Un impuesto sobre la riqueza en EEUU no funcionaría porque es inconstitucional | Opinión
La rapidez con la que un impuesto a los multimillonarios apareció y desapareció como una forma para pagar la agenda económica del presidente Joe Biden demuestra por qué es tan difícil aplicar impuestos a la riqueza en Estados Unidos.
Los demócratas presentaron su propuesta el 27 de octubre, y ese mismo día fue rechazada y remplazada por un recargo sobre los ingresos de los millonarios.
La idea de aplicar impuestos a las fortunas de los estadounidenses más ricos ha sido considerada durante algún tiempo y, desde el punto de vista fiscal, quizá con razón. A mediados de agosto, la riqueza total de los multimillonarios estadounidenses se había disparado a $1.8 billones durante la pandemia del COVID-19. Y los informes recientes han descubierto que, a pesar de sus enormes riquezas, los multimillonarios tienden a pagar muy poco en impuestos.
Como experto en política fiscal, he observado que hay un gran obstáculo que se interpone en el camino de un impuesto sobre la riqueza: la Constitución.
La preocupación por la desigualdad ha aumentado en las últimas décadas. Los estadounidenses disfrutaron de un crecimiento económico sustancial y de una prosperidad ampliamente compartida desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la década de 1970.
Pero en la década de 1980, el presidente Reagan redujo drásticamente los impuestos a los ricos –dos veces– recortando la tasa máxima sobre los salarios del 70% al 28%.
Los estudios han demostrado que la reducción de las tasas del impuesto sobre la renta y de sociedades, combinada con otras políticas de “goteo”, como la desregulación, han conducido a un aumento constante en los ingresos de los estadounidenses más ricos y a la desigualdad de la riqueza.
El 1% más acaudalado controlaba el 39% de toda la riqueza –incluyendo todo el dinero en efectivo, bienes raíces, acciones, bonos y otras inversiones– en 2016, frente a menos del 30% en 1989. Al mismo tiempo, el 90% más pobre poseía menos de una cuarta parte de la riqueza de Estados Unidos, en comparación con más de un tercio en 1989.
En la actualidad, el gobierno federal grava todos los ingresos superiores a $518,400 al 37% para los declarantes solteros, con un impuesto adicional del 3.8% sobre las inversiones para los ingresos superiores a $200,000. Por supuesto, tal y como muestra una recopilación de documentos fiscales de ProPublica, los resquicios y las evasiones fiscales resultan en tasas del impuesto sobre el ingreso que son significativamente más bajas.
A diferencia de un impuesto sobre el ingreso, un impuesto sobre la riqueza llega a la raíz de la desigualdad de la riqueza y los ingresos.
Pero hay argumentos de peso para afirmar que un impuesto federal sobre la riqueza es inconstitucional. Los impuestos sobre la riqueza violan el Artículo I, Sección 2, Cláusula 3 de la Constitución de Estados Unidos, que prohíbe al gobierno federal aplicar “impuestos directos” que no se repartan equitativamente entre los estados.
Un impuesto directo es un gravámen sobre una cosa, como la propiedad o el ingreso. Un impuesto indirecto es un impuesto sobre una transacción: por ejemplo, una venta o un regalo.
El impuesto sobre el ingreso es un impuesto directo y es constitucional debido a la Enmienda 16, que permite específicamente los impuestos sobre la renta sin distribución. En cuanto a la propiedad, se podría observar que solo los estados y las ciudades cobran impuestos sobre los bienes inmuebles. En casi todos los casos, el gobierno federal no puede aplicar impuestos sobre los bienes inmuebles ni ninguna otra forma de riqueza si no hay una transacción.
Los proponentes de un impuesto sobre la riqueza, como la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts, citan a un pequeño grupo de profesores de derecho que respaldan su afirmación de que un impuesto sobre la riqueza pasa el análisis de constitucionalidad. Pero el argumento en contra de la constitucionalidad es lo suficientemente fuerte como para que cualquier intento de promulgar un impuesto sobre la riqueza sea impugnado por la Corte Suprema.
Salvo una victoria ante la Corte Suprema, de tendencia conservadora, o una ardua enmienda a la Constitución, el gobierno federal está excluido de aplicar impuestos a la riqueza.
Estoy de acuerdo con los legisladores progresistas en que Estados Unidos debe volver a las políticas económicas que buscan mejorar los beneficios de todos.
Aunque la riqueza y la productividad estadounidenses han aumentado en los últimos 40 años, la mayoría de los estadounidenses no han visto mejorar su suerte tanto como los más ricos, y están pagando tasas de impuestos más altas. Solo en 2020, los multimillonarios de Estados Unidos vieron aumentar su riqueza en $560,000 millones, incluso cuando decenas de millones de personas estaban desempleadas o dependían de donaciones de alimentos para poder comer.
El sistema fiscal estadounidense es responsable, al menos en parte, de estas brechas. Aunque un impuesto sobre la riqueza no sea una solución viable, existen otros medios, como unas tasas de impuestos más altas para los más adinerados o un impuesto sobre la transferencia de la riqueza que se centre en el traspaso del patrimonio a los herederos de los multimillonarios. Estos enfoques no solo ayudarían a resolver el problema de la desigualdad, sino que también pasarían el examen legal.
Beverly Moran es profesora emérita de Derecho en la Universidad de Vanderbilt.
The Conversation