KATHERINE FERNÁNDEZ-RUNDLE y ROBERTO MARTÍNEZ: La corte del condado, una solución a un problema ineludible
Este noviembre, los residentes de Miami-Dade tendrán la oportunidad de dar un paso importante para construir un nuevo tribunal. Pero la pregunta para los votantes, en busca de la aprobación para la emisión de bonos de obligación general para construir un edificio para el tribunal es más que solo sobre un edificio: tiene que ver con dar a los residentes de Miami-Dade acceso al sistema de justicia civil.
El Tribunal del Condado Miami-Dade, conocido por algunos como Cielito Lindo, en 73 West Flagler Street, ha servido con orgullo a nuestra comunidad por cerca de 90 años. Cuando se construyó, cuando solo había 7 jueces en todo Miami-Dade, el tribunal era el edificio más alto al sur de Baltimore y motivo de orgullo para todos los ciudadanos. En el 2014, hay 41 jueces trabajando en este edificio con solo 23 salas. Hoy, el edificio, antes orgullosamente histórico, se está derrumbando y está en una condición peligrosa.
En enero del 2014, un estudio de ingeniería reveló que 132 de las 144 columnas de apoyo del piso inferior están muy corroídas, algunas rodeadas por charcos. Los ingenieros recomendaron urgentes reparaciones estructurales para mantener el edificio en uso. Las bombas funcionan a toda hora drenando el agua del sótano. Las paredes exteriores y el techo tienen goteras, y los equipos de aire acondicionado están obsoletos. La constante entrada de agua ha causado problemas graves en las estructuras interiores, creando goteras en todo el edificio y haciendo que aparezca moho, lo cual crea posibles problemas de salud para jueces, jurados y empleados del tribunal.
El agua en el sótano también ha creado un posible riesgo en el sistema eléctrico, que es antiguo y debe apoyar las operaciones de un sistema judicial moderno.
El sistema de tuberías necesita reparaciones. Solo 7 de los 22 pisos operativos tienen baños públicos. Frecuentemente, uno o más de esos baños están cerrados.
Muchas unidades de aire acondicionado se instalaron en la década de 1950 y se rompen con frecuencia. Las reparaciones son costosas debido a la antigüedad de las unidades. Las unidades en dos pisos se reemplazaron recientemente a un costo de $2.1 millones, y hubo que cerrar tres salas por más de un año.
Al paso del tiempo, cuatro pisos y medio del edificio han tenido que ser cerrados debido a problemas ambientales y estructurales, lo que obligó a reubicar operaciones y personal del tribunal.
Debe ser obvio que nadie debería trabajar en un edificio con estas condiciones de riesgo. Pero lo peor es que el público debe usar este edificio para tener acceso al sistema de justicia civil.
El tribunal civil no es solo la sede donde los residentes de Miami-Dade tienen acceso al sistema de justicia civil: es también el edificio donde van miles de personas llamadas a servir como jurados cada año.
El condado Miami-Dade no puede seguir ignorando estas penosas condiciones. Ignorarlas solo empeorará las cosas, y negará a nuestros residentes acceso al sistema judicial que merecen. Un nuevo tribunal serviría a nuestra comunidad por muchas generaciones, lograría ahorros de costos operativos para los contribuyentes, y daría un gran servicio a los residentes de Miami-Dade en un ambiente seguro.
Los residentes del condado Miami-Dade tendrán la oportunidad en noviembre de resolver este problema que ya no se puede ignorar. Una votación para aprobar la emisión de los bonos de obligación general para construir un nuevo tribunal civil demostrará que el condado Miami-Dade sigue apoyando la piedra angular de la democracia y la justicia.
Katherine Fernández-Rundle es fiscal estatal de Miami-Dade.
Roberto Martínez es ex fiscal federal del Distrito Sur de la Florida.
Esta historia fue publicada originalmente el 8 de octubre de 2014, 3:00 p. m. with the headline "KATHERINE FERNÁNDEZ-RUNDLE y ROBERTO MARTÍNEZ: La corte del condado, una solución a un problema ineludible."