley obsoleta.
La pandemia de coronavirus está demostrando ser una prueba de fuego para el gobierno estadounidense. Compitiendo geopolíticamente en el siglo XXI, especialmente con rivales potentes como China, requiere un replanteamiento de la política económica. La reconstrucción de la industria farmacéutica de Puerto Rico es un gran lugar para comenzar.
Carlos Roa es el editor senior de The National Interest.