Los republicanos pueden frenar el despilfarro multimillonario de los demócratas | Opinión
El gasto público lleva años fuera de control. Pero, en diciembre, el Congreso tendrá una oportunidad de oro para frenar la marea de despilfarro. Que eso ocurra depende enteramente de los republicanos del Senado.
Los demócratas del Congreso han llevado a cabo un gasto sin precedentes desde que el presidente Joe Biden llegó a la Casa Blanca. Esto ha alimentado una inflación paralizante, que le ha costado al trabajador promedio estadounidense $3,000 de poder adquisitivo y ha añadido más de $3 billones a la deuda nacional.
Pero hay una manera de que los senadores frenen parte de este gasto irresponsable y empiecen a encarrilar la economía. Y es que el gasto multimillonario de Biden —incluyendo el abultado Plan de Rescate Americano y la engañosamente llamada Ley de Reducción de la Inflación— viola las normas presupuestarias establecidas hace más de una década para evitar este tipo de abusos.
La ley “Pay-As-You-Go” de 2010 (PAYGO) exige que todo nuevo gasto que aumente el déficit federal se compense con recortes de gastos en otros ámbitos. Si el Congreso no aprueba las reducciones de gasto necesarias antes de final de año, el presidente está obligado a realizar los recortes.
En resumen: La ley obliga al Congreso —o al presidente— a recortar más de $130,000 millones este año. En comparación con los $6 billones de gasto deficitario que han impulsado en el último año y medio, es una cantidad relativamente pequeña. Pero sería un paso importante en la dirección correcta y una señal de que el despilfarro de gasto ya no se considerará “la normalidad”.
Por supuesto, ni Biden ni la mayoría liberal del Congreso quieren nada de esto. Preferirían renunciar a las normas del PAYGO y seguir gastando a lo loco, como hicieron el año pasado.
Pero renunciar al requisito legal de PAYGO para recortar el gasto requiere que el Congreso apruebe una nueva ley. Eso no supone ningún obstáculo en la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, pero para pasar por el Senado, dividido en partes iguales, varios republicanos tendrían que unirse a los demócratas para superar el umbral necesario de 60 votos.
¿Cuáles serían las consecuencias si los republicanos del Senado ayudaran a Biden a renunciar a las obligaciones de PAYGO? El gasto público sería más de $100,000 millones superior a lo que exige la ley actual. Eso significaría mayores déficits financiados con dinero impreso por la Reserva Federal, lo que se traduciría en una inflación aún mayor, con precios más altos de la gasolina, los comestibles y otras necesidades para las familias estadounidenses que ya tienen dificultades.
Los legisladores no pueden permitir que esto ocurra. Los recortes del gasto son más necesarios que nunca.
El Congreso tiene dos opciones: No hacer nada, obligando así a Biden a hacer los recortes específicos prescritos por el PAYGO, o pueden aprobar una legislación bipartidista que especifique un conjunto diferente de recortes de gastos por un total de $130,000 millones. Y los detalles son importantes.
El PAYGO no obligaría al presidente a hacer recortes “generalizados”. La ley exime explícitamente a muchos programas populares: La Seguridad Social, el gasto militar, los programas para veteranos, la asistencia social y otros. Solo un 2% del presupuesto de $5.9 billones está sujeto a recortes presidenciales en virtud de la ley PAYGO.
Biden podría sacar a relucir la vieja táctica del miedo, según la cual el PAYGO le obligaría a recortar las prestaciones de Medicare de los ancianos. Eso tampoco es exacto. Cualquier reducción de los pagos a los proveedores se limitaría a un máximo del 4% de los $923,000 millones de gasto previsto para Medicare este año. El Servicio de Investigación del Congreso, que no es partidista, afirma que los beneficiarios de Medicare “verían pocos impactos directos” como resultado de los pagos ligeramente menores a los proveedores y planes.
Si al presidente no le gustan los recortes específicos que el PAYGO le obliga a hacer, Biden siempre puede pedir al Congreso que los sustituya por otros recortes y reformas específicas.
Un buen punto de partida sería reducir la bonanza de $80,000 millones del IRS, que casi duplicará el número de agentes del IRS y someterá a más pequeñas empresas a auditorías. Otro programa listo para ser recortado es el rescate de los préstamos estudiantiles, que costará a los contribuyentes hasta $1 billón.
Washington ha burlado durante demasiado tiempo las normas presupuestarias destinadas a controlar el gasto deficitario. Ahora el excesivo gasto público ha llevado a la economía estadounidense a la estanflación.
Las normas legales del PAYGO son la ley del país. Los republicanos del Senado deben asegurarse de que el Congreso y el presidente las usen para realizar recortes de gasto responsables y empezar a reconducir la economía.
Matthew Dickerson es el director del Centro Hermann para el Presupuesto Federal de The Heritage Foundation.
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