No protejan a los fabricantes de armas de EEUU de su responsabilidad por la violencia en México | Opinión
Si no fuera porque las compañías de armas estadounidenses suministran un flujo constante de armas a las organizaciones criminales de México, mi primo Diego, que entonces tenía 16 años, no habría sido secuestrado en 2015. Su madre, Verónica Rosas Valenzuela, no lo estaría buscando este mes entre las aguas residuales en El Gran Canal de Ecatepec.
Decenas de miles de personas asesinadas por las armas estadounidenses en México pudieran seguir vivas. La mayoría de los secuestrados y desaparecidos pudieran seguir con sus familias. México sería un país radicalmente diferente, sin el dolor y el terror desenfrenado de la violencia armada.
Con solo una tienda de armas en el país y menos de 50 permisos de armas concedidos al año, México tiene algunas de las leyes de armas más estrictas del mundo. Entre el 70% y el 90% de las armas encontradas en las escenas del crimen en México proceden de Estados Unidos, incluyendo armas diseñadas para atraer al mercado mexicano, como una pistola Colt del calibre .38 con una imagen del revolucionario mexicano Emiliano Zapata y la frase: “Es mejor morir de pie que vivir de rodillas”.
México demanda a los fabricantes de armas estadounidenses
A principios de este año, el gobierno mexicano presentó una demanda contra varias empresas de armas estadounidenses, acusándolas de inundar a sabiendas el país con armas de fuego ilícitas, que han provocado terribles niveles de baños de sangre.
En un escrito presentado el 22 de noviembre, las empresas de armas pidieron a un juez federal de Boston que desestimara la demanda. Las empresas —Smith & Wesson, Glock, Ruger y otras— se presentaron como los buenos, invocando los estereotipos de México como un lugar sin ley.
“En el fondo, este caso implica un choque de valores nacionales”, escribieron sus abogados. Describieron la demanda de México como una amenaza a “las libertades constitucionales de Estados Unidos”.
Marcela Celorio, cónsul general de México en Los Ángeles, dijo que esta demanda no tiene nada que ver con la Segunda Enmienda. “Esto es contra las compañías de armas”, me dijo. “Queremos que los tribunales federales los hagan responsables de todas estas prácticas comerciales negligentes que han facilitado activamente el tráfico ilegal de sus armas a México”.
México reclama miles de millones de dólares en concepto de daños y perjuicios y exige a los fabricantes de armas que adopten nuevas prácticas de venta y comercialización, incluida la tecnología de armas inteligentes para evitar el uso no autorizado y estrategias contra el tráfico, como la ocultación de los números de serie, la prohibición de la venta simultánea de múltiples armas de asalto y la suspensión del suministro a los distribuidores conocidos por inundar el mercado mexicano. Todas estas ideas pudieran llevarse a cabo fácilmente.
La denuncia describe con enfermizo detalle las armas que atraen a los carteles de la droga: pistolas como “El Jefe” de Colt y el rifle de francotirador de calibre .50 de Barrett, comercializado como “probado en combate”, usado para derribar helicópteros y penetrar en vehículos blindados en México.
La demanda de México de armas estadounidenses
Un estudio de la Universidad de San Diego descubrió que el 47% de los vendedores de armas con licencia en Estados Unidos quebraría sin la demanda mexicana de armas traficadas. David Shirk, coautor del estudio, dijo que la demanda de México pudiera ser un punto de inflexión porque se produce en medio de otras demandas, incluidas las de las familias de los niños muertos en el tiroteo masivo en la Sandy Hook Elementary School.
La demanda, dijo, podría hacer que los fabricantes de armas “se replanteen lo que hacen y traten de limitar la disponibilidad de su producto para un uso indebido”.
La mayor parte del aumento de distribuidores de armas con licencia en la última década se ha producido en los estados fronterizos. La denuncia estima que entre 342,000 y 597,000 armas de los acusados son traficadas a México anualmente.
La vida de mi prima Verónica se ha convertido en una búsqueda incesante de Diego por todo México. Un sospechoso del secuestro del adolescente publicó en 2015 una foto en Facebook de un rifle de asalto y munición con su propio nombre, y otra de dos pistolas bajo una gorra de béisbol que decía “Dope”.
La demanda de México enfrentará un camino legal desalentador. La ley federal llamada Ley de Protección del Comercio Legal de Armas protege en gran medida a los fabricantes y distribuidores de armas de la responsabilidad cuando sus productos lesionan a las personas. Pero los abogados de México argumentan que no aplica en este caso, citando un caso de la Corte Suprema que dice que la “regla por defecto para los casos de responsabilidad civil” cuando las acciones en un país causan daños en otro es que se aplica la ley del lugar donde se produce el daño.
Mientras tanto, hay medidas que las autoridades estadounidenses pueden adoptar para reducir el tráfico de armas a México. Ioan Grillo, autor de “Blood Gun Money: How America Arms Gangs and Cartels”, sostiene que la verificación universal de antecedentes —que es apoyada por el 84% de los estadounidenses— y las penas de prisión para los compradores pudieran salvar innumerables vidas. “Ni siquiera hay un esfuerzo básico para detener esto”, me dijo.
Estos fracasos muestran lo cómplices que son los estadounidenses en la tragedia de México.
Jean Guerrero es columnista de opinión de Los Angeles Times.
©2021 Los Angeles Times
