Un catedrático de Harvard se pregunta si está de vuelta en Cuba | Opinión
He estado tratando de hacer sentido de las exigencias de la administración de Donald Trump hacia Harvard, donde he enseñado durante más de diez años.
La universidad de la que hablan los funcionarios del gobierno no es la que yo conozco. La Harvard que yo conozco es una institución obsesionada con la excelencia en la producción de conocimientos, un lugar donde personas que están en la cúspide de sus disciplinas y profesiones vienen a desarrollar nuevas agendas de investigación, construir campos de saber y trabajar con algunos de los estudiantes más brillantes del planeta.
Nuestros departamentos son comunidades intelectuales multinacionales, pobladas por personas de orígenes, culturas, trayectorias e inclinaciones ideológicas muy diversas.
Harvard no es perfecta, desde luego, pero ha cumplido su misión con gran distinción. Ocupa los primeros lugares en casi todos los rankings universitarios del mundo y simboliza el liderazgo estadounidense en la ciencia y la academia a nivel mundial.
La excelencia del sistema estadounidense de educación superior se basa en un principio fundamental: la libertad. La producción de conocimientos avanzados solo puede ocurrir cuando las universidades son libres para explorar preguntas incómodas, hipótesis improbables y agendas visionarias.
Y aunque la enseñanza y la investigación producen verdades consagradas que se vuelven difíciles de impugnar, su santidad nunca está garantizada.
Sé algo sobre esto, porque cuando era joven dejé mi Cuba natal buscando autonomía para desarrollar mis inquietudes intelectuales.
Como cualquier otro inmigrante en los Estados Unidos, buscaba una vida mejor, pero en mi caso eso significaba, sobre todo, una vida intelectual.
Quería leer, escribir, investigar, enseñar y aprender en libertad. Quería leer libros prohibidos y aprender de autores proscritos. Quería hacerlo sin los temores que frecuentemente sentí cuando era un profesor joven en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.
El conocimiento y la exploración son las primeras víctimas del miedo, ya que el profesorado evita instintivamente abordar temas problemáticos en sus clases y escritos. Mejor ir a lo seguro y mantenerse en caminos trillados. Mejor evitar el escrutinio de los oficiales de la seguridad del Estado, quienes aprobaban cada contratación y vigilaban cualquier forma de disidencia.
Todos sabían que había informantes entre el profesorado y el estudiantado. Además, había purgas periódicas en las que se identificaba y castigaba tanto a profesores como a estudiantes que no cumplían con las normas. La universidad, un lema oficial aún proclama, “es para los revolucionarios”.
Ese tipo de intromisión estatal es la sentencia de muerte para cualquier sistema universitario: la excelencia académica no es compatible con verdades y narrativas oficiales. La vigilancia es la antítesis de la investigación; es un camino cierto y seguro hacia la mediocridad.
Basta con mirar a la academia cubana, que se ha hundido en un abismo de irrelevancia. La Universidad de La Habana, que alguna vez fue una institución respetada y vibrante, ni siquiera figura entre las 200 mejores del índice de “calidad investigativa” del Times Higher Education entre sus pares de América Latina.
A estas alturas espero que los lectores comprendan por qué encuentro profundamente perturbadoras las exigencias de la administración Trump hacia Harvard.
En resumen, la propuesta consiste en poner a Harvard bajo la supervisión del gobierno. Funcionarios federales, o terceros aprobados por ellos, tendrían la última palabra en todas las contrataciones y admisiones. Estudiantes, profesores y personal administrativo serían “auditados” por un actor externo aprobado por el gobierno federal, supuestamente para conseguir “diversidad de puntos de vista”. Los estudiantes internacionales también serían investigados.
Todos los departamentos y programas deben lograr “diversidad de puntos de vista” mediante la “contratación de una masa crítica de nuevos profesores” con inclinaciones ideológicas apropiadas, nuevamente bajo la supervisión de funcionarios federales. Se ordena a la universidad que logre la “diversidad de puntos de vista”, pero al mismo tiempo se le exige “cerrar de inmediato todos los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI)”.
Sentí un déjà vu al leer la carta de la administración. Y es una sensación que conjuga con el horror. ¿Quién y cómo auditaría al profesorado y al estudiantado para establecer sus “puntos de vista”? ¿Cómo lograr “diversidad” en esa área sin establecer primero los puntos de vista del profesorado y del estudiantado actuales? ¿Se pedirá a las personas que informen sus preferencias ideológicas? ¿Llevará eso a los mea culpa de corte estalinista de los que alguna vez huí? ¿La exigencia de establecer “procedimientos mediante los cuales cualquier afiliado a Harvard pueda reportar el incumplimiento de las reformas” resultaría en la misma cultura de delación que existía en la Universidad de La Habana?
El gobierno federal debe mantenerse fuera de la vida de Harvard y de cualquiera de nuestras grandes universidades. No debe utilizar el tesoro público para saldar cuentas políticas, como hacen las autoridades cubanas. Su tarea principal es proteger las libertades que sirven de base a la excelencia de la educación superior americana.
Por eso sentí alivio cuando, en su respuesta, el presidente de Harvard, Alan Garber, defendió los principios que defiendo en esta columna. Resulta que, a pesar de todo, no estoy de vuelta en Cuba.
Alejandro de la Fuente es catedrático de historia y de estudios africanos y afroamericanos de la Universidad de Harvard.
