Lo que nadie dice: Cinco años de resultados demuestran que PROMESA está funcionando en Puerto Rico | Opinión

Hace cinco años, Puerto Rico se enfrentó a desafíos que excedían con creces los que enfrentaba cualquier otra jurisdicción de los EE. UU., similar a lo que experimentó el Distrito de Columbia en 1995: aumento de la deuda, mala gestión fiscal, crecimiento negativo durante la década anterior y la entonces inminente bancarrota.

Con opciones limitadas, el Congreso aprobó una legislación en 2016, la Ley de Estabilidad Económica, Administración y Supervisión de Puerto Rico (PROMESA), diseñada para abordar algunos de los peores efectos de los problemas existentes. Cinco años después, los resultados son claros: PROMESA está funcionando.

Desde 2016, Puerto Rico ha sido golpeado por dos grandes huracanes, terremotos y la pandemia, que ha impactado severamente la actividad económica y provocado el desplazamiento masivo de familias y profesionales de clase media. PROMESA ha sido fundamental para permitirle a Puerto Rico sobrellevar estas crisis posteriores.

A pesar de estos avances, algunos aún argumentan en contra de PROMESA, y han apuntado a la Junta de Supervisión Fiscal (FOMB por sus siglas en Ingles), la entidad que establece esta ley para restaurar la estabilidad fiscal y generar crecimiento económico en Puerto Rico.

El razonamiento de estos críticos está equivocado y se basa en argumentos políticos obsoletos; sobre todo, los críticos no consideran que PROMESA y el FOMB, aunque no son populares, han proporcionado a los funcionarios gubernamentales electos localmente el ímpetu para tomar las difíciles decisiones necesarias para volver a encarrilar las finanzas y la economía de la isla.

Veamos los hechos:

• En la década previa a PROMESA, la economía de Puerto Rico, medida por el PNB, estaba en declive y se había contraído un 16%. Desde entonces, la economía se ha contraído otros 8 puntos porcentuales.
• Antes de PROMESA, las reservas de efectivo del gobierno habían alcanzado un mínimo de sólo $14 millones. Después de que se finalice la reestructuración de la deuda, más de $22 mil millones permanecerán disponibles para el gobierno y sus corporaciones públicas.
• Antes de PROMESA, el gobierno no tenía reservas disponibles para desastres naturales. Ahora, habrá $1.3 mil millones en reservas de emergencia en caso de un evento importante y otros $750 millones en una línea de crédito renovable de capital de trabajo para comenzar el trabajo de recuperación inmediato como fue necesario con los huracanes Irma y María.
  
  
• En 2017, justo cuando la ley entraba en vigencia, la deuda de Puerto Rico – una combinación de la deuda del Estado Libre Asociado, agencias gubernamentales, la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico y otros – alcanzó la insostenible cifra de $70 mil millones. Desde entonces, se iniciaron negociaciones que pondrán a Puerto Rico en el camino de reducir esta deuda en más de la mitad, a alrededor de $34 mil millones.
  
  
• Las reclamaciones contra solo el Estado Libre Asociado se reducirán en más del 75 por ciento, de un máximo de $ 33 mil millones a solo $ 7 mil millones
• En 2016, el Gobierno de Puerto Rico tuvo que gastar casi 30 centavos de cada dólar que recaudó en impuestos y tarifas en el servicio de la deuda. El plan actual reduce ese número a sólo siete centavos de cada dólar recaudado por impuestos, liberando dinero extra para financiar la educación, la atención médica y otros servicios importantes.
  
  
• El gobierno y el FOMB han trabajado juntos para garantizar que las pensiones se paguen en su totalidad a través del presupuesto anual del Estado Libre Asociado, aunque prácticamente no queda nada en el sistema de pensiones.
  
  
• Las asignaciones anuales del gobierno de la Universidad de Puerto Rico aumentarán de la propuesta actual de $442 mm en el año fiscal 2023 a $500 millones anuales durante los próximos cinco años.
  
  

Estos resultados tienen un impacto real en la vida de las personas. Debemos reconocer eso.

Ahora, un Plan de Ajuste, un esfuerzo conjunto entre el FOMB y el gobierno de Puerto Rico para reestructurar la deuda de la isla mientras protege las pensiones del servicio público, está en proceso de confirmación. Tiene el potencial de seguir expandiendo estos éxitos y marcar el comienzo de una nueva era de estabilidad económica y financiera muy necesaria para la isla.

Vale la pena señalar que la FOMB, al igual que la Junta de Control de D.C., que existió desde el 1995 hasta 2001, está destinada a disolverse una vez que se logre la solvencia y se asegure la salida de la quiebra. Sin embargo, a diferencia de la Junta de Control de D.C, la FOMB es una junta de supervisión sin control real, y tal diferencia ha hecho que este proceso sea largo y polémico.

Puerto Rico continúa enfrentando enormes desafíos. Debemos reconocer que sin los esfuerzos de colaboración de todos los interesados durante los últimos cinco años, Puerto Rico indudablemente enfrentaría desafíos aún mayores de los que enfrenta hoy.

En lugar de criticar a PROMESA, debemos reconocer que la tarea en cuestión era inmensa, las fuerzas externas formidables y los resultados hasta la fecha, aunque no perfectos, han sido abrumadoramente positivos.

Vadim Nikitine es propietario y presidente de CCM Group, un holding con sede en Puerto Rico con activos en los sectores de bienes raíces comerciales y energía limpia; Pilar Ávila es líder fundadora de interDUCTUS | Renovad y el Dr. Ricardo Fernández es ex presidente de Lehman College of the City University of New York (CUNY) de 1990 a 2016.

Esta historia fue publicada originalmente el 4 de diciembre de 2021, 9:01 p. m..