Miami-Dade: un gigante económico sostenido por inmigrantes con salarios mínimos | Opinión
Miami-Dade genera más riqueza que cualquier otro condado en Florida, con un producto interno bruto que supera los $200 mil millones. Pero detrás de esa prosperidad hay una realidad que pocos reconocen: quienes sostienen esa economía —la mayoría inmigrantes latinos— no ganan lo suficiente para vivir dignamente.
Legal o indocumentados, casi siete de cada 10 residentes del condado son latinos, la mayoría nacidos fuera de Estados Unidos. Son las manos que mantienen en marcha los hoteles, restaurantes, construcción y el comercio. Sin ellos, la Ciudad del Sol se detendría.
Muchos llegaron con la esperanza de una vida mejor, huyendo de dictaduras, crisis económicas o violencia en países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Haití o Colombia. Hoy, su trabajo impulsa sectores clave como el turismo, uno de los pilares de la economía local.
Pero el crecimiento no es para todos. Acuerdo a ALICE Report de la United Way, que cuantifica y describe el número de hogares que tienen dificultades financieras en Miami-Dade, Latinos enfrentan salarios que no alcanzan para cubrir lo básico. Más de la mitad de los hogares con empleos se encuentra en la categoría. ingresos limitados que no son lo suficiente para cubrir las necesidades básicas.
El salario mínimo en Florida, de $13 por hora (menos de $30,000 al año), está lejos del costo real de vida en una de las zonas más caras del país. A diferencia de ciudades como Nueva York o San Francisco, donde los gobiernos locales pueden subir el salario mínimo, en Florida esa posibilidad está bloqueada por ley. Desde 2003, una norma firmada por el entonces gobernador Jeb Bush prohíbe que condados como Miami-Dade ajusten los sueldos a las condiciones económicas locales.
Aunque no todos ganan el salario mínimo, el ingreso medio de los hogares no llega a los $70,000 anuales, insuficiente para una vida digna en el sur de Florida. Muchos recurren a trabajos adicionales o a largas jornadas para compensar el costo de vida.
La crisis de vivienda en Miami-Dade agrava el problema. El déficit de más de 90,000 viviendas asequibles obliga a miles a vivir en condiciones precarias o a destinar la mitad de sus ingresos al alquiler.
Para muchos migrantes, esto implica compartir vivienda con desconocidos, aceptar condiciones insalubres o mudarse con frecuencia. Otros se ven forzados a mudarse hacia zonas más alejadas, como Homestead o Broward, lo que aumenta el tiempo de transporte y afecta su calidad de vida.
Lejos de ser una carga, como insisten algunos discursos políticos, los inmigrantes latinos han sido pieza clave en el crecimiento económico de Miami-Dade durante décadas.
Incluso los inmigrantes indocumentados en Florida aportaron “$1.8 mil millones” en “impuestos estatales y locales” en 2022, según datos publicados por el Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP).
Mientras tanto, desde Washington D.C., llega la aprobación de la llamada “ley grande y bella” de la administración Trump, una propuesta que promete impulsar la economía nacional.
Pero en comunidades como Hialeah, La Pequeña Habana o Homestead, crece el temor de que los recortes a programas como SNAP, Medicare y Medicaid —de los cuales dependen miles de residentes— profundicen aún más la desigualdad.
La brecha en Miami-Dade no es solo económica; impacta también en la salud y la educación. No se trata únicamente de métricas o presupuestos. Se trata de dignidad.
Para que el condado siga creciendo, debe incluir a todos. Eso implica políticas que eleven los salarios, impulsen la vivienda asequible y protejan a quienes hacen posible esta prosperidad.
Porque el éxito de un lugar no se mide solo en cifras macroeconómicas, sino en las oportunidades que ofrece a su gente. Especialmente a quienes, desde el margen, han sostenido con su trabajo el motor económico del sur de Florida.
Yvette Franco es una periodista y comunicadora en Miami especializada en negocios y la economía.
