¿Qué está haciendo subir el precio de la gasolina? Y por qué la Casa Blanca no ayuda | Opinión
Cuando un presentador de noticias confrontó a la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, por los altos precios de la gasolina y le preguntó por el plan de la administración de Biden para aumentar la producción de petróleo en Estados Unidos, se echó a reír.
“Eso es divertidísimo”, dijo.
Era principios de noviembre de 2021, y los precios de la gasolina alcanzaban un promedio de $3.39 a nivel nacional. El periodista no se rio. Y ahora, con un precio promedio muy por encima de los $4 y que sigue subiendo, nadie más se ríe.
Los estadounidenses sienten la presión cada vez que rellenan sus tanques, por supuesto, pero no se queda ahí. Si pensamos en todas las actividades, bienes y servicios que dependen del transporte, empezamos a ver cómo el aumento de los precios de la gasolina incrementa los costos en toda la economía.
¿Qué está pasando?, se preguntan muchos ¿Y qué se puede hacer?
El precio del petróleo crudo representa aproximadamente la mitad del precio de un galón de gasolina, seguido de los costos de refinación, la distribución y los impuestos estatales y locales. El desglose de cada uno de ellos muestra en qué medida las decisiones políticas influyen en el precio de la gasolina.
Empecemos por el último factor, el más sencillo.
Los impuestos estatales y locales, que suelen usarse para financiar las infraestructuras de transporte, explican algunas diferencias significativas entre el precio de la gasolina en los distintos estados. Mientras que los impuestos y tasas de Nevada suponen un promedio de 20 centavos por galón, los de la vecina California alcanzan los 50 centavos o más, debido a las políticas climáticas punitivas del estado, diseñadas para disuadir a la gente de conducir.
La distribución –la entrega de la gasolina al cliente–contribuye de forma relativamente estable al precio del galón. Pero incluso aquí, la política importa.
Por ejemplo, la ley federal restringe severamente los barcos disponibles para entregar energía en el país, lo que en realidad hace que para algunos estados sea más barato importar combustible de Rusia que de Texas. Esto es especialmente cierto para los estados costeros con capacidad limitada de oleoductos (otra decisión política).
Luego está el refinado, el proceso que convierte el petróleo en combustible utilizable. Los precios aumentan cada verano, cuando la EPA exige a las refinerías que cambien a mezclas de gasolina más caras para cumplir las normas de la Ley de Aire Limpio. Algunos estados también obligan a las refinerías a fabricar mezclas de gasolina boutique, lo que obliga a los clientes a pagar una prima ecológica. Los gastos de las refinerías también han aumentado, ya que los costos para cumplir con el mandato de combustibles renovables de la EPA están en máximos históricos.
Además, está el petróleo crudo, que proporciona el 90% de las necesidades de combustible para el transporte de los estadounidenses. Los precios de la gasolina tienden a seguir de cerca al precio del crudo y, en igualdad de condiciones, los estadounidenses ven un aumento de 2.4 centavos por galón cada vez que el precio del barril de crudo aumenta en un dólar.
Dado que el petróleo es un producto comercializado a nivel mundial, Estados Unidos no puede fijar su precio. Pero la producción nacional –y las políticas que permiten o impiden que eso ocurra– sí pueden influir en él.
El mundo experimenta ahora precios del crudo muy por encima de los $100 el barril, precios que no se veían desde 2014. La mejor manera de reducir los precios del petróleo –y, dado el contexto actual, diluir la influencia de Rusia en los mercados energéticos– es aumentar la oferta. Sin embargo, el presidente Joe Biden no está dispuesto a realizar los cambios políticos que permitirían que esto ocurra.
Biden sigue insistiendo en que la solución no es usar todos los recursos energéticos que tenemos, sino forzar una transición hacia un conjunto reducido de tecnologías políticamente preferidas. Así, mientras pide a las empresas petroleras estadounidenses aumentos de producción a corto plazo para sacarle de apuros políticos, Biden ha dejado claro que pretende dejarlas fuera del negocio a largo plazo.
Para ello, la agenda reguladora de la administración pretende ahogar el suministro de energía. Incluso ahora, con los estadounidenses luchando, quieren hacer más cara y difícil la exploración y producción de petróleo, la construcción y explotación de oleoductos y el acceso a la financiación y la inversión. Y eso significa que tienen que manipular la demanda de los clientes desalentando el uso de la gasolina a largo plazo.
La única razón por la que las familias y las empresas estadounidenses no están sufriendo más de lo que ya sufren es porque la producción de energía se realiza principalmente en tierras estatales y privadas, lo que la pone un poco más fuera del alcance de la agenda antienergética de Biden. Por ahora.
En el mismo mes de la desastrosa entrevista de Granholm, a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, se le preguntó si las políticas de la administración habían contribuido a los precios de la gasolina, a lo que respondió con sorprendente honestidad: “El aumento de los precios de la gasolina a largo plazo refuerza aún más la necesidad de redoblar nuestra inversión y nuestra atención a las opciones de energía limpia”.
En otras palabras: Los precios elevados son una característica, no un defecto, de las políticas de esta administración.
Katie Tubb es analista principal de política energética y medioambiental en el Instituto Roe de Estudios de Política Económica de la Heritage Foundation.
©2022 Agencia de Contenidos Tribune
Esta historia fue publicada originalmente el 19 de marzo de 2022, 0:17 p. m..