El proyecto migratorio de Biden debe ser una reforma real | Opinión
Con una propuesta tangencialmente opuesta al presidente Donald Trump, el presidente Joe Biden propone un proyecto de ley que encaminaría los pasos de los indocumentados actuales hacia una ciudadanía estadounidense.
El proyecto de ley evidentemente deberá ser aprobado por ambas cámaras, donde se supone que un voto en bloque demócrata sería favorable. Sin embargo, la ventaja demócrata en el Senado de apenas un voto, pudiera ser insuficiente si aparecen algunos “disidentes” contrarios al proyecto.
La propuesta plantea que todos los inmigrantes llegados antes de 1ro. de enero de este año pudieran tener un estatus de protección legal que les permita trabajar en Estados Unidos por cinco años, período tras el cual obtendrían la residencia por tres años y después la ciudadanía. Lógicamente la propuesta debía limitar la fecha para evitar una estampida migratoria trás el anuncio, toda vez que el proyecto establece un período de ocho años para obtener la ciudadanía.
Muchas interrogantes vienen al caso y son importantes sin duda.
De los 11 millones de Indocumentados actuales en EEUU, ¿cuántos de ellos se acogerán a beneficios de bienestar social, federal y estatal? Hablamos de ayuda para alimentación y vivienda, mantenimiento infantil, becas de estudio y cuidados médicos.
Actualmente muchos inmigrantes sin estatus legal en acuden a los centros de emergencia de los hospitales, y aunque las salas de espera se colman, reciben atención médica gratuita y al menos en esa forma resuelven su situación. La gran nación americana jamás ha negado su ayuda a seres humanos con necesidades.
Desde luego, ahora con un estatus legal aprobado, los inmigrantes tendrán acceso a una serie de beneficios que antes no tenían y esto sin duda elevará el déficit fiscal que se añadirá al ya existente, marcado por la pandemia.
De igual forma, también tenemos que considerar las opciones que ahora estarán a disposición de los inmigrantes con su nuevo estatus. Hablamos de la familia que fue dejada atrás cuando ellos asumieron el reto de emigrar a EEUU. Sucede que de aprobarse el proyecto, los beneficios pudieran ser extensivos a los parientes más cercanos, lo cual es una acción humanitaria ya que todos aspiramos a socorrer a nuestros familiares menos afortunados. El problema se presenta cuando la cifra de 11 millones de Inmigrantes fácilmente se pudiera multiplicar por tres, convirtiéndose así en 33 millones.
Algunos verán este proyecto como un gasto adicional y como una competencia en la demanda por empleos ya que los inmigrantes vendrían a formar parte de un ejército de trabajadores disponibles que ofrecerán su fuerza laboral a más bajo costo. Esto es debatible porque, ¿acaso ahora mismo no se ofrecen los inmigrantes en forma ilegal por un menor salario? Y el tipo de trabajos manuales que ellos realizan cosechando frutas y verduras, reparando techos o cortando el césped, ¿acaso es competencia para los americanos?
Posiblemente más bien, algunos inmigrantes con formación académica, que por necesidad han tenido que desempeñar estos oficios, ahora aspirarán legalmente a posiciones profesionales. Esto puede terminar por desatar una escasez de mano de obra para esos oficios, encareciendo así el producto final que el consumidor adquiere.
Ya en el pasado han existido experiencias previas en intentos de reforma inmigratoria, como el llevado a cabo en 1986 bajo el gobierno de Ronald Reagan. En aquella ocasión se concedió la residencia a unos 2.7 millones de inmigrantes, de los cuales un millón eran trabajadores agrícolas. Este proyecto que ha sido considerado como el mayor programa de legalización en la historia de EEUU, también tenía sus objetivos y regulaciones. Por ejemplo, por primera vez se establecieron penalidades para los empleadores que contrataran trabajadores indocumentados. También se mejoró la seguridad en la frontera con México y se creó un programa para trabajadores agrícolas temporales.
Aunque después con el presidente Bill Clinton en 1996 hubo una reforma a ley de inmigración, realmente nunca ha existido una verdadera reforma integral de inmigración. Como el ingreso de inmigrantes a EEUU va a continuar, tal como ocurrió en 1986 y 1996, es necesario regular las próximas entradas estableciendo un control que dosifique el flujo inmigratorio, manteniendo así las esperanzas del futuro inmigrante y disminuyendo en consecuencia las entradas ilegales.
Por años hemos venido sosteniendo que el mejor intento de regularizar a los inmigrantes sin estatus legal que viven en EEUU, es emplearlos en aquellas factorías nacionales que regresen del extranjero y sean reubicados de nuevo en el país. Una vez que alcancen cinco años ininterrumpidos de servicio podrán aspirar a la residencia y posteriormente a la ciudadanía. Así se “matan tres pájaros de un solo tiro”, el desempleo, la inmigración ilegal y la fuga de capitales.
Ojalá que en la propuesta migratoria de Joe Biden no solo consideren una real reforma integral sino que además también incorporen la teoría antes señalada.
Benjamín F. DeYurre es un economista y periodista. Twitter: @DeYURRE.