Florida, a diferencia de Nueva York, preserva nuestros derechos individuales y seguridad | Opinión

Los miles de agentes policiales que se reunieron la semana pasada en solidaridad para llorar a dos de los mejores policias de Nueva York escucharon las palabras de una viuda afligida, Dominique Luzuriaga Rivera, dirigidas a su marido, el brutalmente asesinado detective de Nueva York Jason Rivera, en su funeral.

“Verte en una cama de hospital envuelto en sábanas”, dijo, “no oírte cuando te hablaba, me destrozó”.

Pero esa trágica realidad destrozó más que a Dominique Luzuriaga Rivera; rompió el contrato social que tenemos con nuestro gobierno. Como ella misma declaró: “El sistema nos sigue fallando. Ya no estamos seguros, ni siquiera los miembros del servicio”.

La razón: Los demócratas de izquierda y las élites que consienten a los criminales han perdido el contacto con el propósito del gobierno, como protector de los derechos individuales.

Muchos de nosotros podemos recitar de memoria la conmovedora expresión de los fundadores sobre ese propósito: “Sostenemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador con ciertos Derechos inalienables, que entre ellos están la Vida, la Libertad y la búsqueda de la Felicidad”.

Pero muchos también pasan por alto la afirmación que sigue:”Que para garantizar estos derechos, se instituyen Gobiernos entre los Hombres, que derivan sus justos poderes del consentimiento de los gobernados...”. (Énfasis añadido).

El consentimiento de los ciudadanos al gobierno

Ese concepto –que los ciudadanos consienten en ceder el poder al gobierno con el propósito limitado de proteger los derechos que Dios les ha otorgado– se derivó a su vez de los escritos de John Locke, el teórico y activista político inglés que insistió en que somos “por naturaleza, todos libres, iguales e independientes” y que “nadie puede ser apartado de este estado y sometido al poder político de otro, sin su propio consentimiento”.

Para Locke, la libertad se basa en los principios de la ley natural de los que se hace eco la Declaración, concretamente en que “siendo todos iguales e independientes, nadie debe perjudicar a otro en su vida, salud, libertad o posesiones...”. Por lo tanto, el objetivo del consentimiento al gobierno es “no abolir o restringir, sino preservar y ampliar la libertad. Porque en todos los estados de los seres creados con capacidad de ley, donde no hay ley” –es decir, Nueva York , Los Ángeles o San Francisco–”no hay libertad”.

En otras palabras, sin el mantenimiento de la ley y el orden –y el respeto a quienes nos defienden a todos, cómo Rivera y su compañero asesinado, Wilbert Mora– no puede haber protección de nuestros derechos inalienables. La izquierda parece no querer o no poder proteger a quienes sirve para protegernos a todos.

Pero la idea misma detrás de los esfuerzos demócratas y elitistas para “restar financiamiento” a las fuerzas policiales, y su tolerancia de la criminalidad desenfrenada se usan para promover su muy diferente noción del propósito del gobierno, no para proteger los derechos, sino el polo opuesto: perseguir la redistribución de la riqueza, el estatus y el poder a los grupos favorecidos.

Políticas que desplazan el poder

Sus políticas indulgentes en materia de delincuencia han dado lugar a un cambio generalizado de poder y autoridad, pasando de valientes y virtuosos guardianes de nuestra libertad a matones que saquean establecimientos comerciales de lujo; a turbas que hacen que Walgreens y CVS cierren sus puertas en San Francisco; a terroristas urbanos que se amotinan, asaltan e incendian edificios federales y comisarías de policía o conducen coches contra multitudes que desfilan; y a perdedores con múltiples condenas, como el asesino de Rivera y Mora.

Locke y los fundadores de esta gran nación estarían horrorizados por las políticas izquierdistas, pero orgullosos del compromiso de proteger los derechos y libertades inalienables que se muestra aquí en la Florida. En su discurso sobre la Situación del Estado, el gobernador Ron DeSantis prometió: “No permitiremos que se quité financiamiento a las fuerzas del orden, que se elimine la fianza, que se libere prematuramente a los criminales de la cárcel o que los fiscales ignoren la ley”.

Y, al dar a conocer su bien llamado “Presupuesto de la Libertad Primero”, nuestro jefe del ejecutivo señaló que “apoya a los socorristas... que protegen nuestra libertad” a través de aumentos salariales, bonos de contratación, exámenes gratuitos y gastos de capacitación para los oficiales de la ley que se reubican en el Estado del Sol, y una beca de la Academia de Aplicación de la Ley.

Mientras tanto, el alcalde de Miami, Francis Suárez, ha hecho de la lucha contra la reducción de financiación un eje de su estrategia para hacer de su ciudad “la capital de las capitales”, presumiendo de que “tenemos la mayor cantidad de policías que hemos tenido nunca, lo cual nos ha permitido reducir la delincuencia en un 25%” y lograr “la tasa de homicidios más baja desde 1954”.

La sólida posición del gobernador en las encuestas y la reciente reelección de Suárez con casi el 80% de los votos subrayan el hecho de que los floridanos nunca consentirán un destrozo del contrato social que protege la vida, la propiedad y los derechos individuales al estilo de San Francisco o Nueva York. No dejaremos que el sistema nos falle aquí en la Florida.

Edward J. Pozzuoli es el presidente del despacho de abogados Tripp Scott, con sede en Fort Lauderdale.